Lo que España se juega en Bruselas: un radar para los próximos meses

Cuando se cumplen cuatro décadas de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, la Unión se encuentra en plena mutación. En un giro copernicano, la UE está pasando de un proyecto enfocado en el comercio abierto y la confianza en el multilateralismo enraizado en la fe ciega en el vínculo atlántico y en una visión optimista de la historia, a una comunidad política concentrada en su supervivencia en el medio plazo, teniendo que tomar decisiones desagradables y buscando cómo encajar sus valores con las necesidades del mundo de hoy. 

España entró en la Unión en el principio del final de una de sus grandes mutaciones, con la creación del mercado único. Su madurez como miembro se produjo en paralelo a ese proceso de euforia comunitaria que llevó a los grandes avances de la década de los noventa e inicios del siglo XXI. Ahora llega a esta nueva mutación en una posición diferente, de mayor responsabilidad, pero también en una tendencia que puede no serle favorable. 

"España llega a esta nueva mutación en una posición diferente, de mayor responsabilidad, pero también en una tendencia que puede no serle favorable"

El país tiene intereses estratégicos repartidos en muchos ámbitos de una agenda muy activa e impredecible. En los próximos meses ganarán peso los debates más políticos respecto a la seguridad y defensa, donde España intentará mantener el enfoque de los 360 grados que ha impulsado en la OTAN. A nivel europeo está muy centrado en la amenaza de Rusia, con un comisario de Defensa, Andrius Kubilius, y una alta representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, totalmente volcados en esa dirección. No es casualidad que ambos sean bálticos: el debate europeo de seguridad y defensa gravita hacia el este. 

En el ámbito financiero, la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034 está en marcha, y tan bajo el radar está ahora mismo como brutal será después. Al ya natural proceso de aumento de peso de España en sus contribuciones se suma el cambio de prioridades, que amenazará partidas tradicionales de enorme interés para el país y que introduce muchas novedades, como el Fondo de Competitividad.

Por otro lado, España está invirtiendo mucho capital político en impulsar el debate sobre la financiación común con deuda europea para los llamados "bienes públicos europeos", acompañada fundamentalmente por Francia, como ya se ha visto en debates puntuales en Eurogrupos y a nivel de líderes. Aunque sigue habiendo una fuerte resistencia entre algunos Estados miembros, el que ya no sea tabú discutir la posibilidad de usar eurobonos para algunas partidas concretas marca un cambio fundamental respecto al pasado. 

"El grupo informal acordó buscar una «rápida revisión» del mercado de derechos de emisiones (ETS) y la tasa de ajuste de carbono en frontera (CBAM)"

Paralelamente, el debate sobre la competitividad sigue cogiendo velocidad, y la clave no estará tanto en dosieres concretos, sino en el alma de ese debate. Hay un claro pulso al respecto. Por un lado se encuentra un grupo de Estados miembros, la inmensa mayoría de ellos con Gobiernos controlados por el Partido Popular Europeo (PPE) o de partidos a su derecha, que buscan enfocar el debate fundamentalmente en simplificación y en seguir desmontando elementos del Pacto Verde. Buena parte de la industria y empresa española también quiere avanzar en esta dirección. En la reunión que estos Gobiernos celebraron antes de la cumbre informal de líderes en Alden Biesen (Bélgica), según explican fuentes diplomáticas italianas, este grupo informal acordó buscar una "rápida revisión" del mercado de derechos de emisiones (ETS) y la tasa de ajuste de carbono en frontera (CBAM). 

Al otro lado está un grupo mucho menos definido, pero entre los que está España, que quiere empujar el debate en otra dirección, manteniendo las estructuras básicas del Pacto Verde en pie. El interés de España está en enfocar la energía política en el mercado de capitales en el marco del grupo de seis grandes economías europeas (E6) que está tratando de avanzar. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha respaldado el uso de cooperación reforzada si no se logran avances tangibles de aquí a junio, por lo que será uno de los puntos a seguir de cerca dentro de la agenda política europea. En este sentido, la presentación del régimen 28 para crear un marco jurídico común para empresas que quieran operar en toda la Unión será otro punto de especial interés.

Otro pilar fundamental será la seguridad económica. A estas alturas, la Comisión sigue sin haber publicado su propuesta de Ley de Aceleración Industrial (IAA), en la que España tiene mucho interés. El Gobierno ha defendido la inclusión de cláusulas de preferencia europea como parte del documento, que aunque está previsto por agenda que vea la luz este próximo 26 de febrero, diversas fuentes comunitarias ya apuntan a un retraso de dos o tres semanas más. Dentro del texto, que se encuentra abierto en canal, según explican fuentes internas, está la cuestión de los controles a inversiones directas extranjeras (FDI), un punto de especial interés para un país que es el sexto mayor receptor de inversiones directas de países terceros, muy cerca de Francia y Alemania. 

"Hay un creciente consenso en Bruselas de que Europa se encuentra ante un «'shock' chino 2.0», que requerirá, tarde o temprano, de medidas urgentes a nivel comunitario"

En relación con este debate está una cuestión especialmente espinosa para España: China. Hay un creciente consenso en Bruselas de que Europa se encuentra ante un "shock chino 2.0", que requerirá, tarde o temprano, de medidas urgentes a nivel comunitario. España fue uno de los principales receptores de inversiones directas chinas en 2024, especialmente en el sector automovilístico, junto con Hungría y Eslovaquia, lo que le pondrá en una situación sensible, especialmente teniendo en cuenta la tendencia de Pekín a responder con contundencia a las medidas europeas hasta el momento. 

Por último, una cuestión sensible para España será todo lo que tenga que ver con la reforma del marco de ayudas de Estado, con Alemania e Italia haciendo mucha presión para un marco mucho más flexible ante la que tradicionalmente España ha sido muy cautelosa por cuestiones obvias: desde la relajación de las normas a raíz de la pandemia, Alemania y Francia han sido las principales beneficiadas de esa flexibilización, aumentando el riesgo de fragmentación del mercado interior. 

Hay muchos otros debates que son fundamentales para el país. Los cambios en el mercado eléctrico europeo, la puesta en marcha provisional del acuerdo comercial con Mercosur, apurar para aprovechar al máximo los fondos Next Generation EU antes de que se pueda solicitar el último desembolso en agosto de 2026, la presentación de la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial o el avance en la creación de una alternativa a las infraestructuras de pago dependientes de Estados Unidos son algunos ejemplos.