Miércoles, 29 de julio de 2026

La condena de Ratko Mladić: otra victoria para la Justicia universal

Elisa Uría Elisa Uría 25 de noviembre de 2017
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Reuters
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"Los delitos contra el Derecho internacional son cometidos por hombres, y no por entidades abstractas, y sólo mediante el castigo de los individuos que cometen tales delitos pueden aplicarse las disposiciones del Derecho Internacional".

                               Tribunal de Nüremberg

El nombre con el que se conoce popularmente a Ratko Mladić, el carnicero de Bosnia, es bastante revelador de las atrocidades que cometió el que fuera general del Ejército serbobosnio en la década de los 90. Desde el 22 de noviembre de 2017, día histórico en el que ha sido condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), podemos utilizar aquella definición sin las cautelas propias de la presunción de inocencia.

Mladić fue un prófugo de la justicia durante 15 años. Sobre él se había decretado una orden de arresto internacional que afirmaba que existían motivos suficientes para considerar que el acusado había cometido genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El exmilitar no fue detenido por la Policía serbia y entregado al TPIY para ser juzgado hasta el año 2011. Es importante señalar que la detención de Mladić era una condición que la Unión Europea había impuesto a las autoridades de este país para que se iniciaran las negociaciones de adhesión de Serbia a la organización internacional. Éstas se inauguraron formalmente en 2014 y desde entonces, es un país candidato a entrar en la Unión Europea.

El juicio comenzó en mayo de 2012 y ha durado más de cinco años, periodo durante el cual han testificado 592 personas. Finalmente, en noviembre de 2017, el excomandante de las fuerzas serbobosnias ha sido declarado culpable por genocidio, crímenes contra la humanidad – persecución, exterminio, asesinato, deportación, traslado forzado y crímenes de guerra (terror, asesinato, ataques ilegales a civiles y toma de rehenes). El tribunal concluye que Mladić "compartía la intención" y el objetivo de exterminar a los musulmanes de Bosnia. Además lo considera responsable de participar en las "organizaciones delictivas" autoras del cerco de Sarajevo y la masacre de Srebrenica, una ciudad en la parte oriental del país balcánico. En esta matanza de julio de 1995, fueron asesinados unos 8.000 hombres y niños, que habían sido separados previamente de sus madres, esposas y hermanas por parte del Ejército serbio. Se trata de la mayor masacre vivida en suelo europeo desde el fin de la II Guerra Mundial.

En el fallo, leído por el magistrado Alphons Orie, se señala que "los crímenes cometidos son los más execrables conocidos por la humanidad". La lectura de la sentencia fue interrumpida durante unos minutos debido a una "crisis de hipertensión" de Mladić, quien pidió un aplazamiento de la sesión. Sin embargo, el magistrado Orie decidió continuar con el veredicto, ante lo cual el condenado comenzó a proferir insultos a los jueces. No ha abandonado su soberbia hasta el último minuto del juicio pero, lo que es más grave, no ha expresado signo alguno de arrepentimiento a lo largo de todo el procedimiento.

Durante más de dos décadas, el TPIY ha procesado a 161 personas, ha escuchado a más de 5.000 testigos y ha celebrado más de 11.000 sesiones. Entre los condenados, cabe recordar al presidente de Serbia, Slobodan Milošević, que murió en su celda en 2006, poco antes de que los jueces dictaran sentencia o a Radovan Karadžić, exlíder político de los serbobosnios, que fue culpable de genocidio y condenado a 40 años de prisión. Precisamente, el convicto por la sentencia que hoy nos ocupa, Ratko Mladić, fue a prestar declaración en el juicio a su "compañero" Karadžić y a la salida no dudó en afirmar que el TPIY era un "tribunal satánico". No deja de resultar curioso este calificativo procedente de alguien que ha sido declarado responsable del asesinato de 8.000 almas.

Conviene recordar que el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en virtud de las facultades que le otorga el Capítulo VII de la Carta, mediante la Resolución 808, adoptada por unanimidad el 22 de febrero de 1993. La finalidad de este tribunal está claramente reflejada en su Estatuto: "Enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991".

Se trata, por tanto, de un tribunal ad hoc, como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Ambos tribunales surgen para dar respuesta a las atrocidades cometidas en dos contextos temporales y espaciales concretos. Es habitual confundir estos órganos jurisdiccionales con otras instituciones situadas en la misma ciudad holandesa de La Haya, como el Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia. Pero éstos, a diferencia de aquéllos, son órganos permanentes.

Sin embargo, existe un denominador común a todos estos tribunales residenciados en La Haya: aplicar el Derecho internacional, ése que tantas veces es desautorizado por su falta de "efectividad" y acusado, entre líneas, de utópico. La condena de Ratko Mladić es, precisamente, una muestra de la importancia de esta rama del ordenamiento jurídico y de la existencia de una justicia universal, que trasciende fronteras por encima de los intereses estatales.

Elisa Uría
Elisa Uría
Profesora de Derecho de la Unión Europea
Doctora en Derecho Internacional Público por la Universidad Carlos III de Madrid, ha realizado estancias de investigación en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. 'LLM' de Derecho Europeo en el Colegio de Europa ( Bélgica), máster en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (Erasmus en la Universidad de Bolonia). Ha impartido clases de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Crímenes Internacionales en diferentes Universidades (Carlos III, Autónoma de Madrid, Icade y Uned). Ha trabajado como abogada en el Departamento de Derecho de la Unión Europea en el despacho J & A Garrigues y en el Gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Actualmente, imparte clases sobre la protección europea de los derechos humanos en la Universidad San Pablo CEU.
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