La salud visual: una prioridad sanitaria nacional

"La sanidad pública en España, a través del Sistema Nacional de Salud y la Atención Primaria, cubre prácticamente todo el cuerpo humano, excepto dos ámbitos fundamentales: la salud visual y la bucodental", afirma Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO). En un sistema sanitario descentralizado y complejo, estos dos ámbitos siguen siendo los grandes olvidados en la cobertura pública. Sin embargo, esta laguna, al menos en lo que respecta a la salud visual, podría corregirse si prospera la Proposición de Ley General de Salud Visual impulsada por el CGCOO.

La iniciativa surge en un momento crítico. España se encuentra en una situación que la Organización Mundial de la Salud ha denominado una "pandemia de miopía", con previsiones alarmantes. En el año 2050, el 50% de la población española será miope. Según el Libro Blanco de la Salud Visual en España de 2022, la miopía afecta ya al 37% de la población —nueve puntos más que en 2017—, mientras que el astigmatismo alcanza al 35% —con un incremento de once puntos porcentuales en el mismo periodo—. Estas cifras deberían ser suficientes para considerar la salud visual como una prioridad sanitaria nacional, pero el sistema actual parece operar bajo una lógica distinta.

 

El diagnóstico de la situación presente es incompleto, revela ineficiencias estructurales. Cuando un paciente con problemas visuales acude a un centro de Atención Primaria, la respuesta es invariablemente insatisfactoria. "Ni el médico de familia ni el pediatra ni la enfermera generalista tienen tiempo ni suficientes profesionales para realizar un análisis visual, no les reponen  las jubilaciones y, a su pesar, están justos de instrumental, tienen un optotipo, un test de lectura, si acaso alguna tabla de percentiles, y lo que pueden hacer es poco mas que un análisis de la agudeza visual", explica el presidente del CGCOO. Este primer contacto culmina generalmente en una derivación a atención especializada, con tiempos de espera de varios meses.

Lo verdaderamente paradójico de esta situación es que la mayoría de estos casos no requieren atención oftalmológica especializada. Según datos del propio CGCOO, "el 75% de las derivaciones de niños que hace Atención Primaria a la especializada, a los servicios de oftalmología de los hospitales, son problemas refractivos", que deberían ser atendidos por optometristas. Esta disfunción no solo perjudica a los pacientes, retrasando soluciones que podrían ser inmediatas, sino que sobrecarga innecesariamente un sistema hospitalario ya de por sí saturado con largas listas de espera en muchas especialidades —un problema que se extiende en la mayor parte de las autonomías.

Un ahorro de 160 millones de euros

La propuesta se articula en torno a un principio de eficiencia: incorporar unidades de optometría en los centros de Atención Primaria. "Si en atención primaria se montan unidades de optometría en la actividad de los ambulatorios, donde están los pediatras, médicos de familia y enfermeras generalistas, cuando tienen una duda, en vez de derivar al niño a los servicios de oftalmología, inmediatamente en esa unidad de optometría se le ve y se toma la decisión, si es una patología a especializada, si es refractiva a los establecimientos sanitarios de óptica", explica Martínez Moral. Esta integración no es meramente teórica; tiene implicaciones económicas cuantificables. Según cálculos del Consejo, supondría un ahorro de más de 160 millones de euros al Sistema Nacional de Salud al reducir las listas de espera y las derivaciones innecesarias.

"Es necesario incorporar a los ópticos-optometristas al equipo multiprofesional para ser más ágiles"

El respaldo a esta iniciativa trasciende lo profesional para adentrarse en el terreno político, donde parece concitar apoyos transversales. Durante el proceso de escucha activa impulsado para situar la salud visual como una de las prioridades de la legislatura, la actual portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso, Elvira Velasco, subrayó que, pese a estar reconocidos legalmente como profesionales sanitarios, los ópticos-optometristas "no están definidos en el sistema público", siendo "necesario incorporar al equipo multiprofesional para ser más ágiles" en las mismas sesiones.

