Miércoles, 29 de julio de 2026
Andrés Mourenza
El panorama post-electoral El domingo el 24 de junio, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan consiguió su sueño electoral. No sólo ganó las elecciones presidenciales, logrando el 52,5% de los votos en la primera vuelta, sino que también ha convertido el país en un sistema presidencialista. Además, y a pesar de la fatiga después de 16 años gobernando, su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha conseguido la mayoría parlamentaria junto con su socio electoral Partido de Acción Nacionalista (MHP).
Antes de nada, es importante recordar por qué se adelantaron las elecciones: primero, la economía estaba deteriorándose y Erdoğan quiso evitar el voto económico en el futuro; segundo, gracias a las operaciones en Siria se había producido un aumento del nacionalismo que favorecía al Gobierno y (por último) en un momento en el que la oposición no estaba nada preparada.
Además, el país seguía (y sigue) bajo el estado de emergencia desde hace dos años. En ese contexto, la oposición ha desempeñado su papel mucho mejor de lo que se esperaba en un principio: el principal candidato de la oposición, Muharrem İnce, obtuvo el 31% de los votos, seguido por el líder izquierdista Selahattin Demirtaş, que recibió el 8,4% de las papeletas, y por la líder del nuevo partido nacionalista de centro-derecha, Meral Akşener (la única mujer de las elecciones), con el 7,3%. Este panorama confirma los resultados del referéndum del año pasado: Turquía es un país dividido en dos y muy polarizado; cada bloque sigue en su burbuja.
Con la intensificación de las operaciones militares y la caída de la confianza en los aliados y en las instituciones occidentales, el nacionalismo turco desempeña un papel muy importante en las decisiones electorales. En este contexto, el pequeño socio de la coalición (el nacionalista MHP) ha afirmado que será el contrapeso del presidente en los asuntos importantes para el país. Eso puede reforzar todavía más el peso del nacionalismo, dificultando la resolución de los problemas con los kurdos y afectando también la política exterior de Turquía en el Oriente Medio.
Hay muchos argumentos en contra de este sistema por la falta de contrapesos que supone. En resumen, la reforma incluye el cambio de un régimen parlamentario a otro presidencial, otorgando al presidente la prerrogativa de seleccionar a los ministros y nombrar al Gabinete, mientras que disminuyen drásticamente los derechos de supervisión del Parlamento. De acuerdo con la nueva Constitución, el presidente será elegido directamente por los ciudadanos turcos por un periodo máximo de dos mandatos de cinco años cada uno. Así, desaparece la figura de un presidente imparcial y se abre el camino para que un jefe de Estado se una a un partido político. La nueva Constitución define nuevas funciones para el/los vicepresidente/s, también elegidos por el presidente electo. En resumen, todos los poderes ejecutivos estarán en sus manos.
Además de este giro tan pronunciado, se aumenta el número de diputados de 550 a 600, mientras que se reduce de 25 a 18 el límite de edad para convertirse en diputado. Además, se cambia la frecuencia de las elecciones parlamentarias de cuatro a cinco años, y la nueva Constitución las programa para que se celebren junto con las elecciones presidenciales. Y se establece que el presidente puede proponer un Presupuesto y también designar a cuatro de los miembros del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, mientras que otros siete serían elegidos por el Parlamento, también controlado en la actualidad por el partido del presidente.
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha expresado su preocupación por el régimen político que puede resultar tras la implementación de esta Constitución.
Una última nota: hay que tener en cuenta que Erdoğan estará seguro en su posición porque para anticipar las elecciones presidenciales se requiere el voto de dos tercios de los parlamentarios, un escenario poco probable por la mayoría de la coalición del AKP y por el requisito de renovar la Cámara junto con el presidente. Dicho esto, su éxito como líder pasará por su manera de manejar el sobrecalentamiento de la economía, contestar a las demandas económicas de la sociedad, la actitud de su socio pequeño de coalición y, hasta cierto punto, la resiliencia de la oposición.
Antes de nada, es importante recordar por qué se adelantaron las elecciones: primero, la economía estaba deteriorándose y Erdoğan quiso evitar el voto económico en el futuro; segundo, gracias a las operaciones en Siria se había producido un aumento del nacionalismo que favorecía al Gobierno y (por último) en un momento en el que la oposición no estaba nada preparada.
Además, el país seguía (y sigue) bajo el estado de emergencia desde hace dos años. En ese contexto, la oposición ha desempeñado su papel mucho mejor de lo que se esperaba en un principio: el principal candidato de la oposición, Muharrem İnce, obtuvo el 31% de los votos, seguido por el líder izquierdista Selahattin Demirtaş, que recibió el 8,4% de las papeletas, y por la líder del nuevo partido nacionalista de centro-derecha, Meral Akşener (la única mujer de las elecciones), con el 7,3%. Este panorama confirma los resultados del referéndum del año pasado: Turquía es un país dividido en dos y muy polarizado; cada bloque sigue en su burbuja.
