Reino Unido adopta una ley controvertida para deportar a migrantes a Ruanda

El plan Sunak contiene tres instrumentos. Por un lado, la Ley de Seguridad de Ruanda (sobre Asilo e Inmigración), aprobada por Parlamento británico el 23 de abril de 2024. Acompañando a esta Ley, entra en vigor un tratado bilateral entre Reino Unido y Ruanda firmado el 5 de diciembre de 2023 para que la ley británica pueda implementarse. A su vez, y como tercer pilar, Ruanda ha modificado su legislación interna para adaptarla al nuevo tratado bilateral firmado con el Reino Unido.

El objetivo de este plan es detener la migración irregular que llega al Reino Unido a través del Canal de la Mancha, y permitir que los migrantes sean deportados a Ruanda para que este país decida sobre las peticiones de asilo. En el caso de que su petición sea favorable, es Ruanda quien otorga el asilo al solicitante, y este debe permanecer en dicho país. No puede regresar al Reino Unido.

Estas medidas permitirán disuadir a los migrantes de que crucen el Canal para llegar a territorio británico. La Ley pone el énfasis en los viajes irregulares y peligrosos en pequeñas embarcaciones que salen desde Francia y cruzan el Canal de la Mancha. El gobierno de Richi Sunak alude también al objetivo de desmontar el modelo de negocio de los traficantes de personas.

La idea inicial surgió durante el mandato del anterior Primer Ministro británico Boris Johnson. El proyecto de ley atravesó varias fases de examen y enmiendas, en una especie de tenso partido de ping pong parlamentario, hasta que finalmente la Ley fue aprobada el pasado 23 de abril. Se implementará, en palabras del Primer Ministro Richi Sunak, en las próximas diez/doce semanas.

En términos económicos, Reino Unido pagará 370 millones de libras durante cinco años, de acuerdo con la Oficina Nacional de Auditorías. Cada migrante deportado costará 1.800.000 libras.

A primera vista, Ruanda no parece ser el país que una persona elegiría para solicitar protección. También es cuestionable el hecho de que un gobierno como el Reino Unido busque una estrecha colaboración con Ruanda. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Ruanda?

El tratado bilateral firmado entre el Reino Unido y Ruanda declara en su preámbulo que “ambos países desean dar continuidad a sus excelentes relaciones bilaterales” y que “aprecian los profundos vínculos económicos, sociales e históricos” que les unen. También cita el tratado que Ruanda ha mostrado históricamente su capacidad de acoger a cientos de miles de refugiados, y que ofrece sistemas de protección en consonancia con los principios de solidaridad internacional.

Es cierto que Ruanda ha asumido importantes compromisos en materia de protección y asistencia a los refugiados, como la firma del Memorando de Entendimiento con la Unión Africana (UA) y con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Su objetivo es proporcionar protección y soluciones a largo plazo a los refugiados atrapados especialmente en Libia, mediante su evacuación temporal a Ruanda.

Esto, unido al hecho de que actualmente Ruanda acoge a 135.000 refugiados procedentes en su mayoría de la República Democrática del Congo y de otros países vecinos como Eritrea, Somalia y Sudán del Sur pone de relieve que Ruanda es un país abierto a la recepción de refugiados y especialmente acogedor.

A continuación, cabe preguntarse por qué la ley interna de un Estado –el Reino Unido– afirma que un determinado país, en este caso Ruanda, es un país seguro (Ley de Seguridad de Ruanda). Es decir, a qué obedece esta expresión tan rotunda sobre Ruanda como país seguro. Si es realmente un país "seguro", como lo es España o Francia, ¿por qué una ley británica tiene que manifestarlo?

