Miércoles, 29 de julio de 2026
Derechos para los trabajadores de las plataformas digitales
En los medios de comunicación, pero también entre los académicos, el debate en torno a las plataformas digitales está centrado en discernir si los prestadores de servicios a través de ellas son trabajadores o son autónomos. Y hay veces que da la sensación de que tuviéramos que optar entre estar en un lado, donde reinaría el confort y la seguridad, y otro, donde regiría la más absoluta desprotección. Pues bien, no es enteramente así. El lado de los trabajadores ha cambiado mucho tras la crisis económica y las sucesivas reformas laborales. Basta con mirar los datos sobre temporalidad y salarios para darse cuenta de que para muchos de ellos ha dejado de ser esa zona confortable y segura. Lo mismo sucede del otro lado, donde conviven autónomos que, según el Informe de la Unión Europea The Social Protection of Workers in the Platform Economy, más que duplican el riesgo de pobreza con respecto a asalariados freelancers con niveles de ingresos y autonomía nada desdeñables.
Así, dado que en ambos lados en disputa podemos encontrar hoy situaciones asimilables, tal vez no esté de más recordar por qué se fijó hace tiempo la frontera que los separa. No se hizo para elaborar, sin más, una taxonomía de los distintos tipos de trabajo existentes, sino con una finalidad muy precisa: equilibrar o compensar, mediante el reconocimiento de una serie de derechos, procedimientos y garantías, la desigualdad o debilidad de las personas en su relación laboral, según las hermosas palabras del Tribunal Constitucional en una sentencia de sobra conocida por todos los abogados laboralistas. Y como esta situación de vulnerabilidad la podemos encontrar hoy a ambos lados de la frontera, sería más inteligente (y probablemente más justo) establecer unos mínimos para compensarla o equilibrarla con independencia del estatuto jurídico laboral de la persona que presta un servicio a otra; en lugar de seguir empeñándonos en saber en qué lado se está produciendo para aplicar o no una determinada protección.
Hay derechos como la protección de la salud, la prohibición de discriminación, la protección de datos o el derecho a organizarse y defenderse colectivamente, por poner sólo algunos ejemplos, que deben estar por encima del estatuto jurídico y que, por tanto, deben protegerse con independencia de que la persona sea un trabajador o un autónomo. Elaboremos un catálogo común de derechos aplicables al trabajo en cuanto género, especialmente en relación con la protección social que deban tener los prestadores de servicios, y el combate sobre el lado de la frontera en que se hallan será menos trascendente porque habrá un mínimo común que les proteja en su relación con el empleador, incluido cuando éste es una plataforma on-line.
[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Ésa es la tendencia que parece estar cobrando fuerza en la Unión Europea. En un documento elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos, titulado Resolution on tackling new digital challenges to the world of labour, in particular crowdwork, el sindicalismo europeo le pide a la Comisión que elabore un catálogo de derechos aplicables a los trabajadores de las plataformas digitales, entre ellos la garantía de un salario mínimo, la portabilidad de sus rankings de unas plataformas a otras, la protección frente al despido, el derecho a no ser discriminados, la protección de datos o el derecho a organizarse y negociar convenios colectivos. Y ello con independencia de cuál sea su estatuto jurídico. Esta propuesta procede, por cierto, de la denominada Declaración de Frankfurt, de 2016, primer acuerdo en Europa de un conjunto de sindicatos que han marcado una estrategia propia y común ante la eclosión de las plataformas de trabajo y que se alcanzó al amparo de Fair Crowd Work, un sindicato específico de trabajadores de plataformas digitales patrocinado por el sindicato alemán IG Metall. El Pilar Europeo de los Derechos Sociales, aprobado en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017, establece un conjunto de principios y derechos de los trabajadores, advirtiendo (y es aquí donde está la clave) de que "concierne a todas las personas con empleo, independientemente de su situación laboral"; sólo cuando se refiere a los regímenes de Seguridad Social se matiza si el trabajo es por cuenta ajena o por cuenta propia. La primera de las iniciativas legislativas derivadas de este acuerdo ya tiene este signo. Se trata de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la UE, que pretende modificar la Directiva relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones de su contrato de trabajo o relación laboral6. Pues bien, la Propuesta no se remite únicamente al concepto de