Más allá de la reorganización asistencial, la propuesta legislativa aborda una cuestión fundamental: el acceso universal a las correcciones visuales. El modelo actual ha generado un mosaico de iniciativas autonómicas dispares —la Comunidad de Madrid ayuda a los niños, mientras que la Generalitat Valenciana aplica medidas similares y Andalucía se centra en mayores de sesenta y cinco años— que fragmenta la equidad territorial. Frente a esta dispersión, el CGCOO propone un sistema nacional uniforme: "Si se dice todos los menores de catorce años, son todos los menores de catorce años. Tanto vulnerables como no, porque si no entraríamos en un desequilibrio", sostiene Martínez Moral.
 
Esta visión universalista encuentra eco en organizaciones como Save the Children, cuyo representante Diego Santamaría sugirió durante la segunda fase de escucha activa "automatizar las ayudas para promover una mejor salud visual, para reducir al máximo posible la burocracia y que sean efectivas". La preocupación por la equidad es compartida también por Marta Carmona Osorio, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, quien destacó, también durante su participación en el proceso de escucha, que "el reto es corregir la enorme desigualdad de acceso que hay, en particular en la infancia, aunque también en otros colectivos como las personas mayores, los migrantes, personas con pluripatologías o en cronicidad".

"El reto es corregir la enorme desigualdad de acceso que hay, en particular en la infancia, aunque también en otros colectivos como las personas mayores, los migrantes, personas con pluripatologías o en cronicidad"

La dimensión preventiva constituye otro pilar fundamental de la propuesta. Por un lado, se plantea regular el uso de pantallas, exigiendo a los fabricantes que incluyan advertencias sobre los riesgos asociados y recomendaciones para una utilización saludable. La regla "20-20-6" (cada veinte minutos, mirar veinte metros de distancia durante seis segundos) ejemplifica la sencillez de medidas que, correctamente implementadas, podrían tener un impacto significativo en la salud visual poblacional. Por otro lado, se enfatiza la detección precoz, especialmente en entornos educativos, donde los maestros tienen una gran capacidad de ver en los niños que se acercan a la pizarra, los que se alejan, los que se acercan el cuaderno o el libro, casos que podrían indicar problemas visuales no diagnosticados.

Esta visión integradora de la salud visual conecta con una concepción más amplia de la salud pública. Como señaló la Dra. María Jesús González, catedrática de Óptica en la Universidad de Valladolid, durante su ponencia en la segunda sesión de trabajo organizada por el CGCOO, los retos actuales de la salud visual deben abordarse "de una forma transversal", implicando no solo al sistema sanitario sino también a otros ámbitos como el educativo, el laboral y el sociosanitario.

El camino legislativo de esta propuesta no estará exento de complicaciones. La distribución de competencias sanitarias entre Estado y comunidades autónomas plantea desafíos de gobernanza significativos. Por lo que probablemente se optará por establecer unos condicionantes básicos que después se desarrollen a través de los gobiernos autonómicos. Este equilibrio entre coordinación nacional y autonomía territorial será clave para el éxito de la iniciativa.

 

Según las previsiones del CGCOO, la proposición de ley podría presentarse a la Comisión de Sanidad del Congreso a principios de verano o, como máximo, entre septiembre y octubre de este año. La predisposición política parece favorable, aunque el presidente del Consejo matiza que "no queremos que esta normativa sea un arma política arrojadiza", apostando por un consenso multipartidista y multidisciplinar.

"La salud visual es una prioridad o debería ser una prioridad siempre"

La inclusión de la salud visual en el sistema público no representa únicamente una extensión cuantitativa de la cobertura sanitaria, sino una transformación cualitativa en la concepción de la salud integral. Como manifestó durante la segunda sesión del proceso de escucha Fernando Riaño, director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, "la salud visual es una prioridad o debería ser una prioridad siempre" y "un proceso legislativo es una oporutnidad de mejora". Este imperativo ético converge con consideraciones pragmáticas: un sistema más eficiente, accesible y preventivo beneficia tanto a los pacientes como al conjunto del Sistema Nacional de Salud.

La propuesta de ley abre una ventana de oportunidad para corregir una anomalía histórica en nuestro modelo sanitario. No se trata simplemente de sumar un nuevo servicio al catálogo existente, sino de repensar la articulación entre niveles asistenciales, la distribución de competencias profesionales y la garantía de equidad en el acceso. El verdadero desafío será traducir este consenso discursivo en cambios estructurales efectivos, transformando la retórica de la universalidad en experiencias tangibles para los ciudadanos. Solo entonces podremos afirmar que el sistema sanitario español ha superado su histórico punto ciego.