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Según el informe preliminar de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), "los votantes hicieron una elección genuina" en la convocatoria, "pero como se indicó claramente, las elecciones no fueron del todo justas". La razón principal de esta declaración es el control de los medios de comunicación, porque casi todos los importantes están en manos de empresarios cercanos al Gobierno. Eso ha creado una cámara de eco alrededor del AKP y su líder y es imposible para la oposición llegar a sus votantes. Si añadimos las condiciones del estado de emergencia y la utilización de los recursos del Estado (en el nivel nacional y local) en favor de la campaña electoral de Erdoğan, las elecciones resultaron aún más injustas.Con la intensificación de las operaciones militares y la caída de la confianza en los aliados y en las instituciones occidentales, el nacionalismo turco desempeña un papel muy importante en las decisiones electorales. En este contexto, el pequeño socio de la coalición (el nacionalista MHP) ha afirmado que será el contrapeso del presidente en los asuntos importantes para el país. Eso puede reforzar todavía más el peso del nacionalismo, dificultando la resolución de los problemas con los kurdos y afectando también la política exterior de Turquía en el Oriente Medio.
¿Cuáles son los cambios propuestos?La reforma constitucional de 2017 representa los cambios políticos más significativos desde el establecimiento de la República de Turquía, en 1923. El núcleo de la propuesta es que el puesto del presidente, hasta entonces primordialmente simbólico, se convirtió en plenamente ejecutivo, con poderes como jefe de Estado y jefe de Gobierno.
Hay muchos argumentos en contra de este sistema por la falta de contrapesos que supone. En resumen, la reforma incluye el cambio de un régimen parlamentario a otro presidencial, otorgando al presidente la prerrogativa de seleccionar a los ministros y nombrar al Gabinete, mientras que disminuyen drásticamente los derechos de supervisión del Parlamento. De acuerdo con la nueva Constitución, el presidente será elegido directamente por los ciudadanos turcos por un periodo máximo de dos mandatos de cinco años cada uno. Así, desaparece la figura de un presidente imparcial y se abre el camino para que un jefe de Estado se una a un partido político. La nueva Constitución define nuevas funciones para el/los vicepresidente/s, también elegidos por el presidente electo. En resumen, todos los poderes ejecutivos estarán en sus manos.
Además de este giro tan pronunciado, se aumenta el número de diputados de 550 a 600, mientras que se reduce de 25 a 18 el límite de edad para convertirse en diputado. Además, se cambia la frecuencia de las elecciones parlamentarias de cuatro a cinco años, y la nueva Constitución las programa para que se celebren junto con las elecciones presidenciales. Y se establece que el presidente puede proponer un Presupuesto y también designar a cuatro de los miembros del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, mientras que otros siete serían elegidos por el Parlamento, también controlado en la actualidad por el partido del presidente.
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha expresado su preocupación por el régimen político que puede resultar tras la implementación de esta Constitución.
¿Cómo afectará todo esto a las relaciones internacionales?Está claro que estas elecciones no van a tener un impacto revolucionario para mejorar las relaciones y restablecer la confianza, ni con la Unión Europea ni con Estados Unidos. Y eso que Turquía es un aliado muy importante para los dos lados del Atlántico y también un aliado estratégico para la OTAN. La percepción es que con la Unión Europea no habrá ningún cambio: seguiremos, de momento, con el statu quo de las negociaciones congeladas extraoficialmente y sin expectativas de un impulso positivo fuera de este marco, como pudiera ser la modernización de la Unión Aduanera. Con EE.UU. será un poco diferente, porque a ellos no les importa tener una relación totalmente transaccional con Turquía. Buscarán la manera de relacionarse independientemente de la situación interna del país.
Una última nota: hay que tener en cuenta que Erdoğan estará seguro en su posición porque para anticipar las elecciones presidenciales se requiere el voto de dos tercios de los parlamentarios, un escenario poco probable por la mayoría de la coalición del AKP y por el requisito de renovar la Cámara junto con el presidente. Dicho esto, su éxito como líder pasará por su manera de manejar el sobrecalentamiento de la economía, contestar a las demandas económicas de la sociedad, la actitud de su socio pequeño de coalición y, hasta cierto punto, la resiliencia de la oposición.
Ilke Toygür
Directora del Global Policy Center de la IE University
Directora del Global Policy Center y profesora de práctica de política europea en la School of Politics, Economics, and Global Affairs de la IE University. Además, es investigadora senior asociada en el programa de Europa, Rusia y Eurasia del CSIS en Washington D. C. y miembro electo de la junta directiva de la Trans European Policy Studies Association (TEPSA) en Bruselas. Sus principales áreas de especialización incluyen la integración europea, las elecciones y la democracia en Europa occidental, la geopolítica de Europa y las relaciones transatlánticas. Sus investigaciones y artículos han aparecido en Carnegie Europe, el German Marshall Fund of the United States, la Brookings Institution, el Financial Times, Foreign Affairs, Foreign Policy, Der Spiegel y El País, entre otros.
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