Martes, 28 de julio de 2026
¿Permitimos que los centros concertados puedan convertirse en públicos?
El pasado 16 de febrero, Unidos Podemos presentó una Proposición de Ley Orgánica para regular la integración voluntaria de centros educativos privados en la red pública. La propuesta es que los centros concertados puedan convertirse en públicos tras pasar una serie de filtros y someterse a determinadas condiciones. De esto último (filtros y condiciones) no habla la propuesta, pues lo primero es decidir si hay quorum para que salga adelante y luego, en tal caso, establecer el modo. ¿Debe la ley permitir y regular esta posibilidad? Para responder, creo que deben tener en cuenta al menos dos consideraciones.
La primera es la propia naturaleza de los conciertos educativos. Los centros concertados eran, en su concepción inicial, el primer paso para transitar de un sistema educativo propio de una dictadura, que concedía subvenciones a los centros privados arbitrariamente, a otro plenamente democrático y público. Antes de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, los centros privados recibían dinero público sin ninguna condición. A través de los conciertos, muchos de ellos se adaptaron, al menos formalmente, a un sistema educativo que se pretendía universal, obligatorio, gratuito y libre de discriminaciones. Se trató, por tanto, de un instrumento jurídico transitorio fruto de un momento excepcional en el que, efectivamente, la demanda de plazas no podía ser cubierta por los centros públicos.
Esta situación excepcional se produjo hace ya 33 años, y hoy nadie justifica la elevada presencia de la educación concertada por la incapacidad para ofertar plazas públicas. El gran porcentaje de centros concertados es un anacronismo que se mantiene gracias a las concesiones de los sucesivos gobiernos a los intereses de algunos grupos sociales, entre los cuales destaca la Iglesia Católica y el empresariado. El propio exministro de Educación socialista José María Maravall (1982-1988) era muy elocuente al respecto en una entrevista en 2013: "Lo que más lamento echando la vista atrás y recordando la aprobación de la LODE [Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación] es que en aquel momento no me podía imaginar que una ley orgánica de obligado cumplimiento en toda España llegase a ser vulnerada hasta tal punto por comunidades autónomas, ni que el Gobierno central se fuera a encontrar sin instrumentos o sin voluntad para impedir esas infracciones. Cuando hablo de instrumentos, me refiero a que la Alta Inspección ha sido descuidada. Y cuando hablo de voluntad, hablo de un absoluto desapego respecto de la enseñanza pública en relación de la enseñanza privada por parte del PP y de falta de músculo político por parte de algunos gobiernos del PSOE". En definitiva, si el primer paso para alcanzar un sistema educativo plenamente público y democrático fue facilitar la transformación de los centros privados en concertados, el siguiente es promover la transformación de los concertados en públicos.
La segunda consideración para valorar la pertinencia de este tipo de iniciativas es analizar si contribuyen a garantizar el derecho a una educación sin discriminaciones, objetivo ineludible del sistema educativo. Desde 1985, buena parte de los centros concertados han vulnerado este derecho y han incumplido las obligaciones suscritas con las administraciones públicas, mientras éstas miraban para otro lado. Cada vez hay más evidencias del cobro masivo de cuotas ilegales que incumplen el derecho a una educación gratuita, y muchos de estos centros también vulneran la ley al establecer actividades complementarias dentro y fuera del horario lectivo de forma cuasi obligatoria. Habitualmente, se argumenta que España es una anomalía internacional porque tiene el porcentaje más elevado, tras Bélgica, de alumnado matriculado en centros privados y concertados. Sin duda lo es, pero la anomalía más grave es el incumplimiento sistemático de la ley por parte de buena parte de los centros sostenidos con fondos públicos. Esta conculcación del derecho a la educación está tan incorporada a la normalidad de los centros concertados que muchas familias y docentes no saben que se está produciendo.
Este statu quo ha conducido a un sistema educativo profundamente segregador del alumnado según su condición socio-económica y que perjudica gravemente la equidad educativa y la cohesión social, objetivos inexcusables de la educación sostenida con fondos públicos. Maravall, en la entrevista referida, aseguraba que el objetivo del PP era "convertir los centros privados subvencionados con fondos públicos en centros donde los padres, con condiciones medias-altas, reciban una ayuda del Estado que realmente no necesitan y que la enseñanza pública sea la enseñanza para los ciudadanos que no tengan esas condiciones acomodadas". Lo que quizá Maravall no sabía era que, poco después, el PP daría un paso más al eliminar la obligación, por parte de las administraciones públicas, de garantizar plazas suficientes en centros públicos, abriendo así la puerta a una expansión sin precedentes de la educación concertada. La lógica del PP era aplastante: si durante 33 años hemos conseguido consolidar la educación concertada sin apenas oposición, probablemente tampoco tendremos demasiados problemas para reducir la pública a ser subsidiaria de la privada.
