Hay una paradoja que atraviesa el actual debate migratorio en la Unión Europea: cuanto más espacio ocupa la inmigración en la discusión política, menos espacio parece quedar para debatir las políticas necesarias para gestionarla y afrontar los problemas que se le atribuyen. La inmigración se ha convertido en un asunto central de la confrontación partidista, pero
esa centralidad no se traduce en una discusión realista y sosegada sobre las políticas de entrada, residencia, empleo, integración, inclusión o convivencia. Por el contrario,
el debate se centra obsesivamente en el control de las fronteras y los retornos, como si gestionar las migraciones consistiera, básicamente, en impedir que las personas llegasen o conseguir que se marcharan.
"Cuanto más espacio ocupa la inmigración en la discusión política, menos espacio parece quedar para debatir las políticas necesarias para gestionarla y afrontar los problemas que se le atribuyen"
El
anuncio del 16 de noviembre de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos de
negociar con Ruanda la creación de un centro de retorno es un buen ejemplo de esta paradoja. Los cinco Estados miembros de la UE pretenden trasladar a ese país a personas que se encuentran en situación irregular en sus territorios y que tienen una decisión de retorno ejecutable. La iniciativa se presenta como un "cambio de paradigma" histórico para recuperar el control de las fronteras, reducir los incentivos para la inmigración irregular y combatir las redes de tráfico de personas. Para la Comisión Europea, esta iniciativa es una
"solución innovadora", que encaja con el nuevo reglamento de retorno aprobado en octubre pasado bajo los gritos de "
send them back" y que cumplirá con todos los requisitos de protección de derechos humanos existentes.
La propuesta, presentada en Viena, es un esbozo del acuerdo que quieren alcanzar y que permitiría
una primera experiencia piloto de dimensiones reducidas de retornos durante 2027. El mecanismo estaría dirigido a personas con decisiones de retorno ejecutables y las autoridades sostienen que las instalaciones serían abiertas, con posibilidades de residencia, trabajo e integración en Ruanda. Pero quedan muchos flecos, y no menores, por concretar. Quedan por determinar, por ejemplo,
los procedimientos de selección, las condiciones de estancia, la financiación, los mecanismos de supervisión y las responsabilidades jurídicas de cada gobierno. También está por determinar qué ocurrirá cuando una persona no pueda regresar a su país de origen y tampoco quiera establecerse permanentemente en Ruanda. Y, seguramente lo más importante:
no queda claro cómo este "centro de retorno" en Ruanda cumple con las condiciones del artículo 14 del reglamento de retorno, que señala que solo se podrá llevar a cabo en terceros países que respeten las normas y principios internacionales, incluido el de no devolución. Las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos
documentadas en Ruanda desde hace años, junto con la sentencia del
Tribunal Supremo británico de 2023, que constató graves deficiencias en
su sistema de asilo y un riesgo real de devolución, hacen especialmente necesario
explicar cómo se van a garantizar efectivamente los derechos de las personas trasladadas en ese país, y no limitarse a afirmar que estarán protegidos.
Más allá de los detalles pendientes, que no son menores, del contenido de la propuesta, hay
tres grandes cuestiones preocupantes que acompañan esta 'innovadora' iniciativa.
Primero, la iniciativa supone
externalizar la gestión de los retornos a un tercer país, trasladando a personas que no tienen por qué mantener ningún vínculo con él y delegando en sus autoridades la responsabilidad de atenderlas. Esta delegación supone, además, el riesgo de una "
guantanamización" de la política migratoria:
alejar a las personas del territorio de la UE y, en la práctica, dificultar su acceso al control judicial y a los mecanismos de protección de sus derechos. Sin embargo, la distancia geográfica no exime a los Estados de sus obligaciones. Así lo recuerda la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que exige respetar el principio de no devolución y el derecho a la tutela judicial efectiva en los procedimientos de retorno, y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que ha
advertido de los riesgos específicos de estos centros.
