¿Está Europa preparada para responder a la industria china?

"Algunos dicen que se avecina un segundo China shock. Pero ya está aquí. Sus efectos se sienten en nuestras comunidades y fábricas, en toda la Unión". Estas palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el estado de la Unión (SOTEU), recuerdan con contundencia lo mucho que está en juego cuando la Unión Europea debate sobre política industrial.

La sobrecapacidad productiva china está desplazando a los fabricantes europeos del mercado único al presionar los precios a la baja, lo que provoca cierres de fábricas, pérdidas de empleo y un deterioro de la actividad económica. El problema va más allá del déficit comercial de 1.000 millones de euros diarios que mantiene la UE con China: esta situación también genera dependencias potencialmente peligrosas en algunos de los sectores más estratégicos de la economía europea. La UE está respondiendo mediante su política comercial e industrial. Una de las iniciativas centrales de esta respuesta es la Ley de Aceleración Industrial o Industrial Accelerator Act.

"La sobrecapacidad productiva china está desplazando a los fabricantes europeos del mercado único al presionar los precios a la baja"

Este reglamento es la principal iniciativa legislativa de esta legislatura para las industrias estratégicas de la UE. Su objetivo es condicionar el acceso a los fondos aportados por los contribuyentes europeos al cumplimiento de determinados requisitos de producción local, tanto en la contratación pública como en otras formas de apoyo —bonificaciones, programas de arrendamiento social o subastas—. Se centra en un número limitado de sectores estratégicos, entre ellos el acero, el cemento, los vehículos eléctricos y las tecnologías limpias.

La norma pretende reservar una parte del mercado para materiales de bajas emisiones de carbono, como el acero, el cemento y el aluminio, y para tecnologías limpias, como las baterías, las bombas de calor y los aerogeneradores. Para ello, establece distintos requisitos, principalmente relacionados con las emisiones de CO₂ durante la fabricación y con el origen europeo de los productos, con el fin de garantizar que, en determinados sectores, los fondos públicos se destinen a productos fabricados en la UE. Esta política de creación de "mercados pioneros" podría ayudar a resolver uno de los principales problemas de la industria europea: la falta de una demanda interna previsible de materiales de bajas emisiones y tecnologías limpias. De este modo, también se aliviaría la presión derivada de la sobrecapacidad productiva china.

El reglamento cuenta con un amplio respaldo de los sectores industriales europeos, desde los productores de acero y cemento hasta los fabricantes y proveedores del sector del automóvil, las empresas de tecnologías limpias, los sindicatos y muchos otros actores. La perspectiva de una demanda estable podría resultar decisiva para algunas de las empresas industriales más avanzadas del continente. Las gigafactorías de baterías, como la planta que PowerCo construye en Sagunto (València), y las acerías de bajas emisiones, como la de Hydnum en Puertollano, necesitan una demanda estable y previsible para ampliar su producción y ganar competitividad.

"La perspectiva de una demanda estable podría resultar decisiva para algunas de las empresas industriales más avanzadas del continente"

El reglamento también incluirá medidas para agilizar la concesión de permisos a instalaciones industriales de determinados sectores e imponer condiciones a determinadas inversiones extranjeras directas (IED), de manera que contribuyan a crear empleo local, transferir tecnología y establecer fórmulas de propiedad compartida. Un buen ejemplo es la empresa conjunta de Stellantis y CATL en Zaragoza, participada al 50% por cada compañía y que prevé emplear a 4.000 trabajadores locales. La propuesta de la Comisión Europea, presentada en marzo, se encuentra actualmente en fase de negociación en el Parlamento Europeo y el Consejo. Su aprobación podría producirse a finales de 2026 o durante 2027.

Los objetivos del reglamento —apoyar a las industrias estratégicas de la UE mediante la demanda interna, reducir los plazos de concesión de permisos y condicionar la inversión extranjera para maximizar sus beneficios— han recibido un amplio respaldo entre los gobiernos nacionales y los partidos políticos. Sin embargo, persisten discrepancias sobre algunos detalles que pueden determinar el éxito o el fracaso de la iniciativa. La industria necesita perspectivas claras sobre la demanda y la inversión para ampliar su capacidad productiva en Europa, y no bastan las medidas a medias ni las buenas intenciones.

"La industria necesita perspectivas claras sobre la demanda y la inversión para ampliar su capacidad productiva en Europa, y no bastan las medidas a medias ni las buenas intenciones"

La propuesta que la Comisión presentó en marzo de 2026 refleja un compromiso político que ha debilitado el alcance de sus medidas industriales. Contempla numerosas excepciones y márgenes de flexibilidad, limita sus principales disposiciones a una parte muy pequeña del mercado y extiende los criterios de fabricación europea a un amplio conjunto de terceros países. Todo ello podría dar lugar a una norma débil, con escasa capacidad para estimular la demanda, que termine favoreciendo la inversión en terceros países en lugar de impulsarla en la UE.

¿Qué significa "fabricado en Europa" en la nueva ley?

