Martes, 28 de julio de 2026
ANÁLISIS
Puigdemont huido o de la legitimidad institucional
La preguntas, afirma el autor, son obvias: ¿este nuevo esperpento digno de serie B se hizo con la connivencia de los Mossos d'Esquadra o es un vergonzante fallo de seguridad? ¿Por qué se excluyó el secesionismo de las amenazas a la seguridad en las últimas directivas de inteligencia del CNI? Los responsables políticos debilitan seriamente el Estado de derecho cuando sitúan a los servicios de inteligencia y policiales ante el puro juego político.
Agentes de los Mossos d' Esquadra y varias personas en las inmediaciones del Parlament de Cataluña, en el parque de la Ciutadella.Kike Rincón / Europa Press / ContactoPhoto
Carles Puigdemont llegó, habló y se fugó. De nuevo. La pregunta consecuente es obvia: si este nuevo esperpento digno de serie B se hizo con la connivencia de los Mossos d'Esquadra o es un vergonzante fallo de seguridad. De nuevo. Así, la jornada terminó con un expresidente independentista en cobarde huida y un presidente no independentista siendo investido en el Parlament. Pero la situación es de una irresponsabilidad que el cambio político no ha de opacar. Si acaso fuera la segunda opción, dicho fracaso debería provocar ceses en la cúpula de la policía autonómica catalana ante la flagrante falta de eficacia. Si fuese la primera —y, ciertamente, las imágenes tras y durante el mitin en el Arco del Triunfo de Barcelona invitan a pensar en una actuación consentida políticamente— sus consecuencias son aún más graves para el prestigio y confianza institucionales. De nuevo.
Del cuestionado operativo, poco se puede analizar salvo para añadir más especulación. Pero se suma al historial de un cuerpo de seguridad cuya imagen se ha visto seriamente afectada durante esta década de tensión política en Catalunya. Altibajos en relación con el cumplimiento de las órdenes judiciales por sospechas de injerencia política, altibajos en sus relaciones con las otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —la colaboración y coordinación antiterrorista, crítica—, altibajos en su imagen hacia la sociedad catalana y española. Estos hechos dañan su reputación —por otra parte, bien ganada entre sus contrapartes—, sea error, sea designio político.
Los choques duros entre política y gestión policial en Catalunya se pueden trazar desde los años de quiebra económica y contestación social en las calles. A pesar de las sucesivas crisis, los Mossos puntuaban entre las instituciones mejor apreciadas en la comunidad autónoma, según el Centre d'Estudis d'Opinió de Catalunya. Sin embargo, ha venido empeorando su valoración entre votantes independentistas, sector de la población donde había logrado su mejor nota en 2017. Todo ello denota una fuerte politización de las percepciones en torno a la actuación policial, lo que es muy negativo. Por ende, el nuevo gobierno del PSC tiene un importante cometido ahí. Que la primera imagen seleccionada por el ya 'president' Illa para su difusión en redes haya sido acompañado por Mossos d’Esquadra advierte de la relevancia política de este cuerpo.
