Las cuestiones de defensa ocupan un lugar marginal en las campañas electorales. Sin embargo,
deberían figurar entre las prioridades del Gobierno que salga de las próximas elecciones generales. España acumula cinco años de indefinición en sus documentos estratégicos de defensa, y
dicha política pública no es sostenible en un contexto internacional convulso sin directrices claras y coherentes.
En teoría, la planificación de la defensa sigue una secuencia descendente. La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) define el marco general; la Directiva de Defensa Nacional (DDN) establece las líneas maestras de la política de defensa; la Directiva de Política de Defensa (DPD) las desarrolla, y el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas (CEFAS) las traduce en estrategia militar.
La práctica reciente no obedece a esa lógica. Las últimas DDN y DPD datan de 2020, mientras que la ESN y el CEFAS son de 2021. Pero más llamativo que esa secuencia invertida fue
el silencio estratégico que vino después. El Gobierno formado tras las elecciones de 2023 no ha elaborado ninguno de los documentos que fijan las directrices de la estrategia de defensa española.
"El Gobierno formado tras las elecciones de 2023 no ha elaborado ninguno de los documentos que fijan las directrices de la estrategia de defensa española"
La anomalía resulta doblemente chocante si se contrasta con
la transformación del entorno internacional durante ese mismo periodo: la invasión rusa de Ucrania, las guerras en Oriente Medio, el debilitamiento del vínculo transatlántico, la escalada de las estrategias híbridas de Rusia contra Europa y
la creciente presión de Marruecos en la zona gris en torno a Ceuta. Y ese desajuste entre un entorno con profundos cambios y unos documentos que permanecen inmóviles ha generado situaciones paradójicas. Por ejemplo,
el despliegue de las Fuerzas Armadas españolas en el flanco este de la OTAN ha aumentado de forma significativa desde el inicio de la guerra de Ucrania y, sin embargo, si nos atenemos a los documentos guía, carece de explicación en el marco estratégico nacional. Lo mismo se puede decir de
las nuevas —y cuantiosas— inversiones en programas de modernización.
España necesita, por tanto, una nueva estrategia de defensa. Toda estrategia articula fines, modos y medios, y lo ocurrido desde la última iteración de los documentos estratégicos obliga a revisar las premisas de cada uno de esos tres elementos. En lo referido a los fines,
la nueva estrategia debería explicitar y jerarquizar los objetivos. Estos dependen, por un lado, de los intereses que se pretende defender a la luz del diagnóstico de amenazas y, por otro, del
alineamiento de la política de defensa con la política exterior, puesto que ambas constituyen una parte esencial de la acción exterior de España.
Los medios remiten fundamentalmente a
las capacidades militares. Una capacidad militar es
un sistema integrado que genera determinados efectos. En la doctrina española, ese sistema se compone de material, infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina, organización e interoperabilidad.
La primera pregunta es qué capacidades necesitamos en función de los objetivos. De la respuesta se derivan también la estructura de fuerzas y la política industrial.
La base industrial de la defensa es un componente esencial de los medios, pero
la política industrial debe estar supeditada a la política de defensa y no al revés. La revisión de premisas resulta en este caso ineludible.
Los compromisos de adquisición que está asumiendo el Gobierno, que se cuentan en decenas de miles de millones de euros, responden a un paradigma centrado en grandes plataformas (aeronaves, buques, vehículos terrestres, etc.). Ese paradigma es deficiente frente a un espacio de operaciones marcado por megatendencias que apuntan a
una creciente automatización, transparencia, letalidad, masa y velocidad. Es otro resultado perverso de que
el incremento del gasto en defensa y los grandes anuncios de inversión se produzcan dentro de un marco estratégico establecido por documentos de 2020 y 2021.
"La base industrial de la defensa es un componente esencial de los medios, pero la política industrial debe estar supeditada a la política de defensa y no al revés"
En lo referido a los modos,
un aspecto clave a revisar es el papel de España en la OTAN y en la Unión Europea. Las alianzas son un multiplicador del poder relativo. Ninguna potencia media puede cubrir por sí sola el espectro completo de amenazas, y la pertenencia a una alianza le da acceso a capacidades, inteligencia y disuasión muy superiores a las que podría generar con sus propios recursos. Sin embargo, ese beneficio no es automático. Dentro de una alianza,
la capacidad de un miembro para influir en las prioridades colectivas depende de lo que aporta y de la credibilidad de sus compromisos. Para España, la implicación es directa. La atención aliada se concentra hoy en
el flanco este, mientras que
una parte sustancial de los intereses de seguridad españoles se sitúa en el flanco sur y, en particular, en Ceuta, Melilla y Canarias. La contribución española al flanco este puede entenderse como una inversión en solidaridad aliada que genera crédito político para que los socios atiendan también las preocupaciones de España, pero
esa lógica de reciprocidad debería formularse de manera explícita en los documentos estratégicos y no inferirse a posteriori. Lo mismo vale para la Unión Europea, cuyo desarrollo de instrumentos en materia de defensa e industria abre oportunidades y, a la vez, obliga a definir
qué rol quiere desempeñar España en la construcción de una autonomía estratégica europea compatible con la OTAN.
A principios de este siglo, el Gobierno impulsó la primera Revisión Estratégica de la Defensa. Fue
un proceso de casi dos años en el que participaron políticos, funcionarios y representantes de la sociedad civil. Se tradujo en
un acuerdo de Estado entre las principales fuerzas parlamentarias de aquel momento y en un libro de más de trescientas páginas en el que, en un raro ejercicio de autoconciencia estratégica, se explicitaron y jerarquizaron los intereses nacionales.
La Revisión de 2003 estableció las directrices de la política de defensa hasta el horizonte de 2015. Aunque la Directiva de Defensa Nacional de 2012 planteaba la necesidad de realizar una nueva, ningún Gobierno ha vuelto a emprender el proceso.
Una de las principales tareas del nuevo Gobierno en materia de defensa consistirá en
reactivar la secuencia ESN-DDN-DPD-CEFAS. Pero, si se eleva el nivel de ambición, el contexto aconseja además
poner en marcha una nueva Revisión Estratégica de la Defensa. Sería también una oportunidad para
reparar el consenso en materia de acción exterior y para garantizar que las grandes líneas de la política de defensa se mantengan más allá de los cambios de Gobierno.