Defiendan la reputación de la Universidad

Alberto Benítez Amado 15 de septiembre de 2018

Ahora que los casos máster parecen haberse tomado un respiro tras la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón, y aunque la tesis del presidente del Gobierno sigue dando algún que otro coletazo, es un buen momento para analizar el posible impacto negativo que puede estar sufriendo la Universidad (pública). Principalmente la Rey Juan Carlos (URJC), una Universidad madrileña relativamente joven y de tamaño medio, puede tener serias dificultades para revertir la imagen negativa cultivada en los dos últimos años, desde que su anterior rector, Fernando Suárez, renunciase a su reelección acusado de plagio académico. El primer dato objetivo es que, como se aprecia en los sucesivos informes anuales publicados por la Federación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), las universidades y los organismos de investigación (así como los profesionales que trabajan en ellas) son identificados por los ciudadanos como uno de los actores institucionales en los que depositan mayores niveles de confianza general.

Confianza en las institucionesFuente: 'Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología' (2016). Fecyt.

La cuestión de fondo es si los sucesivos escándalos vinculados a la URJC y, más concretamente, a uno de sus centros, el Instituto de Derecho Público, pudieran estar dañando no sólo la imagen de esta universidad madrileña, sino a la Universidad pública española en su conjunto. Sin entrar en los pormenores académicos, judiciales y políticos de los casos Cifuentes, Casado y Montón, todos ellos suponen una clara amenaza el prestigio social y la reputación de la Universidad española como institución garante del progreso y del desarrollo, pero también como pilar fundamental de nuestro Estado de Bienestar, en tanto que la Educación Superior ha venido actuando como motor de la movilidad social.

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Un elemento común a dichos escándalos es la presunta existencia de relaciones de trato de favor por parte de los coordinadores y profesores de varios másteres orquestados desde el Instituto de Derecho Público de la URJC a determinados alumnos que, aprovechando sus posiciones institucionales (cargos públicos, pertenencia a partidos políticos, redes clientelares, etcétera), habrían obtenido facilidades manifiestas no sólo para cursarlos, sino para superarlos exitosamente y con un menor esfuerzo (elaboración del Trabajos de Fin de Máster, asistencia a clases, flexibilidad académica) y rendimiento que el resto de alumnos. Un mayoría social generalizada está percibiendo lo anterior muy negativamente. Considera inadmisible que pueda estar ocurriendo esto en la Universidad española del siglo XXI, especialmente en la pública, que es cofinanciada por la sociedad en su conjunto con no poco esfuerzo. Esta percepción se eleva hasta la indignación entre las miles de familias con rentas económicas medias-bajas que han invertido una parte importante de sus ingresos al copago de másteres oficiales para sus descendientes, en una continúa búsqueda de mejores oportunidades profesionales en un mercado laboral difícil como el español.

Fuente: Observatorio del Sistema Universitario (2016).