La afirmación categórica, contenida en el propio título de la Ley, de que Ruanda es un país seguro es una reacción a una sentencia adoptada por el Tribunal Supremo del Reino Unido de noviembre de 2023. Dicho Tribunal sostuvo por unanimidad que Ruanda no es un país seguro, tanto por el riesgo de daños que los solicitantes de asilo sufrirían en Ruanda, como por el riesgo de que estas personas fueran expulsadas desde Ruanda a otro país.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, el gobierno del Reino Unido redactó rápidamente un nuevo tratado que refuerza las obligaciones de Ruanda en cuanto al trato de las personas deportadas. Y en el ámbito interno acuñó el término “Ley de Seguridad de Ruanda”. El poder legislativo determinó, de forma concluyente, que la peligrosidad de Ruanda era una apreciación subjetiva, y convirtió al país, ex lege, en un lugar seguro. Por tanto, la Ley obliga a los tribunales a tratar a Ruanda como un país que no presenta riesgos para los solicitantes de protección. Los jueces no pueden hacer otra interpretación. La Ley inglesa cercena una de las funciones básicas que corresponden a los tribunales: la capacidad de examinar las pruebas, decidir sobre los hechos de un caso y aplicar la ley en consecuencia. Además de usurpar a los jueces sus funciones judiciales, la recién aprobada Ley socava la separación de poderes.

Aún más. La Ley británica no solamente dice al juez inglés que Ruanda es un país seguro. Se lo traslada también a Ruanda. Le anuncia, en tono paternalista: “eres un buen chico porque yo lo digo”. Que Ruanda es uno de los países más seguros del continente africano lo viene constatando anualmente el Informe Económico Mundial. No es una función que en principio corresponda al legislativo británico. ¿Acaso al Reino Unido le agradaría que EEUU declarara en una ley que “el Reino Unido es un país seguro”?

Finalmente, se suscita la pregunta sobre si la Ley sobre Seguridad de Ruanda se ajusta a la legalidad tanto a nivel nacional como internacional. Como se explica más arriba, el Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal la política contenida en lo que era aún un proyecto de ley. Alegaba e Tribunal que "existen razones fundadas para creer que una persona que solicita asilo en el Reino Unido, si es enviada a Ruanda, correría un riesgo real de sufrir malos tratos". Por tanto, el primer desajuste legal se produce con relación a la sentencia del Tribunal Supremo. Además, también en el plano interno, esta Ley ordena a los tribunales ignorar algunas secciones clave de la Ley de Derechos Humanos británica, de 1998.

En la dimensión internacional, conforme al Convenio de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados de 1951, los Estados están obligados a no enviar –por expulsión o devolución– a los solicitantes de asilo a un lugar en el que su vida o su libertad peligre. Se trata del denominado principio de no devolución o non refoulement que concede a los refugiados un cierto “estatuto de protección internacional” que la Ley inglesa niega.

Incluso si Ruanda fuera un país seguro, el Estado responsable de aplicar el principio de no devolución y de examinar las solicitudes cuando los migrantes llegan a su territorio es el Reino Unido. El Convenio de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados no prevé que cualquier país pueda examinar las solicitudes ni que quepa externalizar este proceso.

Unido a esto, al imponer una deportación inmediata, la Ley impide que las personas que enfrentan la deportación a Ruanda puedan interponer un recurso ante una posible violación de la prohibición de no devolución ante el Reino Unido.

Por otro lado, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) prohíbe a los Estados miembros la comisión de torturas y de otros tratos crueles y degradantes. Si el Reino Unido admite deportar a las personas que se hallan bajo su control a un lugar en el que podrían ser víctimas de torturas, de manera indirecta violaría el CEDH. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en junio de 2022 ya se pronunció a este respecto. Un avión con 130 inmigrantes se disponía a despegar del Reino Unido cuando el Tribunal de Estrasburgo detuvo el despegue porque quería asegurarse de que los migrantes estarían a salvo en Ruanda.

El traslado de la responsabilidad legal a Ruanda en materia migratoria evidencia los límites del Reino Unido en lo que se refiere a debatir sus políticas de asilo en términos de una gestión realista en lugar de proteccionista.