TRANSICIÓN SIN NUCLEAR

El cierre nuclear: la historia de nunca acabar

La posibilidad de que se prolongue la vida de las centrales nucleares en España es planteada por el experto en energía y director general de AVAESEN, Pedro Fresco, como "la detonación de la política energética del país". Este proyecto, apoyado en un "régimen fiscal a la carta" no tendría sentido pues "no hay demanda que lo justifique" ni tampoco ayudaría a controlar la tensión de la red eléctrica frente a futuros apagones.

Pedro Fresco 3 de noviembre de 2025

Trabajos de demolición de la central nuclear José Cabrera. | Consejo de Seguridad Nuclear

El destino de las centrales nucleares españolas se asemeja a uno de estos culebrones venezolanos de infinitas temporadas que no se acaban nunca. La memoria social es corta, pero en España estuvimos durante toda la década de 2010 a la gresca con este tema, con empresas propietarias diciendo que las centrales nucleares daban pérdidas, con el cierre unilateral de Garoña frente a la opinión del Gobierno de entonces e incluso una temporada entera donde parecía que se cerraba Almaraz, allá por 2018.

A principio de 2019 parecía que el culebrón llegaba a su fin. Las empresas propietarias y el Gobierno acordaron un cierre ordenado de las centrales en los siguientes dieciséis años, donde se alcanzó el consenso de que las centrales funcionarían hasta los 45-46 años, término medio entre las empresas que querían cerrar a los cuarenta años y aquella que quería hacerlo a los cincuenta. Información de interés: en ese momento el precio del gas natural era 15 €/MWh y la expectativa de mercado eléctrico 45 €/MWh, insuficiente para la viabilidad de las centrales.

"La certificación del pacto de cierre de las centrales nucleares fue una de las bases que edificó la política energética de España"

La certificación del pacto de cierre fue una de las bases que edificó la política energética de España. El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) consolidó el pacto y se mandó un mensaje a todos los inversores internacionales de que España, además de querer electrificar con renovables y sustituir la generación térmica, iba a necesitar en los siguientes dieciséis años alrededor de 55 TWh adicionales de generación renovable para sustituir la producción nuclear. Decenas de miles de millones de euros han llegado a España atraídos por esa política y confiando en la estrategia energética del país.

Las nucleares quieren prolongarse

Hoy, quienes querían cerrar todas las nucleares a los cuarenta años —los mismos que después pactaron el cierre nuclear— pretenden desdecirse y extender tres años Almaraz I y dos años Almaraz II. Pero hay condiciones: Una, explicitada sibilinamente en la nota de prensa donde se hizo pública la solicitud, que el Consejo de Seguridad Nuclear no les obligue a invertir más dinero en las centrales. La segunda, no explicitada pero exigida permanentemente en declaraciones públicas, la reducción de la fiscalidad a las nucleares. Es decir, un régimen fiscal a la carta y que no haya que invertir nada.

¿Qué ha cambiado? El gas está a 30 €/MWh y la expectativa de mercado eléctrico casi a 60 €/MWh para lo que queda de década. El caso económico a corto plazo, con ese empujón fiscal y si no hay coste de inversión, parece haber cambiado. Y es legítimo que las empresas lo expresen o lo soliciten si lo creen conveniente. Lo que no tiene sentido es detonar la política energética del país y la señal que se le ha mandado a todos los inversores internacionales por una política oportunista y de corto plazo.

"Un segundo incumplimiento de nuestra política energética en menos de quince años marcaría a España como un país no fiable en sus compromisos"

Creo que no somos conscientes de lo que supondría deshacer el acuerdo de cierre nuclear en un país como España, que todavía arrastra desconfianza y laudos arbitrales continuos por las decisiones que se tomaron hace trece años sobre las primas a las renovables. Un segundo incumplimiento de nuestra política energética declarada en menos de quince años marcaría a nuestro país como un Estado no fiable en sus compromisos y con un riesgo regulatorio evidente respecto a las inversiones energéticas futuras.

Déjenme que ponga números a esto. España tiene en este momento más de 30.000 MW renovables con autorización de construcción y unos 5.000 MW de proyectos de almacenamiento en baterías en tramitación. Probablemente no se construirán todos, pero si mañana el Gobierno de España reabre el melón nuclear seguramente no se construirá prácticamente nada. Deshacer el pacto nuclear destruiría la previsibilidad de nuestra política energética, paralizaría la inversión y dejaría morir miles de proyectos que han estado muchos años en tramitación, tirando a la basura grandes esfuerzos y llevando a la ruina a cientos de empresas.

