Corrección de la senda de estabilidad: a grandes males, grandes remedios
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El plan presentado por el anterior Gobierno del Partido Popular suponía un déficit total del 2,2% en 2018 y del 1,3% en 2019. Sin embargo, en relación con el déficit estructural, el plan de estabilidad presentado en abril de 2018 por el PP señala, con un desparpajo sorprendente, que:- En el caso de España, el objetivo de medio plazo (MTO) que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es más ambicioso, llegando al equilibrio estructural. En el presente PE, la ausencia de medidas a partir de 2018 no permite alcanzar la convergencia al MTO, aunque podría alcanzarse el déficit estructural del 0,5% del PIB en 2024.
Divergencia en las previsiones de déficit total y estructural (mayo 2018)
En conclusión: el Gobierno de entonces había comprometido una senda de consolidación fiscal que nadie, salvo ellos mismos, consideró creíble, y que renunciaba a actuar sobre el déficit estructural. El informe que la Comisión hizo público sobre ese marco es demoledor: España no cumpliría con sus objetivos en 2018 ni en 2019, y además, no había informado de ninguna medida para reforzar su marco fiscal.
Ante esta situación, el nuevo Gobierno anunció la semana pasada una nueva senda de consolidación fiscal que se alineaba con las previsiones de la mayoría de los actores relevantes y que, además, confirmaba un esfuerzo de consolidación fiscal similar en términos totales (0,9% del PIB) y mucho mayor en términos estructurales (0,4% del PIB). Una senda que, sin duda, gustará más en Bruselas porque es creíble, realista y alineada con el objetivo de estabilidad presupuestaria a largo plazo.
Comparación entre la senda actual, previsiones independientes y nueva senda
La modificación de la senda de déficit planteada por el Gobierno tiene tres dimensiones: la primera, confirmar lo que ya todos los organismos internacionales e independientes habían señalado, que no es otra cosa que la falta de realismo de la senda actualmente vigente. La segunda, reorientar la estrategia fiscal para recuperar ingresos públicos y consolidar más adecuadamente los fiscales a través de nuevas figuras impositivas, que permitirían incrementar el techo de gasto cumpliendo con los nuevos objetivos. Y la tercera, realizar un esfuerzo fiscal estructural que nos evite el riesgo de nuevas sanciones a partir de 2019 y que sitúe de nuevo a España en el ámbito de la credibilidad.
Sin embargo, este nuevo marco que, insistimos, corrige las graves y notorias deficiencias del actualmente vigente, corre el riesgo de ser rechazado por las Cortes Generales, particularmente por el Senado, donde el Partido Popular mantiene una mayoría absoluta. El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria señala, en una provisión sin apenas precedentes en nuestro ordenamiento jurídico, que el Senado tiene capacidad de veto de la senda, sin que el Congreso tenga capacidad de levantarlo de ninguna manera. Si no sabíamos para qué sirve el Senado, ya lo sabemos: para bloquear la gobernanza económica del país.
Este artículo, que había pasado desapercibido, supone que la Cámara Alta, que no puede paralizar el Presupuesto ni puede vetar una ley o un tratado internacional, puede paralizar, por esta vía, la actuación del Gobierno y del Congreso sin capacidad de reconducción. Circunstancia bien aprovechada por la mayoría absoluta del PP para entorpecer las tareas del nuevo Ejecutivo y, quién sabe, provocar su caída, en un empeño al que se ha sumado con entusiasmo Ciudadanos. En resumen: si nada lo remedia, el Senado bloqueará la corrección de una senda de consolidación que incumple gravemente los compromisos adquiridos con Bruselas.
La circunstancia de un conflicto institucional entre el Congreso que puede votar a favor y el Senado que va a votar en contra puede llevar a una pléyade de interpretaciones jurídicas e incluso constitucionales, pero lo cierto es que esta ausencia de última palabra en la determinación de la senda de consolidación fiscal está siendo bien aprovechada por la oposición. Con independencia de que esta circunstancia ahora beneficie a la oposición y bloquee el Gobierno, cabe considerar una opción alternativa. Si el Ejecutivo tiene la mayoría parlamentaria suficiente, debería acometer una modificación de la Ley Orgánica 2/2012 para corregir esta grave disfuncionalidad, amén de para limar algunos aspectos relacionados con la gobernanza económica y fiscal que han quedado superados por la realidad, como la aplicación estricta de la regla de gasto para ayuntamientos con superávit, la excesiva recentralización de las finanzas de las comunidades autónomas o la propia adaptación de la regla fiscal a los posibles cambios que se produjeran en el marco de eventuales reformas de la gobernanza económica de la eurozona.
Una reforma de calado llevaría su tiempo, sin duda, pero otra que permitiera limar algunos aspectos y concitar una mayoría parlamentaria en torno a la misma podría tener éxito y permitiría evitar el bloqueo del Senado, una cámara de representación mayoritaria cuyo papel en la estabilidad fiscal es notoriamente desproporcionado si lo comparamos con el resto de sus funciones, atribuciones y contrapesos institucionales.
