El Tribunal Constitucional aborta los derechos de las mujeres en Polonia

La sentencia culmina un proceso de desmantelamiento del acceso a la interrupción del embarazo en Polonia iniciado después del 1989, durante la transición democrática. Durante el periodo socialista, el aborto en Polonia era legal y accesible. En 1956, siguiendo el ejemplo de la Unión Soviética y otros países de su esfera de influencia, pero también en respuesta a demandas locales, se legalizó de facto la interrupción voluntaria del embarazo. A los supuestos médico y criminal, contemplados en el Código Penal polaco desde la década de los 1930, se añadió un tercer supuesto, el socio-económico, entendido como una "situación vital difícil" de la mujer. A partir de finales de los años cincuenta, cuando se relajaron los procedimientos que obligaban a los médicos a verificar la situación de la mujer que solicitaba abortar, la interrupción del embarazo en Polonia se volvió accesible prácticamente a petición de la embarazada.

Esta legalidad y accesibilidad no significaba, sin embargo, que, en el discurso público, se hablara del aborto como derecho de las mujeres. Al contrario, durante la mayor parte del periodo comunista, el aborto era percibido como un fracaso y un peligro para la salud reproductiva de las mujeres, y se vinculaba, sin evidencia científica sólida, con la infertilidad. La Iglesia Católica, una importante fuerza ideológica y también política durante el periodo comunista, se oponía ferozmente al aborto legal. Esta oposición tomó aun más fuerza con el comienzo del papado del polaco Karol Wojtyła en 1978.

La presión de la Iglesia, junto con la estigmatización social del aborto, fueron los factores que facilitaron que la criminalización del aborto fuera uno de los primeros debates de la transición democrática. Las primeras iniciativas legislativas de la prohibición total y absoluta de la interrupción del embarazo, apoyadas por la jerarquía eclesiástica fueron presentadas desde el mismo año 1989. En 1993 se aprobó finalmente una nueva regulación del aborto, etiquetada desde entonces como "un compromiso" entre la prohibición total, propuesta por los sectores más conservadores y la Iglesia, y la accesibilidad total de las décadas anteriores. La ley del 1993, limitaba la prestación a la sanidad pública y eliminaba el motivo socio-económico de los supuesto que justificaban un aborto legal. Este hizo una breve reaparición en 1996 bajo el mandato socialdemócrata; sin embargo, en 1997 el supuesto socioeconómico fue considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional polaco por no garantizar la protección suficiente al feto.



Tras la de-legalización del aborto voluntario en 1993, su mayor parte se trasladó a clínicas privadas, que, a pesar de haberse quedado al margen de la ley, inicialmente operaban con cierta libertad, imponiendo, sin embargo, precios elevados a sus servicios ya clandestinos. Durante la última década, y especialmente desde que el endurecimiento de la ley del aborto se puso en la agenda política del PiS (el partido de gobierno desde 2015), el acceso al aborto clandestino con garantías sanitarias se ha vuelto mucho más complicado. En la sanidad pública, la mayoría del escaso millar de abortos anuales que se ha practicado en los últimos años fueron por indicaciones fetales. El acceso a estos igualmente suele ser una carrera de obstáculos: solo unos pocos hospitales practican abortos de acuerdo con este supuesto. Los profesionales de la ginecología que prestan el servicio en estos hospitales están siendo señalados por los antiabortistas, que emplean con cada vez más frecuencia técnicas de acción directa, como organizar exposiciones con fotos drásticas de restos fetales, sacados del contexto.

Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado en Polonia el activismo feminista centrado en ayudar a las mujeres a acceder al aborto. Por ejemplo, el grupo informal Aborcyjny Dream Team trabaja desde 2016 para asesorar a las mujeres sobre la posibilidad de realizar abortos farmacológicos. El grupo trabaja orientando a las mujeres para que puedan encargar misporostol y mifepristona de organizaciones internacionales como Women on Web (según la legislación vigente, la mujer no está penalizada por procurarse o porque le procuren el aborto). La red Aborcja Bez Granic (Aborto sin fronteras) ayuda a mujeres que viajan a los países vecinos en búsqueda del aborto seguro. Es una forma de apoyo bien conocida por al menos una parte de las mujeres españolas que, en las décadas de los setenta y ochenta viajaron desde España a Londres, Ámsterdam o Marsella con el mismo objetivo.

Las mujeres ya pararon los amagos de endurecer la ley en el 2016, cuando las multitudinarias marchas negras asustaron al partido de Kaczynski, paralizándose entonces una reforma de la ley del aborto que planteaba el mismo cambio que acaba de aceptar el TC polaco. Ahora con las restricciones por razones sanitarias, son imposibles de organizar acciones tan masivas, pero desde anoche ha habido fuertes protestas por la decisión en todas las ciudades de Polonia, con una importante respuesta policial. Pero las mujeres polacas están hartas de y no pararan hasta que se les devuelva la dignidad.