La contratación pública en España: opacidad y falta de competencia son un terreno abonado para la corrupción

Tramas como la del caso Koldo, Ábalos y Cerdán golpean periódicamente a la opinión pública española y alimentan las dudas sobre la integridad de las administraciones públicas, la fiabilidad de los concursos públicos y la honradez de las empresas que se alzan con ciertas contratas. Los protagonistas a uno y otro lado de la mordida pueden variar, pero el modus operandi suele coincidir: manipular los concursos de adjudicación pública para favorecer a la compañía dispuesta a sobornar a un intermediario político o administrativo sin escrúpulos. Por desgracia, según la Comisión Europea, se trata de un riesgo endémico porque los sistemas de contratación pública en España carecen de la transparencia y competencia necesarias.

"Por desgracia, según la Comisión Europea, se trata de un riesgo endémico porque los sistemas de contratación pública en España carecen de la transparencia y competencia necesarias"

España destina más de 100.000 millones de euros al año para contratas públicas de todas las administraciones (estatal, autonómica y local), un dinero que sufraga desde compras de material a la construcción de infraestructuras o la prestación de ciertos servicios. Se trata de una inversión imprescindible en la mayoría de los casos, pero expuesta a peligrosos vicios de procedimiento, como la escasa competencia entre ofertas, la falta de transparencia sobre los criterios de adjudicación o la arbitrariedad en la selección de los adjudicatarios. A todo ello se une la tremenda concentración en el mercado nacional, con apenas un 2% de la contratación pública ganada por empresas de otros países europeos, una falta de licitación transfronteriza que, según la Comisión, agrava la falta de competencia real.

Las taras del proceso son conocidas desde hace décadas y la Comisión Europea ha alertado repetidas veces sobre el alto riesgo de corrupción que entraña y su sospechosa conexión con la financiación irregular de los partidos políticos. Pero España, como muchos otros países de la Unión Europea, apenas ha tomado medidas para fortalecer la integridad de una contratación pública que una y otra vez queda en entredicho por escándalos relacionados con mordidas y chantajes, con sobornos y tráfico de influencias.

"Licitación púbica, infraestructura y financiación de partidos se han reportado como sectores de alto riesgo de corrupción", señala el último informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en España, fechado en julio de 2024. Ya antes, desde 2019, la Comisión había reclamado a España "medidas para fortalecer el marco de contratación pública a todos los niveles de la administración". Una petición que se repitió en años siguientes, en el marco de las recomendaciones anuales sobre política económica en cada país y que solo consiguió, según la evaluación de la Comisión, "algún progreso".

En ciertos casos, incluso se ha retrocedido en vigilancia y control, según lamenta Bruselas. Como en la Comunidad Valenciana, donde se ha jibarizado la Oficina antifraude, o en Baleares, donde el año pasado se cerró de un plumazo la Oficina para la prevención y lucha contra el fraude, que era el canal abierto para denuncias de posibles corruptelas y para proteger a los denunciantes.

Sin competencia, sin vigilancia y sin vías para que los perjudicados denuncien las irregularidades, los concursos son pasto abonado para que corruptos y corruptores intercambien durante años adjudicaciones y sobornos con aparente impunidad. 

En el caso Koldo, el informe de la UCO indica que incluso trataron de relajar aún más el proceso de adjudicación para allanar el camino a los concursantes dispuestos a pagar por hacerse con el contrato, entre los que la Guardia Civil apunta claramente a la constructora Acciona. De manera significativa, los competidores de esa compañía y, por tanto, potenciales perjudicados, han guardado silencio tras el descubrimiento del último escándalo de manipulación. Y eso que, según un reciente Eurobarómetro de la Comisión Europea, el 21% de las empresas que han participado en un concurso público en España creen que la corrupción les ha impedido ganar una contrata. 

"Sin competencia, sin vigilancia y sin vías para que los perjudicados denuncien las irregularidades, los concursos son pasto abonado para que corruptos y corruptores intercambien durante años adjudicaciones y sobornos con aparente impunidad"

Tampoco se ha pronunciado la patronal española, CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, se ha limitado a señalar que el caso "da una mala imagen de España hacia el mundo", pero ha achacado toda la responsabilidad a quien acepta el soborno. Aun así, en Acciona ya se han producido despidos, el primero, poco antes de la fulminante salida de Ábalos del Gobierno, y el segundo, tras la caída de Santos Cerdán.

El problema se extiende más allá de España. El Tribunal de Cuentas de la UE ha advertido de que la competencia en las licitaciones públicas se ha reducido en la última década. Y en veintitrés de los veintisiete socios comunitarios, más del 10% de las adjudicaciones se hace de forma directa, con la presencia de una sola empresa en el concurso.

Bruselas considera que por encima de ese umbral del 10% se disparan las alarmas sobre la limpieza de los procedimientos. En España, hasta el 33% de las adjudicaciones, es decir, el triple del porcentaje considerado asumible, se hace con una sola oferta sobre la mesa. Y en un 9% de las contratas se conceden sin sacarlas siquiera a concurso.

El caso español también es especialmente delicado por el abultado volumen de contratación pública que maneja, por la variedad de niveles administrativos de adjudicación (el mayor volumen, casi el 40% del total, es en la administración autonómica) y por la importancia relativa de las grandes infraestructuras. España es, además, uno de los grandes receptores de los fondos regionales de la UE, y el segundo mayor perceptor, detrás de Italia, del Fondo de recuperación NextGenerationEU, con una inyección prevista de hasta 140.000 millones de euros. Demasiado dinero como para dejar que lo repartan manos sin escrúpulos.