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RAQUEL MARÍN

¿Se debe tolerar la intolerancia?

Ana I. López Ortega

5 mins - 17 de Enero de 2024, 07:00

La tolerancia es tan esencial para el funcionamiento de las democracias liberales que podría considerarse uno de sus elementos definitorios: una democracia liberal lo es en la medida en que respeta y preserva la pluralidad de opciones políticas y de modelos de buena vida. En caso contrario, es decir cuando una opción o modelo se impone sobre el resto, hablamos de dictadura. Por eso en sociedades donde se reconocen y protegen los derechos y libertades individuales se requiere cierto grado de tolerancia hacia la diferencia, que se presenta de muchas formas: desde la apariencia física al idioma o la religión, pasando por los valores morales.

Pero, ¿se debe tolerar al intolerante? Profundamente preocupado por los movimientos nazis y fascistas del periodo de entreguerras, el filósofo Karl Popper ya advirtió contra la tolerancia ilimitada porque, paradójicamente, podía conllevar la desaparición de la tolerancia misma. Por eso reclamaba «el derecho a no tolerar a los intolerantes».

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Durante décadas, la idea de que proteger la democracia liberal implicaba no tolerar discursos que infringieran las libertades civiles fue un principio axial para quienes luchaban por la inclusión social y política de grupos minoritarios. Sin embargo, este mismo argumento de la «paradoja de la tolerancia» también ha sido utilizado desde finales del siglo pasado por la mayoría de los partidos de extrema derecha europea y ahora por su variante española, Vox. Una idea a la que, según parece, se ha sumado el PP de Alberto Núñez Feijoó con su propuesta de ilegalización de partidos políticos por «deslealtad constitucional». 

Pero, a diferencia de lo que sucede en Europa, la exclusión que proponen Vox y PP se limita al «enemigo interior» o, dicho en román paladino, a los partidos independentistas. En cambio, para Geert Wilders, líder del neerlandés Partido por la Libertad, el enemigo es siempre exterior, por eso recurre a este mismo argumento para defender que no se debería permitir que los musulmanes inmigren a los Países Bajos: porque se supone que el Islam es intolerante.

Los argumentos de Santiago Abascal, Feijoó y Wilders sobre los límites de la tolerancia se hacen eco solo aparentemente de los de Popper. Porque su propuesta sobre dónde trazar la línea de lo tolerable difiere en lo esencial: Popper sostuvo que la mayoría de las formas de diversidad política, social o religiosa debían ser toleradas. Nunca trazó el límite en la diversidad ideológica, sino más bien en la incitación, por parte de algunas opciones políticas, a perseguir a individuos y grupos basándose en alguna característica idiosincrática de su diversidad. Es lo que hizo el nazismo, llevándolo a su expresión más atroz: la eliminación física del diferente, del judío. La extrema derecha española, y ahora también la más liberal, abogan por la exclusión de una parte de la ciudadanía por motivos ideológicos, mientras que la holandesa lo hace por razones religiosas. A ambas cosas se opondría sin ninguna duda Popper, defensor de las «sociedades abiertas» democráticas, si todavía viviera. 



De ahí que las propuestas que cuestionan la tolerancia religiosa, política o ideológica desafíen al núcleo duro de la democracia. En nuestro caso, la idea de excluir al que piensa diferente nace, en esencia, de un nacionalismo español excluyente que nunca ha renunciado a ser el único aceptable, como defendió Ignacio Sánchez-Cuenca hace unos días en El País. Pero ese delito de «deslealtad constitucional» que el PP quiere incluir ahora en el Código Penal, en lugar del de sedición, no solo haría de la nuestra una democracia militante, sino que convertiría la unidad nacional en un axioma predemocrático, mutilando la conversación pública y el debate político, en el que se podría discutir todo menos la unidad de una nación elevada a la categoría de Union Sacrée. Con la importante salvedad de que aquella unión sagrada estableció una tregua temporal entre las diversas facciones políticas francesas en virtud de una imperiosa necesidad mayor, la agresión alemana en la Primera Guerra Mundial, mientras que en nuestro caso esa sacramentación sería perpetua, no temporal. Si en la historia constitucional española del siglo XIX y buena parte del XX Dios y la religión católica fueron principios trascendentales, preconstitucionales, sobre los que se elevaba nuestro ordenamiento jurídico, ahora la derecha pretende hacer lo propio con la idea de nación.

«En la guerra que se avecina, Francia […] será defendida heroicamente por todos sus hijos, cuya sagrada unión no se romperá ante el enemigo, y que hoy se encuentran fraternalmente reunidos en la misma indignación contra el agresor y en la misma fe patriótica». Esas fueron las palabras que dijo Raymond Poincaré, presidente de la República, cuando el Reich alemán declaró la guerra a Francia en 1914. Y parte de su espíritu resuena ahora en las propuestas del PP y Vox. Porque, al fin y al cabo, de lo que se trata en esencia es de imponer que todos los españoles y españolas compartan una «misma fe patriótica», acabando así con la polifonía identitaria, que ellos consideran una cacofonía insoportable. Nada nuevo bajo el sol, sin embargo, el «separatista» vasco y catalán es, desde la segunda mitad del siglo XIX, el enemigo interior de España por antonomasia. La desconfianza viene de lejos, sin embargo. En el siglo XVII, Francisco de Quevedo ya lo expresó de forma bien gráfica: «son los catalanes aborto monstruoso de la política», dijo. Y parece que la opinión de nuestras derechas no ha cambiado mucho desde entonces. 
 
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