Martes, 28 de julio de 2026
ANÁLISIS

Desafíos y oportunidades de la Nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico

La próxima Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico marcará el rumbo de las políticas contra la despoblación en España, pero su éxito dependerá de su ambición y de los recursos disponibles. Diego Loras, experto en desigualdad urbano-rural y análisis de políticas públicas, analiza los desafíos y oportunidades de esta nueva estrategia en un contexto de incertidumbre política y financiera.

Diego Loras Diego Loras 14 de mayo de 2025
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Loras aboga pide medidas concretas en infraestructuras, vivienda, servicios públicos o innovación en el sector primario. | Unsplash / Matteo Costa
Loras aboga pide medidas concretas en infraestructuras, vivienda, servicios públicos o innovación en el sector primario. | Unsplash / Matteo Costa
A finales del año pasado, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunciaba que en 2025 su ministerio conformará y publicará una nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Un documento que sustituirá a la primera estrategia para este ámbito aprobada por el Gobierno en el año 2019 y que tuvo su plasmación en el Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico ejecutado en el trienio 2021-2023. 

"Las actuaciones del Ejecutivo por el reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación desde que comenzó la presente legislatura parecen desdibujar el impulso inicial que se dio en la pasada legislatura"
La nueva estrategia debería suponer la consolidación de una apuesta sólida del Gobierno de España por el reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación. Sin embargo, tal y
como apuntaba recientemente el experto Serafín Pazos en Agenda Pública, el auge vivido desde el año 2019 en el interés social y político por solucionar los problemas de la España vaciada corre el riesgo de no concretarse con la suficiente ambición. Sin medidas de calado, la brecha entre los territorios urbanos y rurales seguirá aumentando, contribuyendo a la polarización y a un potencial auge de los populismos, tal y como ha señalado el catedrático de geografía económica, Andrés Rodríguez-Pose.

Existen dudas en cuanto a la priorización y en cuanto a la financiación del problema. Por el lado de la priorización, el Gobierno afronta el reto de mostrar a la ciudadanía si de verdad otorga importancia a la España rural a la hora de legislar e implantar políticas públicas. La pérdida del diputado de Teruel Existe en el Congreso y la menor influencia de los partidos de la España vaciada pueden evidenciar hasta qué punto las medidas aprobadas en la legislatura pasada respondían exclusivamente a la presión ejercida por dichos representantes, y no por una verdadera interiorización del problema por parte del ejecutivo.

Por el lado de la financiación, gran parte del Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico fue sufragado gracias a los fondos NextGenerationEU para la recuperación tras la pandemia de la COVID-19. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finalizará en 2026, año a partir del cual no se podrán gastar los fondos provenientes de la UE. Esta política expansiva ha permitido financiar multitud de programas de políticas públicas que tuvieran que ver con la sostenibilidad ambiental y la digitalización. Sin embargo, muchos de los programas que han tenido financiación europea no van a poder financiarse mediante los presupuestos generales del Estado. Aún más si se tiene en cuenta el escenario de las nuevas reglas fiscales de la UE, donde España va a tener que realizar un ajuste en el déficit público. Por desgracia, contamos con el mal precedente de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007, que pese a estar aprobada, nunca se ejecutó por falta de financiación.

"El panorama no es muy alentador tras las noticias de la eliminación de la despoblación como criterio para el reparto de fondos en el borrador de la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda hace pocos días"
El panorama no es muy alentador tras las noticias de la eliminación de la despoblación como criterio para el reparto de fondos en el borrador de la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda hace pocos días. Por evidenciar el problema, cualquiera de los cinco barrios más poblados de Madrid o de Barcelona tienen más población que las cinco provincias más despobladas de España. Ofrecer los mismos servicios públicos y garantizar los mismos derechos a todos los españoles, siguiendo el mandato constitucional, requiere mayor inversión por habitante en las provincias más despobladas. La permanencia de las variables de dispersión y densidad debería ser innegociable en cualquier modificación del sistema de financiación autonómica.


Además de la financiación autonómica, también está pendiente la aprobación de un Estatuto Básico del Pequeño Municipio, que permita dotar a las administraciones de las entidades locales de mayor flexibilidad y eficacia en su gestión. Los pequeños ayuntamientos requieren de una simplificación en los procedimientos administrativos adaptada a los recursos humanos, técnicos y financieros con los que cuentan. Este cambio supondría también adecuar su financiación al coste de los servicios que prestan para evitar que la mayor parte del presupuesto de los pequeños ayuntamientos se destine a gasto ordinario, imposibilitando la inversión para dinamizar el municipio. Como señalan los trabajos del catedrático de Derecho Administrativo Francisco Velasco, la lucha contra la despoblación requiere, en primer lugar, gobiernos locales fuertes con una financiación local adecuada.

Una buena financiación autonómica y local serán indispensables si el MITECO quiere plantear una buena propuesta de Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Así como el aprovechamiento en los parámetros máximos de la discriminación fiscal positiva que la UE permite a España para las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, y que actualmente solo se ha implementado de una manera testimonial e incapaz de generar efectos reales sobre la reactivación económica de estas provincias.

Dejando al margen el aspecto financiero, la nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico previsiblemente irá acompañada de otro plan de ejecución de medidas, tal y como ocurrió con el ya mencionado Plan de 130 Medidas. En este sentido, cabría esperar una mejora sobre el anterior, con medidas más concretas y realistas. La lucha contra la despoblación requiere de la integración de políticas implantadas desde distintos ministerios y solo dicha coordinación supone un reto al que se debe prestar más atención en el próximo plan. No obstante, y haciendo justicia a la realidad, algunas medidas del anterior plan, como los Centros de Innovación Territorial ya abiertos en once provincias españolas por parte de la Dirección General para el Reto Demográfico, son una buena medida que continuar en los próximos años.

"La vicepresidenta Sara Aagesen tiene la posibilidad de presentar un plan ambicioso y a la vez realista"
Para concluir, la nueva estrategia supone una oportunidad para plantear medidas concretas frente al reto demográfico. La vicepresidenta Sara Aagesen tiene la posibilidad de presentar un plan ambicioso y a la vez realista, dotado de una financiación que a buen seguro tendrá que
pelear con el Ministerio de Hacienda, e idealmente centrada en garantizar unos pocos pilares fundamentales para el desarrollo rural como son las infraestructuras, la vivienda, los servicios públicos y la innovación en el sector primario.

Entidad colaboradora:
Diego Loras
Diego Loras
Doctor en Economía por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y consultor de asuntos públicos
Investigador en geografía económica, desigualdad urbano-rural y análisis de políticas públicas. Ha realizado estancias en la London School of Economics y en la Universidad de Harvard. Ha trabajado como asesor en el Congreso de los Diputados, en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España y en la Organización de Naciones Unidas (Nueva York).
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