Ante esta tendencia, los partidos políticos pueden seguir siendo cómplices de un sistema segregador, injusto y con rasgos pre-democráticos, o tomar la iniciativa. La propuesta de que los centros concertados puedan convertirse en públicos es un buen ejemplo de la senda a seguir. Su concreción es compleja y exigirá flexibilidad, diálogo y cautela para que nadie salga dañado, especialmente el alumnado y el profesorado. No obstante, éste debería ser sólo un primer hito al que acompañen otras medidas, siempre con el objetivo de promover la transición hacia un sistema enteramente público y con centros privados para quien desee sufragárselos, como ocurre en los países más avanzados de nuestro entorno. Si la voluntad es apostar por el derecho a la educación, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, ése es el camino. La inacción supone seguir manteniendo los privilegios de la Iglesia, de las familias más acomodadas y de quienes hacen negocio con el derecho a la educación, y alejarnos de una sociedad más democrática, cohesionada y justa.
Jesús Rogero García
Profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid (España)
Sus trabajos de investigación abordan la educación, el cuidado a la infancia, el cuidado a adultos dependientes y los usos del tiempo.
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27 de julio de 2026
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Gracias por el comentario al comentario. Si, hay lacras crónicas, tanto en la gestión pública como en la gestión concertada. De acuerdo. Pero suponer que las de la pública són más fáciles de corregir, me parece algo optimista. Mi premisa de que la administración "compre bien" tambíen lo és, claro. Pero con esta premisa cubierta es cuando se deberia comparar uno y otro modelo. Ganaria el más eficiente y creo que seria el concertado, precisamente por el afán de lucro, fuente de eficiència difícil de trasladar a la administración. Saludos.
Sr. Gibert, según mi opinión, deja ud de lado el aspecto fundamental que diferencia servicio público de servicio privado y es el ánimo de lucro que es la razón de ser de cualquier empresa privada.
Respecto a la prestación de servicios públicos por entidades privadas la experiencia nos dice que degradan el servicio que se pretende prestar, que lo encarecen mediante el recurso a distintas fórmulas (cuotas adicionales a pagar por los padres), suelen cooptar al 'vigilante' (la experiencia del sector sanitario reciente avalan estas observaciones) y la cuenta de resultados ha de completarse antes o después con dinero público.
El hecho del estatuto del personal no es una cuestión central salvo que la falta de control y desorganización de lo público siga siendo el pan nuestro de cada día y ésto no es en absoluto inevitable.
La educación en manos privadas o gestionada públicamente como si de una empresa privada se tratase es lo que nos ha traído hasta aquí.
A mi juicio, la argumentación del artículo es -o sería- poco o nada discutible previa aceptación de una premisa: que la educación (u otros cualquiera servicios públicos) , por el hecho de ser pública (en el sentido de ser gestionada por el sistema político/burocrático) , garantiza unas cuantas cosas importantes (universalidad en la prestación, calidad, eficiéncia y neutralidad ideológica) que no garantiza la privada concertada salvo que las leyes lo exijan y sea convenientemente vigilado su estricto cumplimiento por dicho sistema político/burocrático.
Pero si por el contrario estableciéramos otras dos premisas distintas: a) que lo que define que un servicio sea público és precisamente que las instituciones públicas establezcan, implementen y decidan el modo de financiación para conseguir aquellos mismos objetivos, pero que no es el hecho de que los docentes de todos los niveles (o sanitarios o conductores de autobús urbano etc.) sean funcionarios lo que lo define como público; y b) que lo òptimo sería la profunda reforma y modernización de la contratación pública así como del sistema funcionarial en el sentido de priorizar la formación de un cuerpo específico de funcionarios del máximo nivel y especializado en "comprar eficientemente la prestación de servicios al sector privado".
Dándose estas dos últimas premisas y reconociendo las reales carencias estructurales de la primera, ¿no deberíamos concluir que lo idóneo sería lo contrario de lo que defiende el artículo, és decir, trasladar la prestación de servicios públicos al sector privado? Ya se que hoy por hoy esto no es possible, pero a mi parecer tan solo porqué las adminstraciones públicas "compran" con un nivel pésimo de calidad y control interno efectivo.