La ciencia no es una "maría", es nuestra política industrial

Si se pregunta a la ciudadanía sobre el sistema científico e industrial español, la impresión mayoritaria es sin duda negativa: la narrativa apunta a un país científicamente atrasado respecto a sus vecinos que se queda más y más atrás. Sin embargo, esto no es exactamente la realidad. Según estimaciones, tanto en 2022 como entre 1996 y 2022 España fue el undécimo país en producción de publicaciones científicas. Dado que España es el decimoquinto país por PIB, nuestro país está por encima de su tamaño en producción científica. 

El problema surge en las métricas de innovación (la capacidad de desarrollar el conocimiento desde la investigación hasta la sociedad y el mercado), como número de patentes o de startups científicas e industriales. La Unión Europea, por ejemplo, clasifica a España como un “innovador moderado” en su evaluación de la innovación en la Unión. Aunque la evaluación ha mejorado en los últimos años, es crucial que lo siga haciendo para ganar en productividad y en atractivo para sectores industriales y tecnológicos punteros, y para demostrar la importancia de la ciencia a ciudadanos y empresas (lo cual también redunda en mayor inversión futura). 

"España debe mejorar enormemente en los tres aspectos principales de la transferencia de conocimiento".

Así pues, aparte de realizar una mayor inversión en ciencia, España debe mejorar enormemente en los tres aspectos principales de la transferencia de conocimiento: innovación en el sector privado, creación de nuevas empresas de base tecnológica y científica (especialmente startups deep tech), y transferencia de conocimiento a empresas ya establecidas. 

A fin de fomentar la innovación en el sector privado, aparte de atraer y retener empresas de sectores industriales y tecnológicos (algo que los PERTEs establecidos por el gobierno de coalición ya están teniendo algo de éxito en hacer), es clave lograr aumentar el tamaño de las empresas españolas, ya que tienen un tamaño medio muy inferior a las de nuestros países de referencia, lo cual lastra su eficiencia, capacidad de exportación, y productividad, redundando en menores salarios y menor reinversión en innovación.

Para aumentar el músculo de las PYMEs españolas, el Estado debería facilitar líneas de crédito y avales destinadas a que estas empresas crezcan, ya sea orgánicamente o con la adquisición de otras empresas de sus sectores. Por otro lado, es necesario incentivar la inversión de capital riesgo en estas empresas, especialmente las más innovadoras, que las permita crecer y expandirse. 

En este sentido, la reciente aprobación de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas es muy positiva, al bajar de 100.000€ a sólo 10.000€ la inversión mínima de particulares para invertir en un fondo de capital riesgo. Además, es necesario fomentar la participación de los fondos de pensiones españoles en el capital riesgo, actualmente muy baja, mediante cambios legales e incentivos fiscales. Así, el capital riesgo simultáneamente se democratizaría y aumentaría enormemente su capacidad de inversión anual.

Estas medidas también favorecerían el desarrollo de startups deep tech, para las que el capital riesgo (dispuesto a arriesgar su dinero por la posibilidad de grandes retornos) es el mejor aliado. Para incrementar la inversión en estas empresas, se debería permitir e incentivar que las universidades creen fondos de inversión de capital riesgo (debidamente capitalizados por Estado y comunidades autónomas) para invertir en las startups de su ecosistema, dándoles un primer empujón. 

"La estrategia que Francia ha desarrollado con el banco público Bpifrance, que está detrás de la explosión en emprendimiento deeptech vivida por el país galo".

Por otra parte, España debería implementar la estrategia que Francia ha desarrollado con el banco público Bpifrance, que está detrás de la explosión en emprendimiento deep tech vivida por el país galo. Bpifrance da apoyo a las startups francesas a través de múltiples tipos y niveles de inversiones y ayudas, además de ofrecer asesoramientos, conexiones industriales y de negocio, etc. 

En España, esto debería articularse a través de una enorme expansión de los programas Neotec e Innvierte del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), junto con servicios expandidos de asesoramiento y seguimiento a las empresas invertidas y otras. Esto daría un enorme empujón a las startups españolas, permitiéndoles atraer capital riesgo privado, desarrollar su producto, e internacionalizarse mucho más rápidamente. 

Finalmente, es enormemente necesario mejorar la transferencia de conocimiento de la investigación pública a las empresas ya existentes. Las PYMEs españolas no están generalmente acostumbradas a colaborar con la investigación académica, pero las que lo hacen generalmente tienen una buena experiencia y pasan a hacerlo mucho más frecuentemente. Lo mismo sucede desde el lado de los investigadores. 

Por ello, es imperativo aumentar los incentivos para la colaboración. A este respecto la nueva reforma de la Ley de la Ciencia contiene cambios positivos, como los nuevos sexenios de transferencia de conocimiento para promover que los investigadores desarrollen estas actividades. Por el lado empresarial, se deberían introducir incentivos fiscales para aquellas empresas que participen en actividades de transferencia. Asimismo, las convocatorias de financiación específicas para la colaboración académica-industrial (como el nuevo programa TransMisiones) deberían consolidarse y expandirse en los próximos años.

Sin embargo, todo esto fracasará sin un mayor contacto entre grupos de investigación y empresas que les permita encontrar a sus colaboradores relevantes. Para ello, el CDTI debería mantener una base de datos con las empresas y grupos de investigación interesados en colaborar, organizados por áreas temáticas, similar al usado en el programa Horizonte Europa de la UE. 

También se debería establecer más centros destinados a la contratación empresarial de servicios de I+D, como Tecnalia (País Vasco) o Eurecat (Cataluña), que actúen de puntos de contacto entre empresas e investigadores. En este sentido, el reciente anuncio de la creación de una farmacéutica pública-privada para comercializar terapias avanzadas desarrolladas por la investigación académica española es una excelente noticia para la transferencia tecnológica en la biomedicina de vanguardia.

"Deberían fundarse nuevos institutos del CSIC enfocados a la ciencia aplicada y la colaboración industrial en áreas tecnológicas estratégicas".

Por otro lado, deberían fundarse nuevos institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) enfocados a la ciencia aplicada y la colaboración industrial en áreas tecnológicas estratégicas, inspirados en la Sociedad Fraunhofer alemana. Distribuyendo estos nuevos centros por la geografía española, se podrían aprovechar las sinergias locales mientras se ayuda a descentralizar el CSIC y luchar contra la despoblación en las provincias rurales. El modelo ya existe en nuestro país, con el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético impulsado por el gobierno de coalición para aprovechar la embrionaria cadena de suministros del litio y las baterías de Extremadura. 

En resumen, España debería mirar a las políticas desarrolladas por los países de su entorno para fomentar la innovación a lo largo de las líneas de innovación privada, emprendimiento deep tech y transferencia tecnológica. El Estado debe convertirse en un verdadero “Estado emprendedor”, capaz de canalizar esfuerzos industriales, científicos y de inversión para transformar la producción científica en progreso y prosperidad social. Será clave que el gobierno que el gobierno mantenga la senda reformista en este ámbito, y que aumenten los fondos para ciencia e innovación hasta, al menos, alcanzar la media europea. Solo así podrá España desarrollar todo su potencial innovador.