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Juan Barbosa

Corbatas, escaparates y aeropuertos: a vueltas con el ahorro energético

Martín Lallana Santos

15 mins - 26 de Agosto de 2022, 07:00

La aprobación y aplicación del Real Decreto-ley 14/2022 en el que se incluyen medidas de ahorro energético ha venido acompañado de una gran polémica política y comunicativa. Estas medidas regulan la temperatura de climatización de los edificios públicos y del sector terciario, obligan a apagar el alumbrado de escaparates a partir de las 22:00 y facilitan abonos gratuitos para viajeros frecuentes en ferrocarril. Presentadas por un presidente del Gobierno sin corbata, han impulsado la apertura de una discusión pública sobre la reducción de la demanda energética. Dada la importancia que tiene lograr grandes reducciones de forma planificada y socialmente justa, este momento no puede ser desaprovechado.

La forma concreta en la que se diseñen las medidas de ahorro energético durante los próximos meses puede abrir o cerrar posibilidades para una transición ecológica en favor de las clases populares. Por eso, en este artículo nos gustaría introducir algunos elementos de análisis crítico sobre estas medidas de ahorro energético y apuntar hacia las condiciones que deberían estar presentes en ellas.

Ahorro energético en situaciones de crisis
¿Son las medidas de ahorro energético positivas por naturaleza? ¿Son un avance en el sentido de la transición ecológica que necesitamos con urgencia? ¿Tienen un carácter socialmente justo? A priori, no podemos responder a ninguna de estas preguntas con algo más que un “depende”. Y es que los planes de ahorro energético se han aplicado en diferentes momentos de la historia reciente, sin que ello supusiera solidificar avances en términos sociales o ecológicos.

Al igual que ocurre en la situación actual, este tipo de planes se han desarrollado en momentos de excepcionalidad. Cuando a causa de un evento concreto se ha visto comprometido el suministro energético, los gobiernos han puesto sus esfuerzos en reducir temporalmente la demanda. Podemos encontrar muestras de ello en las campañas del gobierno británico durante 1940 para el ahorro de electricidad, gas y carbón, con el objetivo de asegurar el suministro energético a la industria armamentística durante la II Guerra Mundial. Al otro lado del Atlántico y bajo el lema "¿Es tu viaje realmente necesario?", el gobierno de Estados Unidos realizó en 1943 campañas orientadas a reducir los viajes de la población civil para destinar la mayor parte de la capacidad ferroviaria al desplazamiento de soldados. Sin embargo, una vez finalizada la II Guerra Mundial, ambos países impulsaron durante la segunda mitad del siglo XX una multiplicación del consumo energético (entre otros) nunca antes vista en la historia de la humanidad, que se ha venido a denominar como la “Gran Aceleración”
 
 
Otros ejemplos los podemos encontrar en el “Domingo sin coches” aplicado en Países Bajos en 1973 o en la reducción del límite de velocidad en las carreteras estadounidenses a 88 km/h en 1974 como respuesta a la crisis del petróleo. En 2001, debido a fuertes sequías y una elevada dependencia de la producción hidroeléctrica, Brasil sufrió una crisis eléctrica en la que se aplicaron medidas que redujeron en un 25% el consumo energético de los hogares. 
 

Por su parte, Japón se ha visto obligado en varias ocasiones a aplicar campañas de ahorro energético durante las últimas décadas. En el verano de 2005, se inició la campaña "Cool Biz" con el objetivo de flexibilizar los códigos de vestimenta en las oficinas para así reducir la demanda de aire acondicionado, estableciendo la temperatura mínima de refrigeración en 28ºC. Más adelante, tras la sucesión de terremotos y tsunamis en 2011, el gobierno nipón lanzó la estrategia de ahorro energético "Setsuden" para hacer frente al riesgo de cortes de suministro eléctrico a gran escala, que logró una reducción de la demanda en un 15% en el corto plazo. 
 

Lecciones del pasado y ahorro energético en tiempos de emergencia climática
Los anteriores ejemplos nos dan una muestra de la forma en la que se ha respondido en diferentes momentos a situaciones excepcionales que ponían en riesgo el suministro energético. En algunos casos, como en Brasil o Japón, las medidas aplicadas coyunturalmente han mantenido también efectos de reducción de la demanda a medio y largo plazo. Sin embargo, lo contrario también puede ocurrir y no cualquier diseño de políticas públicas es efectivo. Por eso debemos ser capaces de extraer aprendizajes de las experiencias pasadas. Desde el ZOE Institute for Future-fit Economies, destacan tres lecciones:

 
  1. Las políticas públicas para la reducción de la demanda energética deben ir más allá de medidas voluntarias. Aquellas campañas enfocadas únicamente a cambios voluntarios de comportamiento sin ningún apoyo de regulaciones es probable que apenas logren ninguna transformación significativa. En ausencia de fuertes incentivos y apoyos que posibiliten la reducción de la demanda, las medidas voluntarias no tienen en cuenta las desigualdades sociales y están destinadas a fracasar.
  2. Los enfoques de reducción de la demanda deben evitar una sobre-individualización del problema. Debe reconocerse la responsabilidad de las instituciones, de las empresas y de las industrias. Muchos ejemplos muestran además que bombardear a las personas de información acerca del consumo energético simplemente resulta abrumador y deja de ser efectivo. 
  3. El diseño de las políticas públicas debe priorizar la igualdad. Debe tenerse en cuenta en todo momento que son aquellos segmentos de población más enriquecidos quienes tienen un consumo energético mucho mayor, especialmente en el ámbito del transporte y la vivienda. Aquellas políticas públicas de ahorro energético que no aborden de forma central esta desigualdad es probable que terminen por empeorar las condiciones de vida de aquellos hogares con menos ingresos, generando un gran rechazo social.

