"El juicio contra el fiscal general del Estado nunca debió celebrarse", sostiene Jordi Ferrer, director del Máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona. Tras la primera semana, Ferrer concluye que "no hay prueba de cargo suficiente" y que la instrucción fue "un ejemplo de sesgo de confirmación". En su análisis, todo apunta a "la necesaria absolución del acusado en un proceso sin base probatoria".