Por otro lado, si Puigdemont no fue apresado porque no se ha de detener a nadie más por hechos amnistiados, recogiendo las palabras de Salvador Illa, y lo que ello pudiera conllevar de conocimiento, cooperación, dejación o consentimiento del gobierno central, sería ahondar en la gravedad de esa politización de las actuaciones policiales. Es inevitable sentir el resquebrajamiento del Estado de derecho, del principio igualdad ante la ley, ante la inhibición del Estado para perseguir a un prófugo de la justicia. Esa sensación se suma a las reformas de la ley criminal en lo concerniente a los delitos de malversación y rebelión o a la aprobación de la propia amnistía. Medidas políticas con efectos penales para leyes de sastre. Y todo, mientras los memes se han sucedido en redes recordando, por comparación, situaciones absolutamente kafkianas durante la pandemia, con ese exceso de celo por parte de las autoridades para hacer cumplir el confinamiento. Un caldo de cultivo para el descrédito institucional de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La (no) persecución del expresidente no es solo cuestión de información policial, sino de inteligencia. Aunque nunca corroborado oficialmente por su ineludible carácter secreto, se ha publicado la decisión de excluir el secesionismo de las amenazas a la seguridad en las últimas directivas de inteligencia del CNI —documentos marco que marcan los objetivos del centro—. Una Directiva aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, y que también ha sido objeto de muy serias controversias políticas. Resulta complicado concebir algún escenario por el que el Estado no deba estar preocupado por movimientos secesionistas como el evidenciado con el procés, incluso con sospechas más que fundadas de determinados contactos entre miembros del antiguo gobierno de la Generalitat y elementos de la inteligencia rusa —con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 o el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2023 señalando expresamente las injerencias externas como amenaza —. Estas y otras circunstancias vinculadas al espionaje a políticos catalanes han situado al CNI en el centro de la polémica, y los decisores políticos han sido incapaces o no han querido evitarlo. Más allá del enjuiciamiento de estos hechos, tampoco contribuye a la posición exterior de España que el propio Estado parezca correr un tupido velo sobre este delicado asunto, más en un contexto tan preocupante como el que afronta Europa.
En definitiva, y más allá de la “anécdota” del regreso del expresidente, este cúmulo de desaciertos durante el procés —sea este su último capítulo o uno más en una larga serie, donde ha habido demasiados escándalos—, más allá de sus lógicas políticas directas e indirectas, pueda llevarse por delante buena parte de la confianza y el prestigio de la sociedad hacia las instituciones más vinculadas al orden y ley; en fin, ese núcleo central del Estado de derecho. En un momento de gran polarización, es preocupante que las administraciones que ejercen el monopolio de la violencia sean vistas al abur del capricho político, como instituciones de parte. Esa administración tiene que ver con la legitimidad, que en las sociedades democráticas liberales es fruto del consentimiento legal y racional. Por tanto, los responsables políticos debilitan seriamente esa legitimidad, minándola, cuando sitúan a los servicios de inteligencia y policiales ante el puro juego político. Si los políticos de veras desean abrir una nueva etapa, ojo con fomentar la desobediencia ciudadana y el descrédito policial, si quiera por negligencia; no sea que haya un momento al final, con otros muchos problemas sociales acuciantes, que no se sepa de quién son las calles.
"La pregunta consecuente es obvia: si este nuevo esperpento digno de serie B se hizo con la connivencia de los Mossos d'Esquadra o es un vergonzante fallo de seguridad"
Del cuestionado operativo, poco se puede analizar salvo para añadir más especulación. Pero se suma al historial de un cuerpo de seguridad cuya imagen se ha visto seriamente afectada durante esta década de tensión política en Catalunya. Altibajos en relación con el cumplimiento de las órdenes judiciales por sospechas de injerencia política, altibajos en sus relaciones con las otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —la colaboración y coordinación antiterrorista, crítica—, altibajos en su imagen hacia la sociedad catalana y española. Estos hechos dañan su reputación —por otra parte, bien ganada entre sus contrapartes—, sea error, sea designio político.
"A pesar de las sucesivas crisis, los Mossos puntuaban entre las instituciones mejor apreciadas en la comunidad autónoma, según el Centre d'Estudis d'Opinió de Catalunya. Sin embargo, ha venido empeorando su valoración entre votantes independentistas, sector de la población donde había logrado su mejor nota en 2017"
Los choques duros entre política y gestión policial en Catalunya se pueden trazar desde los años de quiebra económica y contestación social en las calles. A pesar de las sucesivas crisis, los Mossos puntuaban entre las instituciones mejor apreciadas en la comunidad autónoma, según el Centre d'Estudis d'Opinió de Catalunya. Sin embargo, ha venido empeorando su valoración entre votantes independentistas, sector de la población donde había logrado su mejor nota en 2017. Todo ello denota una fuerte politización de las percepciones en torno a la actuación policial, lo que es muy negativo. Por ende, el nuevo gobierno del PSC tiene un importante cometido ahí. Que la primera imagen seleccionada por el ya 'president' Illa para su difusión en redes haya sido acompañado por Mossos d’Esquadra advierte de la relevancia política de este cuerpo.
