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Ahora, el país se enfrenta a otra posible caída en su imagen internacional, esta vez de naturaleza política, causada por los que defienden la causa del independentismo catalán y presentan al Estado español como autoritario, a sus dirigentes como incapaces de negociar y a su sistema judicial como subordinado al político. El discurso que define como presos políticos a los investigados por actos cometidos durante el procés se mezcla de modo ambiguo con un supuesto pecado original de la democracia española, que habría nacido contaminada por el pasado franquista, del que no habría logrado liberarse. Ese discurso se ha difundido ampliamente no sólo en Cataluña, sino en Europa y fuera de ella, a través de los partidos y activistas independentistas, y no ha sido contestado en el exterior con una campaña de similar intensidad por parte de los constitucionalistas españoles o del propio Gobierno de España. Sin embargo, el impacto de esa campaña de desprestigio de la democracia española en la opinión pública internacional es hasta ahora inapreciable. Sin duda, ha ocupado y ocupa espacio en los periódicos, en los media en general y en las redes sociales, pero no ha llegado a modificar la opinión que los ciudadanos de las principales potencias económicas (los miembros del antiguo G-8, es decir, Alemania, Francia, Reino Unido, EE.UU., Italia, Japón, Rusia y Canadá) o de los países latinoamericanos tienen sobre España. Éste es el resultado que se deduce de los datos procedentes del Country Rep Track, una encuesta realizada anualmente por el Reputation Institute, un centro especializado en análisis de imagen corporativa de empresas y países y que analiza específicamente el caso de España por encargo del Real Instituto Elcano. La comparación de los datos de comienzos del 2017 y los de comienzos de 2018 -es decir, antes y después de los principales acontecimientos del procés- muestran que no se ha producido un cambio en el prestigio de España, porque la variación que registra la encuesta es tan pequeña que está muy por debajo del margen de error. En una escala de 1 a 10, la evaluación general de España entre los ciudadanos del G-8 era de 7,5 y es ahora de 7,3, una diferencia estadísticamente no significativa dado el tamaño de la muestra y la variabilidad interna de las valoraciones. En el caso de Latinoamérica, la puntuación en ambos años es la misma, 6,9. La evaluación específica de los aspectos políticos (el entorno político institucional español) tampoco ha cambiado: era de 6,3 y ha pasado a 6,2. España, vista desde los países del G-8, ocupa el puesto 14º en la escala de prestigio internacional de países, en la que se mide la reputación de los medianos o grandes (las 55 principales economías del mundo). Se sitúa, por tanto, encima de democracias tan asentadas como Reino Unido, Alemania o Francia y muy por encima de la principal gran potencia, Estados Unidos, que se encuentra en el puesto 33º. En sus peores momentos, cuando la crisis económica era más grave, España bajó hasta el puesto 18º; es decir, a pesar de todo siguió figurando en una muy buena posición, en el pelotón de cabeza. Es verdad que en 2017 España estaba en el lugar 13º, es decir, ha bajado un puesto en la lista, pero en el mismo periodo Canadá ha perdido seis puestos, Australia dos, Alemania tres . Es lo habitual en los rankings: algunos bajan simplemente porque otros suben, no porque su prestigio haya disminuido.La reputación de los países
Fuente: Reputation Institute.
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