Comunicación gubernamental y el espejismo de la despolitización

Uno de los fenómenos más sorprendentes en el estudio del discurso político actual es el énfasis con el que nuestros representantes repiten que sus decisiones y propuestas no obedecen a criterios ideológicos ni políticos. "No vamos a tomar una decisión por motivos ideológicos", afirmaba Rodríguez Zapatero en una entrevista de 2009 sobre el cierre de la central nuclear de Garoña. "Es esencial despolitizar la sanidad", decía el conseller valenciano Marciano Gómez en 2023. "Ahora más que nunca hay que despolitizar la educación", señalaba el consejero andaluz Javier Imbroda, en 2021, sobre la propuesta del pin parental. También Isabel Díaz Ayuso declaraba en 2024 que un objetivo de su ley autonómica de universidades era "combatir los excesos ideológicos" de la LOSU (pues señalar al oponente político como "ideologizado" funciona como acusación).

Uno se pregunta a qué llaman "despolitizar" unas personas cuya gran mayoría ha desarrollado su vida laboral a partir de su pertenencia a un partido; y resulta chocante el empeño de algunas de ellas en arrancar la política, como si fuera una especie de toxina contagiosa, de sus acciones profesionales. ¿Alguien se imagina a una médica, a un mecánico, a una repartidora, a un economista... presumiendo de que sus decisiones laborales no responden a los criterios de su profesión?

Sin duda, defender que el dinero público privilegie inversiones en energías renovables o contaminantes, eliminar o afianzar los contratos de personal sanitario creados durante una pandemia, aceptar que los padres condicionen la asistencia de sus hijos a ciertas actividades educativas escolares, determinar los mecanismos de acceso a la universidad pública... todo ello son decisiones políticas. Y quienes las toman pretendiendo motivaciones de otro tipo y negando que sean opciones político-ideológicas, son, curiosamente, personas elegidas para sus cargos por la naturaleza política de sus propuestas y sus ideas. Qué enorme paradoja.

"La que a veces se llama 'comunicación institucional' o 'promoción institucional' termina convirtiéndose en ocasiones en un acto notablemente político, cuando no claramente partidista"

Para completar el panorama, comprobamos que a este discurso de rechazo de lo político se suma la innegable politización indirecta de otro tipo de discursos. Por ejemplo, la que a veces se llama "comunicación institucional" o "promoción institucional" termina convirtiéndose en ocasiones —y esto ocurre con gobiernos de todo signo— en un acto notablemente político, cuando no claramente partidista. Los mecanismos utilizados son dos, que pueden confluir: o bien los mensajes caen de lleno en el discurso propagandístico, o bien el dinero de estas campañas informativas institucionales se reparte con criterios evidentes de afinidad ideológica, esa que Hallin y Mancini bautizaron hace veinte años como "paralelismo ideológico de los medios". Contradicciones similares encontramos en el ámbito de la justicia, para el que se reclama ostentosamente la "despolitización" mientras se filtran mensajes sobre presuntas maniobras de control o manipulación del poder judicial.

Y en medio de estos dos tipos de discurso —el que presume de no ser político, y el que politiza subrepticiamente lo institucional—, se abre un abismo: el de la comunicación gubernamental. La comunicación gubernamental es inseparable de la concepción de la política, de tal manera que, como subraya Mario Riorda, los errores de comunicación son, inevitablemente, errores políticos; el manido "gobierno bien, pero comunico mal" es simple falacia. 

El objetivo fundamental de la comunicación gubernamental es garantizar que la ciudadanía conozca las iniciativas y programas que se desarrollan y que se prevé desarrollar. Un rasgo esencial: sus protagonistas no son los políticos, por lo que no alimenta el constante espectáculo mediático. Como ocurre en toda comunicación, en ella confluyen dos dimensiones: una dimensión narrativa, que refiere unos hechos concretos y veraces, y una dimensión argumentativa-evaluativa, que los justifica, apoyándose tanto en valores como en razonamientos, que pueden ser ideológicos pero no partidistas. 