trabajador en el sentido jurídicamente más estricto del término, sino que dice literalmente que "más que abordar un determinado tipo de empleo [ ] la Directiva propuesta garantizará un nivel de protección universal básico en [todas] las formas contractuales existentes y futuras". De ahí que, si sigue adelante, podría ser el primer texto legal que garantizara un mínimo de derechos típicamente laborales a todos los trabajadores, con independencia de que sean dependientes o autónomos. En todo esto caben dos reflexiones. La primera tiene que ver con la protección social; la segunda, con el nivel más adecuado para regular ese "catálogo común de los derechos del trabajo" propuesto en estas líneas. Más allá del debate sobre el estatuto jurídico que tengan los prestadores de servicios a través de plataformas, lo cierto es que su forma de trabajar no casa con la de un trabajador convencional. La fragmentación del tiempo de su prestación de servicios (en función de si está o no, y cuánto tiempo, conectado a la app) hace que también se fragmente el salario y su contribución a la Seguridad Social. Ello conforma un escenario de bajo nivel de rentas en el presente y de protección social en el futuro. Más aún, la expansión de esta forma de trabajo no es en absoluto un fenómeno aislado, sino que forma parte de otro de mayor envergadura y extensión que es la expansión de formas atípicas que, de tan frecuentes y extendidas, empiezan a considerarse más representativas que la propia fórmula tradicional del empleo por cuenta ajena, con contrato indefinido y a tiempo completo. Todo ello repercute en nuestros sistemas de Seguridad Social y nos obliga a pensar en cómo vamos a articular y financiar la protección social. Lo que hoy está sucediendo en nuestro sistema de pensiones no es algo puramente coyuntural impulsado por la crisis económica, sino el síntoma de que los cambios del mundo laboral están poniendo en riesgo un sistema que en su concepción original estaba basado en otro modelo de empleo. Tendremos, pues, que reflexionar como sociedad sobre el impacto del envejecimiento de nuestra población, claro que sí, pero también sobre cómo la discontinuidad y fragmentación del empleo afectan a la propia financiación de la Seguridad Social. Y ello sin tener en cuenta la más que probable reducción del empleo a consecuencia del avance de la revolución tecnológica. Empeñarse en fórmulas que refuerzan la contributividad supone asegurar una baja protección social a quienes, como los proveedores de servicios a través de plataformas digitales, trabajan de forma discontinua y fragmentada en el tiempo. La segunda reflexión guarda relación con el nivel al que regular la protección social y los demás derechos de los trabajadores de las plataformas digitales. Acaba de conocerse que el Reino Unido, como fruto del denominado Taylor Review, va a reconocer una serie de derechos de matriz laboral a estos prestadores de servicios/trabajo. Por supuesto, nada que objetar a una iniciativa de estas características. Sin embargo, dado que estamos ante un fenómeno que no se circunscribe a un solo país, sino de dimensión global, la articulación de los derechos mínimos de estos trabajadores debiera tener el mismo alcance. Aunque no han de descartarse otros escenarios, como la propia Organización Internacional del Trabajo, tendría que hacerse, para empezar, en el marco de la Unión Europea, en cuya agenda para el desarrollo de la platform economy debería tener un lugar preeminente.
María Luz Rodríguez
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha
Fue secretaria de Estado de Empleo del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2010-2012) y secretaria de Empleo del PSOE (2014-2016).
Es Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, ha sido docente en la universidades Carlos III y de Valladolid, y ha realizado estancias de investigación en las Universidades de Bolonia y Cambridge y en el Centro Europeo de Investigación en Política Social de Viena.
Ha publicado numerosos artículos sobre empleo y relaciones laborales en libros colectivos y revistas especializadas y es autora de los libros 'Negociación Colectiva y Solución de Conflictos Laborales'; 'La Estructura de la Negociación Colectiva' y 'El Incidente de no Readmisión', al margen de editora de 'La Negociación Colectiva Europea y Trabajadores Autónomos'.
En su trayectoria política, María Luz Rodríguez ha sido asesora del gabinete del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (2005-2007); consejera de Trabajo y Empleo (2007-2010) en el Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Empleo, Igualdad y Juventud en el mismo Gobierno (2010).
Es Presidenta del Consejo Consultivo de Sagardoy Abogados.
Ahora en portada
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
Lo más leído