Segundo,
esta opción de externalización supone también
reconocer el fracaso de la política de retornos que se ha querido convertir en el eje central de la gestión migratoria de la UE. Según
Eurostat, en 2025 se dictaron
491.950 órdenes de salida, mientras que 135.460 personas fueron retornadas a terceros países, en torno al 28% de las órdenes emitidas ese año. Cabe recordar que ejecutar una decisión de retorno no depende únicamente de la voluntad de los Estados miembros, sino, especialmente, de la cooperación de los países de origen para readmitir a esas personas.
Esta dependencia otorga a los terceros países una importante capacidad de negociación y les permite convertir la cooperación migratoria en un instrumento de presión política o diplomática. Los centros de retorno no resuelven esta dependencia, sino que pueden añadir un nuevo intermediario sin garantizar la readmisión por parte de los países de origen.
"Los centros de retorno no resuelven esta dependencia, sino que pueden añadir un nuevo intermediario sin garantizar la readmisión por parte de los países de origen"
En tercer lugar, y como acostumbra a suceder en este tipo de propuestas,
no se habla de los costes económicos de la misma. El
acuerdo británico con Ruanda contemplaba
pagos de 370 millones de libras, además de cantidades adicionales por persona trasladada, mientras el
acuerdo de Italia con Albania para externalizar centros de retorno preveía
un coste aproximado de 650 millones de euros en cinco años, mucho más caro que atender a la persona en un centro italiano según un
estudio de 2025.
Así,
la propuesta corre el riesgo de añadir nuevos problemas sin resolver los existentes. Y es precisamente ahí donde conviene recordar que una política pública no debería evaluarse únicamente por su capacidad para producir anuncios contundentes, sino también por sus resultados, sus costes y su respeto al Estado de derecho democrático.
"Una política pública no debería evaluarse únicamente por su capacidad para producir anuncios contundentes, sino también por sus resultados, sus costes y su respeto al Estado de derecho democrático"
Entonces, ¿por qué países con realidades migratorias tan diferentes y gobiernos de distinto signo político han optado por impulsar una propuesta de estas características? La convergencia de intereses dispares sugiere que
la respuesta no obedece tanto a criterios técnicos como a la forma en que la inmigración se ha construido políticamente como un problema, e incluso como una amenaza, en las últimas décadas.
Por un lado,
el debate público sobre la inmigración se ha enfocado en la irregularidad y el control de fronteras (marítimas). A pesar de que las cifras indican que la mayoría de la población extranjera residente en la Unión Europea está en situación regular y que
la irregularidad es más de residencia que de entrada,
la obsesión por las fronteras ha desviado los debates y también los recursos. Surge así lo que Douglas Massey denominó la "paradoja de la clandestinidad":
el endurecimiento de las fronteras puede acabar perpetuando la irregularidad, mientras se desatienden los obstáculos administrativos y la falta de vías de regularización que contribuyen a mantenerla.
Por otro lado, la apuesta por los retornos y las expulsiones pasa por alto, como se ha señalado antes,
la dependencia respecto a los terceros países, cuya cooperación resulta imprescindible para llevarlos a cabo. Además, esta prioridad política viene acompañada, más recientemente, de un cambio significativo en el lenguaje:
se ha normalizado hablar de "deportaciones" para referirse a los retornos de personas extranjeras en situación irregular. No es una elección inocente. En el marco jurídico de la UE, los conceptos de referencia son el retorno y, en determinados procedimientos, la expulsión. "Deportación", un término con connotaciones históricas específicas en Europa, se ha popularizado de la mano del trumpismo y la derecha radical europea,
ocupando progresivamente el espacio público y desplazando la precisión jurídica en favor de una retórica de castigo y exhibición de fuerza.
Las palabras no cambian por sí solas las normas, pero
contribuyen a definir lo que se considera normal y aceptable. La progresiva incorporación de este vocabulario, junto con la prioridad otorgada al control y los retornos, muestra hasta qué punto los marcos discursivos de la derecha radical han penetrado en las agendas de partidos de distintas familias políticas
y en los medios de comunicación generalistas.
Que se haya impuesto
esta visión de la inmigración como una amenaza es lo que entendemos por proceso de securitización. Que se construya la inmigración como una amenaza para la seguridad, la cohesión social, el Estado del bienestar o la identidad nacional permite justificar medidas excepcionales que parecían impensables hace solo unos años.