"Tampoco debe depender de la habilidad individual de cada miembro del gobierno en las redes sociales, por más efectiva (o efectista) que esta pueda ser"

La comunicación gubernamental forma parte de la acción de gobierno cotidiana, y no necesita un contexto de pandemia, de inundaciones o de apagón eléctrico para desarrollarse. Es proactiva, busca a sus destinatarios. Y no debe confundirse con una especie de "periodismo gubernamental" (porque los procesos discursivos y los encuadres predominantes son distintos), ni con la simple publicación de mensajes burocratizados (porque debe saber interpelar a cada sector ciudadano en sus espacios informativos). Tampoco es el canal apropiado de respuesta a las críticas recibidas por el Gobierno, pues hay otros contextos para ello. Como tampoco debe depender de la habilidad individual de cada miembro del gobierno en las redes sociales, por más efectiva (o efectista) que esta pueda ser. La comunicación gubernamental no es personal, sino institucional y apartidista.

Y, a propósito del tema de las redes sociales, un inciso: ¿qué hacen nuestros gobiernos e instituciones legitimando todavía como canal de información ciudadana la plataforma de un multimillonario que ha demostrado sus inclinaciones neofascistas, que además tiene procesos judiciales abiertos en la Unión Europea, y que fomenta un entorno desinformativo y tóxico?

"La comunicación gubernamental tiene un campo de desarrollo necesario, porque apunta directamente al derecho de la ciudadanía a ser informada activamente y desde la racionalidad".

La pregunta esencial es dónde queda la comunicación gubernamental en una época en que lo público recibe un bombardeo continuo de ataques y desprestigio, y en la que la ciudadanía está muchísimo más expuesta a la desinformación que a la información, debido a la fractura del ecosistema mediático predigital. Recordemos que la desinformación tiene una doble naturaleza: estamos desinformados porque recibimos mensajes plagados de bulos y medias verdades, pero también porque no estamos suficientemente informados sobre los temas. Y aquí es donde la comunicación gubernamental tiene un campo de desarrollo necesario, porque apunta directamente al derecho de la ciudadanía a ser informada activamente y desde la racionalidad (esa gran damnificada de nuestro siglo), sin verse reducida a un cóctel de emociones básicas. 

Salvo en casos muy específicos, la desinformación malintencionada no debe ser objeto explícito de la comunicación gubernamental (desmentidos), pero sus temas, por el contrario, sí deben ser asunto preferente. Porque cada vez que la comunicación gubernamental resulta insuficiente en algún ámbito, está colaborando en el éxito de la desinformación malintencionada.

Y esos ámbitos son múltiples. Pensemos, por ejemplo, en el estudiante universitario que paga una matrícula de grado entre, aproximadamente, 700 y 1.300€ (según el "precio" del crédito en cada autonomía y el nivel de experimentalidad del título). Estos estudiantes tienden a creer —nos lo dicen— que ese dinero de su matrícula es lo que "cuesta" realmente su carrera, por lo que la comparación con los precios equivalentes de universidades privadas (entre 5.000 y 20.000€), cuya publicidad es además mayor que la de los centros públicos, activa una percepción implícita —es simple efecto perverso, no intencionado— que devalúa el valor de sus estudios en la pública. La comparación no se hace sobre el valor real de los títulos y los recursos de los que disponen ambos tipos de universidad, sino solo sobre el precio de las matrículas.

Trasládense estos ejemplos a la sanidad pública, esa que todavía se califica de "gratuita" en muchos contextos. O al reparto de competencias autonómicas y estatales. O al ámbito urgente de la emergencia climática, donde a la desinformación climática se está añadiendo, aceleradamente, la desinformación energética. Sin olvidar la desinformación referida al impacto depredador de recursos de ciertas innovaciones tecnológicas. Salir al paso de este desconocimiento ciudadano es, indudablemente, un desafío complejo y de enormes proporciones, porque la esfera comunicativa es cada vez más compleja. Pero necesitamos mejor comunicación gubernamental. No solo para combatir la desinformación, sino también para desligar lo ideológico-político de las connotaciones negativas, básicamente partidistas, que le atribuye la antipolítica. Además, una buena comunicación gubernamental podría ser la herramienta fundamental que permita resituar en el centro comunicativo político la idea del bien común.