Por otro lado, si Puigdemont no fue apresado porque no se ha de detener a nadie más por hechos amnistiados, recogiendo las palabras de Salvador Illa, y lo que ello pudiera conllevar de conocimiento, cooperación, dejación o consentimiento del gobierno central, sería ahondar en la gravedad de esa politización de las actuaciones policiales. Es inevitable sentir el resquebrajamiento del Estado de derecho, del principio igualdad ante la ley, ante la inhibición del Estado para perseguir a un prófugo de la justicia. Esa sensación se suma a las reformas de la ley criminal en lo concerniente a los delitos de malversación y rebelión o a la aprobación de la propia amnistía. Medidas políticas con efectos penales para leyes de sastre. Y todo, mientras los memes se han sucedido en redes recordando, por comparación, situaciones absolutamente kafkianas durante la pandemia, con ese exceso de celo por parte de las autoridades para hacer cumplir el confinamiento. Un caldo de cultivo para el descrédito institucional de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
"Aunque nunca corroborado oficialmente por su ineludible carácter secreto, se ha publicado la decisión de excluir el secesionismo de las amenazas a la seguridad en las últimas directivas de inteligencia del CNI"
La (no) persecución del expresidente no es solo cuestión de información policial, sino de inteligencia. Aunque nunca corroborado oficialmente por su ineludible carácter secreto, se ha publicado la decisión de excluir el secesionismo de las amenazas a la seguridad en las últimas directivas de inteligencia del CNI —documentos marco que marcan los objetivos del centro—. Una Directiva aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, y que también ha sido objeto de muy serias controversias políticas. Resulta complicado concebir algún escenario por el que el Estado no deba estar preocupado por movimientos secesionistas como el evidenciado con el procés, incluso con sospechas más que fundadas de determinados contactos entre miembros del antiguo gobierno de la Generalitat y elementos de la inteligencia rusa —con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 o el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2023 señalando expresamente las injerencias externas como amenaza —. Estas y otras circunstancias vinculadas al espionaje a políticos catalanes han situado al CNI en el centro de la polémica, y los decisores políticos han sido incapaces o no han querido evitarlo. Más allá del enjuiciamiento de estos hechos, tampoco contribuye a la posición exterior de España que el propio Estado parezca correr un tupido velo sobre este delicado asunto, más en un contexto tan preocupante como el que afronta Europa.
En definitiva, y más allá de la “anécdota” del regreso del expresidente, este cúmulo de desaciertos durante el procés —sea este su último capítulo o uno más en una larga serie, donde ha habido demasiados escándalos—, más allá de sus lógicas políticas directas e indirectas, pueda llevarse por delante buena parte de la confianza y el prestigio de la sociedad hacia las instituciones más vinculadas al orden y ley; en fin, ese núcleo central del Estado de derecho. En un momento de gran polarización, es preocupante que las administraciones que ejercen el monopolio de la violencia sean vistas al abur del capricho político, como instituciones de parte. Esa administración tiene que ver con la legitimidad, que en las sociedades democráticas liberales es fruto del consentimiento legal y racional. Por tanto, los responsables políticos debilitan seriamente esa legitimidad, minándola, cuando sitúan a los servicios de inteligencia y policiales ante el puro juego político. Si los políticos de veras desean abrir una nueva etapa, ojo con fomentar la desobediencia ciudadana y el descrédito policial, si quiera por negligencia; no sea que haya un momento al final, con otros muchos problemas sociales acuciantes, que no se sepa de quién son las calles.
Alberto Bueno
Profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la UGR
Es profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada y miembro del Spanish Research Group on Defence, Armed Forces, and Society (RODAS). También es profesor adjunto en la Universidad de Leipzig (Alemania) y 'non-resident fellow' del UTSYN - Centre for Security and Total Defence (Noruega).
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27 de julio de 2026
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