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Extender esa suerte de veto de cara al futuro es justo lo que está ahora en cuestión. ¿Por qué? Porque el artículo 184 del borrador de acuerdo de salida acordado por Michael Barnier (en nombre de la Comisión) y la delegación británica pone en duda que España tenga ese veto, ya que podría interpretarse del mismo que será el Reino Unido quién defina su propio territorio a partir de ahora. Ese artículo, introducido a última hora y sobre el que Madrid no fue consultada, amenaza los planes de la diplomacia española de aprovechar la negociación del acuerdo de relación futura UE-Reino Unido (el que toque acordar para después del divorcio y el fin del periodo transitorio) y poder obtener logros mucho más tangibles de los ahora conseguidos. Al fin y al cabo, Londres estará ya fuera de las instituciones europeas, por lo que será más obvio el alineamiento de la UE con las pretensiones españolas de que el territorio no suponga un foco de problemas en el ámbito fiscal, societario o medioambiental. Como eso sólo será posible si se mantiene la tesis, aceptada hasta ahora, de que cualquier extensión a Gibraltar de lo acordado con Reino Unido debe tener el visto bueno expreso de España, el presidente del Gobierno ha pedido aclarar esa cuestión, mostrando su enfado por el hecho que la Comisión no haya estado más celosa a la hora de defender a nuestro país. Lo que se pretende, por tanto, es dejar claro que Gibraltar no forma parte del Reino Unido y que su vinculación futura con la UE pasa por una negociación específica ad hoc entre Londres y Madrid. España cree haber actuado de buena fe en el año y medio transcurrido hasta este mes de noviembre, aparcando cualquier pretensión sobre la soberanía e incluso mostrándose como uno de los estados menos rígidos con los británicos. Desde la salida de Gacía Margallo como ministro de Asuntos Exteriores, España ha sido muy moderada en sus pretensiones, sin que el cambio de Gobierno en junio pasado alterase la táctica ni el equipo negociador. Es más, a pesar de las declaraciones altisonantes del ministro principal Fabian Picardo o del retraso (e incluso el bloqueo) en el tratamiento de determinados aspectos prácticos, como el uso común del aeropuerto, España nunca amenazó con romper la baraja y al final sus objetivos tangibles casi quedaron reducidos a proteger los derechos de los trabajadores transfronterizos y algunos avances en materia tributaria. Ese perfil bajo le ha costado incluso al actual Gobierno fuertes críticas desde la oposición, por haber desaprovechado la ocasión de alcanzar avances más significativos. Por eso es muy difícil que el Gobierno ceda ahora. Ha anunciado que o bien se clarifica lo que se pretende (y Londres debería aceptarlo de buena fe también), o bien vetará el acuerdo con consecuencias imprevisibles sobre el futuro del Brexit. No hay que dramatizar estos escarceos propios de toda delicada negociación intergubernamental europea y sigue siendo difícil que el acuerdo alcanzado naufrague por Gibraltar (siendo, en cambio, mucho más probable que lo haga en Westminster); pero si Theresa May no calcula que España va en serio, este domingo tendremos un sonoro fracaso.(¿Cuál es el objetivo de España en cuanto a Gibraltar en el acuerdo del 'Brexit'?) En #AgendaExterior
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