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A estas lecciones, aplicables en términos generales, debemos sumarles una consideración especial sobre el momento histórico en el que nos encontramos. La crisis ecológica y la emergencia climática determinan el escenario sobre el que nos movemos. Las olas de calor, la sequía y los incendios de este verano son solo una muestra de aquello a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero es la única forma de evitar unas consecuencias todavía más
catastróficas. Y, para hacer esto posible de forma realista, justa y a tiempo, necesitamos asumir grandes reducciones de la demanda energética en los países enriquecidos del Norte global. Esta reducción de la demanda es imprescindible para cumplir con el presupuesto de carbono sin depender de unas inciertas y arriesgadas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.

Por ese motivo, las actuales medidas de ahorro energético deben ser puestas en contexto y analizadas bajo este prisma: ¿avanzan estas medidas de ahorro energético impulsadas por una situación excepcional en un sentido que siente las bases para planificar una reducción fuerte y sostenida de la demanda energética durante los próximos años?

Podemos establecer las condiciones que deberían cumplirse para responder a esta pregunta de forma afirmativa. A partir de las lecciones de experiencias pasadas y trabajando sobre las propuestas presentadas en el informe “Demand-side solutions to deal with energy shortages” publicado por el ZOE Institute for Future-fit Economies en abril de 2022, podemos destacar los siguientes tres elementos que deberían cumplir las medidas de ahorro energético:
 
  1. Deben ser visiblemente efectivas y contribuir significativamente a una reducción de la demanda.
  2. Deben abordar explícitamente las desigualdades sociales y territoriales, construyendo así la confianza que asegure su aceptación social.
  3. Deben tener efectos a medio y largo plazo que abran el camino de las transformaciones radicales futuras.

Análisis crítico de las medidas de ahorro energético
A partir del marco que acabamos de definir, podemos formular algunas críticas a las medidas presentadas en el Real Decreto-ley 14/2022. Consideramos que las medidas que se han aprobado, si bien pueden ser capaces de responder a la reducción del 7% del consumo de gas natural pactada con la Unión Europea, fallan a la hora de construir confianza social y carecen del potencial transformador que facilite ir más allá en el futuro próximo.

Evaluando la primera condición que hemos establecido, consideramos que para que las medidas sean visiblemente efectivas debería presentarse de forma clara cuál es el plan de reducción de la demanda y comunicar frecuentemente los resultados que se están logrando. El consumo de gas natural en el sector terciario representa el 18% del consumo a nivel estatal, y según el RD 14/2022 por cada grado que se cambie en la consigna de temperatura de climatización se logra un ahorro del 7% del consumo. ¿Se va a lograr el conjunto de la reducción de consumo de gas natural con las medidas de climatización? Estas son preguntas que deberían ser respondidas por el gobierno para así evitar una imagen de arbitrariedad o capricho.

En segundo lugar, hay varios elementos en el diseño de estas medidas que fallan a la hora de abordar las desigualdades, así como a la hora de construir confianza social. Esto lo vemos en casos como el de Aragón, donde actualmente apenas 5.000 personas utilizan los abonos de viajes que serán gratuitos, existe una única línea de cercanías y el ferrocarril solo cuenta con paradas en 90 de los 731 municipios. Si esta medida no viene acompañada de inversiones, mejoras y ampliaciones de las redes de transporte público, resultará insuficiente. Por otro lado, vemos cómo estas medidas fallan en la confianza social necesaria para su aplicación debido a una falta de coherencia con el contexto de políticas públicas en el que se desarrollan. Se intenta fomentar el transporte público al mismo tiempo que se desmantela el tren convencional que unía Cuenca con Madrid, se abre la puerta a la eliminación definitiva de los trenes nocturnos que unían Barcelona y Madrid con Galicia, Portugal o Francia, se planea un nuevo mapa concesional de transportes por carretera que recorta el número de municipios con parada de 1.912 a 495, y se retoman las conexiones aéreas entre Valencia y Barcelona y entre Madrid y Barcelona, con 4 y 15 vuelos diarios. Mientras se sigan cerrando líneas de tren convencional que vertebran el territorio y se abran conexiones aéreas innecesarias, no habrá confianza social en las medidas de ahorro energético que se quieran implementar. 