Por qué no tiene sentido alargar la vida de las centrales nucleares

¿Vale la pena? La respuesta es, claramente, no. Con una simple hipótesis verán por qué: Imaginen que el año que viene el precio del gas se reduce y vuelve al entorno de los 20 €/MWh, que es donde tradicionalmente ha estado. La expectativa de mercado volvería a los 45 €/MWh previos al pacto nuclear —o incluso menos— y las propias compañías no querrían operar en esas condiciones por mucho régimen fiscal a la carta que consigan. Volveríamos a un escenario donde las centrales querrían cerrar, con el agravante de haber autoboicoteado nuestra política energética y nuestro pipeline de proyectos voluntariamente.

"Fiar la política energética del país a la tecnología nuclear en las circunstancias actuales convertiría a España en su rehén"

Quiero señalar también lo terriblemente problemático que es ofrecer un régimen fiscal a la carta a una tecnología como la nuclear. No estamos hablando de una tecnología cualquiera que, dentro de un mercado liberalizado, puede promover cualquier empresa. Es una tecnología circunscrita a los siete reactores que existen actualmente, ya que es económicamente inviable hacer nuevos reactores fuera de una subvención extrema. Son reactores propiedad de unas pocas compañías dominantes que tienen poder de mercado y que proveen un 20% de la electricidad del país. Fiar la política energética del país a esta tecnología en estas circunstancias convertiría a España en su rehén. ¿Qué pasaría si en 2030 ya no les vale la bajada de impuestos? ¿Los subvencionamos? ¿Les pagamos 85 €/MWh como en Bélgica, dándoles un préstamo público para que puedan invertir en la modernización de las centrales y eliminamos cualquier riesgo financiero a costa del erario? Creo que no hace falta explicar lo problemático que es el escenario que abriríamos y el agravio comparativo a las que se sometería al resto de tecnologías.

Para reabrir el pacto de cierre nuclear deberían darse circunstancias excepcionales que no se dan en este momento. El PNIEC proyectaba un aumento de demanda de prácticamente 80 TWh entre 2019 y 2030. En 2025 cerraremos con una demanda incluso inferior a la de 2019, es decir, tenemos una demanda muy inferior a la proyectada. En cambio, desde 2019 hemos instalado renovables que son capaces de generar unos 72 TWh anuales, solo algo inferior a la previsión del PNIEC. No tiene sentido mantener generación que estaba prevista eliminar cuando no hay demanda que lo justifique.

Esta energía tampoco es la respuesta frente a un apagón

Tampoco hay razones técnicas para ello. Se dice ahora que el mantenimiento de las nucleares ayudaría a controlar la tensión, sin embargo, las oscilaciones de tensión registradas la última semana de septiembre se produjeron con los dos reactores de Almaraz en funcionamiento y, recientemente, las centrales convencionales han declarado que no pueden cumplir la consigna de control de tensión más del 75% del tiempo. Es más, la propia Aelec ha reconocido que las nucleares no están preparadas para el control dinámico de tensión. Los hechos acaban tozudamente desembocando en una realidad que cualquiera que no esté empeñado en mantener un sistema eléctrico del siglo XX conoce: Que son las renovables, distribuidas por el territorio a centenares, quienes mejor pueden hacer un control efectivo de la tensión y que los compensadores síncronos (uno ya encargado para el nudo Almaraz, por cierto) ofrecerán la inercia y el control de tensión adicional necesario.

"Son las renovables, distribuidas por el territorio a centenares, quienes mejor pueden hacer un control efectivo de la tensión"

Puede llegar un momento en que haya que posponer el cierre de alguna central nuclear, por un aumento súbito de demanda, por cuestiones de seguridad de suministro o por otras razones, pero ahora no hay motivo alguno para hacerlo. Deshacer el pacto de cierre dinamitaría nuestra política energética, paralizaría la inversión en renovables y nos convertiría nuevamente en un país no fiable a ojos de los inversores internacionales. Si caemos ahí, en 2030 nos encontraremos con cuatro centrales para cerrar el mismo año, saltando por los aires cualquier criterio de cierre escalonado y progresivo. El Gobierno se encontrará entre la espada y la pared, y volveremos a presenciar un nuevo culebrón sobre la necesidad de subvencionarlas a costa del bolsillo del consumidor. La política energética de un país no puede estar sometida a estas tensiones permanentes.

Acabemos ya con este drama con guion del siglo pasado y sus tramas previsibles. Confiemos la política energética del país a una nueva generación de tecnologías más nuevas, más rápidas, más limpias, más baratas y mucho más distribuidas entre actores. El país lo agradecerá y el debate público, también.

Pedro Fresco

Especialista en regulación y transición energética. Ex director general de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana (España).

Licenciado en Química por la Universidad de València. Profesor-colaborador en el máster en Energías Renovables de la Universidad Internacional de València (VIU). Autor de 'El futuro de la Energía en 100 preguntas' (2018), 'El Nuevo Orden Verde' (2020) y 'Energy Fakes' (2024). Director general de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN).

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Energía e industria, Energía e industria, energía nuclear, Renovables, impuestos, España, Bélgica, Inversión extranjera, Apagón ibérico

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