"Los marcos discursivos de la derecha radical han penetrado en las agendas de partidos de distintas familias políticas"
Y es precisamente ahí donde la
securitización deja de ser únicamente un proceso discursivo. Cuando la inmigración se presenta reiteradamente como una amenaza,
medidas que antes habrían requerido una justificación extraordinaria comienzan a considerarse posibilidades reales. La externalización de los retornos, esta
guantanamización de
la política migratoria europea, es claramente
un desplazamiento de la ventana de Overton: no solo cambia lo que se dice sobre la inmigración, sino también lo que se considera políticamente aceptable hacer en su nombre. Quizá esta sea una de las transformaciones más significativas del debate migratorio en la UE: no solo la capacidad de la derecha radical para introducir sus propuestas en la agenda pública, sino
la progresiva asunción de parte de sus marcos discursivos y prioridades por partidos que tradicionalmente se han presentado como defensores de la democracia liberal.
Parece necesario recordar que no se trata de negar que la inmigración irregular plantea desafíos de gestión ni de cuestionar la legitimidad de los Estados para ejecutar decisiones de retorno. Se trata de
preguntarse qué problemas pretenden resolver realmente estas medidas y de exigir que se evalúen por su eficacia, proporcionalidad y respeto a los derechos. Porque, mientras se destinan importantes recursos políticos y económicos a nuevos mecanismos de externalización,
siguen recibiendo mucha menos atención cuestiones centrales para la gestión migratoria: las desigualdades, la explotación laboral, las debilidades de los servicios públicos o la inclusión en nuestras sociedades.
Reaparece, así, la paradoja del principio.
La centralidad de la inmigración en el debate público no garantiza una mejor política migratoria. Puede suceder justamente lo contrario: cuanto más se la utiliza como escenario de confrontación, menos espacio queda para hablar de cómo funcionan los permisos de residencia, la inspección laboral, las vías regulares de entrada, la acogida o la integración. La atención pública se concentra en las medidas más visibles de control, mientras los problemas cotidianos de gestión permanecen sin respuesta.
"La atención pública se concentra en las medidas más visibles de control, mientras los problemas cotidianos de gestión permanecen sin respuesta"
Y quizá aquí se encuentra la contradicción más profunda de todo lo que está sucediendo. La UE y sus Estados miembros justifican estas iniciativas en nombre de la seguridad, la estabilidad y la protección de nuestras sociedades. Sin embargo, al hacerlo,
corren el riesgo de debilitar algunos de los principios que precisamente nos definen como democracias liberales. El Estado de derecho, la igualdad ante la ley, la prohibición de la discriminación, la tutela judicial efectiva o el respeto de los compromisos internacionales
no son elementos secundarios de nuestro modelo político, sino sus fundamentos. Cuando empezamos a considerar que esas garantías pueden relativizarse porque afectan a "otras" personas, estamos introduciendo una lógica que va mucho más allá de la política migratoria.
De hecho, eso convierte
la política migratoria en una oportunidad clave para examinar la calidad democrática de una sociedad. Es lo que plantea la paradoja liberal:
¿hasta qué punto pueden las democracias adoptar medidas excepcionales, restringir garantías o tolerar vulneraciones de derechos en nombre de su seguridad y estabilidad sin erosionar los principios sobre los que se fundamentan? Al presentar la inmigración como una amenaza frente a la que es necesario defender el modelo de sociedad europeo, se corre el riesgo de debilitar precisamente los valores que lo definen.
"Al presentar la inmigración como una amenaza frente a la que es necesario defender el modelo de sociedad europeo, se corre el riesgo de debilitar precisamente los valores que lo definen"
La política migratoria se ha convertido, en este sentido, en
una prueba de fuego de la calidad democrática de la UE y sus Estados miembros. Si, en nombre del "control migratorio", aceptamos que los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley o el respeto al Estado de derecho se vuelvan negociables, quizá el problema no sea hasta dónde podemos enviar a determinadas personas, sino
hasta dónde estamos dispuestos a llegar en el debilitamiento de nuestras propias democracias.