Uno de los principales puntos de discusión ha sido el alcance geográfico del reglamento. Determinar qué países deben quedar incluidos en la definición de "fabricado en Europa" (Made in Europe) está resultando especialmente complicado. Algunos gobiernos quieren incorporar a todos los socios comerciales, mientras que otros prefieren limitarla a los Estados miembros. La propuesta actual incluye a los veintisiete países de la UE, además de aquellos que hayan firmado un acuerdo de libre comercio o de unión aduanera con la Unión, o sean parte del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el tipo de intervención pública y las condiciones aplicables. En total, alrededor de 90 países.

Para que el reglamento tenga efectos reales, la definición de "fabricado en Europa" no puede abarcar demasiados países, especialmente si algunos de ellos pueden perjudicar la competitividad de la UE. La reciprocidad en el trato que reciben las empresas europeas en terceros países es un factor fundamental, puesto que la mayoría de los socios comerciales de la Unión ya aplican políticas que favorecen la producción nacional para apoyar a sus propias industrias. También es esencial adoptar medidas que impidan eludir las restricciones y evitar que grandes potencias inviertan en países incluidos en la definición de "fabricado en Europa" para exportar después al mercado único, beneficiándose de las ayudas públicas.

"Para que el reglamento tenga efectos reales, la definición de «fabricado en Europa» no puede abarcar demasiados países, especialmente si algunos de ellos pueden perjudicar la competitividad de la UE"

De hecho, la inversión extranjera directa china se ha disparado en los últimos años en algunos países del entorno de la UE, como Marruecos, Serbia y Turquía, especialmente en los sectores contemplados por la Ley de Aceleración Industrial. Esto aumenta el riesgo de que las empresas chinas fabriquen baterías, vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias en esos países para exportarlas a la UE, debilitando así la eficacia de la norma.

Las negociaciones en el Parlamento Europeo y el Consejo

Los colegisladores —el Parlamento Europeo y el Consejo— están preparando sus posiciones negociadoras. En el Parlamento Europeo, el proyecto de informe elaborado por eurodiputados de los grupos de Socialistas y Demócratas, Renew Europe y Los Verdes incluye numerosas medidas destinadas a reforzar el reglamento. Las enmiendas presentadas por los distintos grupos muestran un amplio consenso entre los partidos de centro sobre las prioridades de la iniciativa.

El Partido Popular Europeo (PPE), en cambio, está mucho más dividido. Algunos de sus eurodiputados han presentado una enmienda para rechazar por completo el reglamento, mientras que su ponente alternativo en la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) propone modificaciones para reforzarlo. La delegación española del PPE parece apoyar, en términos generales, la iniciativa y está intentando fortalecer sus principales medidas. Todo apunta a que el Parlamento Europeo llegará a las negociaciones con una posición firme a favor de un reglamento que tenga efectos reales.

En el Consejo, las negociaciones se centran en definir los criterios de fabricación europea. La política de mercados pioneros prevista en el reglamento beneficiaría al conjunto de la Unión Europea al generar crecimiento y empleo, especialmente en países con una capacidad industrial considerable, como Chequia, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Polonia o Alemania. Casi todos los gobiernos nacionales han expresado su apoyo a los objetivos de la norma, aunque siguen existiendo discrepancias sobre algunos aspectos concretos. En particular, el alcance geográfico de los criterios de fabricación europea y algunas de las excepciones contempladas en la propuesta de la Comisión ocupan buena parte de las negociaciones. España ha desempeñado un papel fundamental en este debate. Como uno de los principales polos industriales de tecnologías limpias de Europa, tiene mucho que ganar con la Ley de Aceleración Industrial.

Francia y Alemania han alcanzado un acuerdo preliminar sobre las disposiciones del reglamento relativas al sector del automóvil. Los borradores indican que ambos países han acercado posiciones en torno a unos criterios estrictos de fabricación europea, aunque con la posibilidad de incorporar a otros países. Este acuerdo podría allanar el camino hacia la aprobación del reglamento, siempre que garantice el apoyo a los eslabones estratégicos de la cadena de valor, incluidas las baterías, y extienda este enfoque al resto de los sectores contemplados en la norma.

"Este acuerdo podría allanar el camino hacia la aprobación del reglamento, siempre que garantice el apoyo a los eslabones estratégicos de la cadena de valor, incluidas las baterías"

Tanto la Comisión como el Consejo han expresado su voluntad de concluir las negociaciones antes de que termine el año. Aunque no está claro que ese plazo sea realista, está claro que la UE quiere aprobar la Ley de Aceleración Industrial en los próximos meses. La norma se está debatiendo en un momento decisivo para las industrias estratégicas europeas. Su contenido definitivo y su aprobación pueden influir considerablemente en la rentabilidad de invertir y fabricar en la UE durante la próxima década. Con varias elecciones nacionales previstas para 2027, el tiempo apremia para aprobar una política industrial eficaz que los sectores estratégicos europeos necesitan con urgencia.