La tercera condición es probablemente la más crucial de todas ellas. No podemos permitirnos la aplicación de medidas de ahorro energético que no tengan un efecto transformador a medio y largo plazo. Debe buscarse la forma de combinar medidas de ahorro que tengan un efecto inmediato con transformaciones posibiliten unos modos de vida equitativos y con una baja demanda energética. En ese sentido, unas medidas que se aplican únicamente durante un corto periodo de tiempo y que son fácilmente reversibles tienen una escasa capacidad de sedimentar los necesarios cambios sociales, culturales, económicos y sobre las infraestructuras. El urgente desacoplamiento entre una alta demanda energética y el bienestar humano exige reformas radicales mantenidas en el tiempo.

Por estos motivos consideramos que las medidas de ahorro energético contenidas en el Real Decreto-ley 14/2022 suponen una oportunidad perdida. Corremos el riesgo de desaprovechar lo que podría ser un punto de inflexión y que se quede en una anécdota de corbatas, escaparates y aeropuertos.



Anticipación, planificación y reformas radicales
Si asumimos el riesgo real de una crisis de escasez de suministro energético dentro de unos meses, debemos prepararnos para actuar y movernos con rapidez. En una situación de excepcionalidad vamos a ver cómo se toman muchas decisiones de calado con rapidez. Si queremos aprovechar esa centralidad en el debate público de cuestiones antes invisibles, debemos anticiparnos. Debemos tener preparadas propuestas que enlacen respuestas efectivas e inmediatas a los eventos que sucedan con el horizonte de transformaciones radicales que es condición necesaria para abordar de forma justa y real la emergencia climática. 

A modo de inspiración, podemos fijarnos en el trabajo del “Centre for Research into Energy Demand Solutions (CREDS)” de Reino Unido, que dibuja las transformaciones necesarias para reducir hasta un 52% la demanda energética en 2050. Lo hacen combinando medidas de eficiencia energética con cambios sociales y económicos sobre los modos de vida. Incluyendo medidas como la reducción del consumo de carne, la reducción de la jornada laboral a 4 días, la rehabilitación energética de edificios y la sustitución de calderas de gas por bombas de calor, o la ampliación y mejora de las infraestructuras de transporte público. En el ámbito de la movilidad, estas transformaciones reducirían en un 66% el número de vehículos individuales y multiplicarían por 4 el número de autobuses. Junto a estas propuestas aterrizadas a nivel estatal, podemos encontrar otras investigaciones como la de Societal Transformation Scenario for Staying Below 1.5°C, Demand-side solutions to climate change mitigation consistent with high levels of well-being, o 1.5-Degree Lifestyles: Towards A Fair Consumption Space for All, que analizan múltiples formas de reducir la demanda energética manteniendo o mejorando las condiciones de vida de la mayoría social.

Basándonos en estas investigaciones, presentamos ocho propuestas que lograrían un ahorro energético sustancial y que podrían implementarse en el futuro próximo en el Estado Español:
 
  1. Aplicación del transporte público gratuito en todas sus modalidades. Al mismo tiempo que se presenta, calendariza e inicia un plan estatal de mejora y ampliación de las infraestructuras. 
  2. Introducción de la obligatoriedad de asegurar opciones de transporte colectivo gratuito al centro de trabajo para grandes empresas.
  3. Diseño y ampliación de múltiples medidas que reformulen las ciudades y le quiten prioridad al vehículo privado: como el urbanismo táctico de Barcelona, la reforma urbana y modelo de movilidad “Mejor a pié” desarrollado en Pontevedra, la ampliación de carriles bici separados del tráfico o la introducción del domingo sin coches.
  4. Prohibición de vuelos de corta distancia cuando exista una alternativa de viaje en tren en menos de 4 horas. Extensión de la red de ferrocarril para garantizar las conexiones hoy en día inexistentes y paralización de las ampliaciones de aeropuertos.
  5. Aceleración e intensificación de los planes estatales de rehabilitación energética de vivienda, que establecen actuaciones sobre 7,1 millones de viviendas entre 2030 y 2050. Estos plazos temporales podrían reducirse empezando antes e impulsando el empleo público en el sector. Deberán introducirse condiciones sobre la propiedad de las viviendas rehabilitadas para impedir que esto produzca un aumento de los alquileres.
  6. Formación profesional, creación de empleo público y aceleración de la sustitución de calderas de gas natural por bombas de calor en viviendas. Inicio del desmantelamiento de las redes urbanas de distribución de gas natural.
  7. Impulso inmediato de una reforma agraria hacia técnicas agroecológicas que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles y fertilizantes. Regulación de las cadenas de comercialización alimentaria para asegurar circuitos locales de distribución.
  8. Reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales y ampliación de la democracia en los centros de trabajo.

Los próximos meses y un posible invierno duro, lleno de turbulencias, deben servirnos para elaborar propuestas de reformas radicales y empujar para situarlas en el centro de la agenda política. Esta urgencia se acentúa cuando existe un riesgo muy real de que esta crisis se aborde empeorando todavía más las desigualdades sociales. Por eso, la planificación, la redistribución y las reformas radicales son las tres herramientas con las que debemos enfrentarnos a esta situación si buscamos un resultado socialmente justo.

 
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