Esta probable crisis reputacional de la Universidad pública española, quizás exagerada mediante la generalización, como ocurre con la clase política en los momentos álgidos de que desafección, está siendo, no obstante, mal gestionada por parte de los diversos actores implicados. En el caso concreto de la URJC, sus distintos órganos de gobierno universitario se están mostrando poco contundentes, y sus actuaciones parecen estar orientadas a apagar los continuos fuegos provocados por algunos de sus profesores. Su casi segura crisis de credibilidad debiera haber motivado una actuación firme por parte no sólo de su equipo rectoral y de su Consejo de Gobierno, como máximas estructuras responsables de la dirección y administración de la institución, sino también de su Claustro universitario y de su Consejo Social. No hay que obviar que son estos órganos quienes, en virtud de las competencias atribuidas en sus estatutos internos y en la propia LOMLOU (2007), podrían cesar al actual rector, en el primer caso (artículo 52 de los estatutos); y/o exigir un rendimiento real de cuentas ante la sociedad, en el caso del Consejo Social como máximo órgano de representación social (artículo 36). La Coordinadora de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), tampoco parece que esté actuando ni con astucia ni con sensatez, sino más bien parece estar ejerciendo un rol corporativista en el sentido clásico de lobby de las universidades. Su poder y capacidad de influencia debieran ser aprovechadas de forma responsable y en aras de garantizar la salvaguarda del interés general y el bien común que representa la Universidad pública. El poder político tampoco parece que esté actuando en consecuencia, permaneciendo ajeno a una situación de máxima gravedad y motivo de preocupación de muchos de los profesionales académicos que trabajamos esforzadamente en el sector de la Educación Superior y la investigación. El Gobierno de la Comunidad de Madrid debería tener una actitud más proactiva, actuando en cooperación con la Coordinadora de Rectores de las Universidades Madrileñas en un intento por revertir el daño público que está sufriendo una de las universidades a las que más recursos públicos se han destinado en las últimas décadas. Por último, el Gobierno central debería intervenir, sin que ello implique una injerencia en la autonomía institucional de las universidades, un precepto protegido por nuestra Constitución de 1978. Para ello, debería actuar de la mano de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Académica (Aneca), endureciendo (sin que ello suponga un incremento de la burocratización ya existente) los mecanismos de control relativos a la aprobación, seguimiento y evaluación de la calidad de las titulaciones oficiales (y también los títulos propios) que expiden las universidades, poniendo coto a una expansión descontrolada que es claramente visible en el caso de los másteres. El Gobierno de Pedro Sánchez, junto con el resto de fuerzas parlamentarias, podrían finalmente darle la vuelta a esta crisis reputacional de la Universidad pública española promoviendo una ambiciosa reforma legislativa de nuestro sistema universitario. En este sentido, el Ministro de Ciencia y Universidades Pedro Duque, anunciaba hace unos días el inicio de conversaciones para acometer una reforma universitaria adaptada a los nuevos tiempos. La Educación superior y la Ciencia deberían ser una apuesta decidida de nuestros líderes políticos para avanzar y crecer como país avanzado y desarrollado. Sin embargo, la Universidad pública española no está incluida en la agenda pública por las intenciones de sus policy makers de transformarla y adaptarla a la nueva realidad internacional que nos rodea, sino por una incesante crisis reputacional. Pero, ni la ciudadanía, ni los investigadores y analistas, ni los medios, deberíamos permitir que está situación de debilidad fuese utilizada desde determinados sectores sociales y mediáticos para machacar a una institución que ha cambiado en nuestro país cuantitativa y cualitativamente, como muestran sucesivos indicadores relativos a investigación, docencia y transferencia de conocimiento (la Fundación CyD presentó el miércoles pasado su informe anual).

Sea como sea, la Universidad española inicia el nuevo curso académico, con nuevos desafíos y complejos retos a los que atender. Un otoño caliente, como el clima político que vive nuestro país

Alberto Benítez Amado

Doctorando UAM & CSIC en el Programa de Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, Investigador FPI en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, y Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III.

Como investigador científico, sus áreas de interés y/o trabajo son: Gobernanza; Políticas Públicas; Dirección y Gestión de Organizaciones; Sociología de las organizaciones; Sistemas y Políticas de Educación Superior & Ciencia; Percepciones sociales y conocimiento público de la ciencia; Opinión Pública; Economía de la Educación y el Conocimiento; Recursos Humanos; Universidades; Excelencia; Rankings de Universidades. En 2006 inició su formación académica en la Universidad de Granada (UGR), dónde cursó la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración (2006-2011), lo que le permitió inscribirse en el curso 2011-2012 en el Máster oficial bilingüe de investigación `Master in Economics & Management´. En el curso académico 2013-2014 cursó un posgrado de especialización en Investigación Social y Análisis de Datos en el Centro de Investigaciones Sociológicas, la institución sociológica de referencia en España. Desde el punto de vista profesional, en el curso 2010-2011 inició su actividad profesional investigadora como Ayudante de investigación en el ámbito académico de la dirección empresarial dentro del 'Grupo de Investigación Avanzada en Dirección Empresarial´ (GIADE) vinculado al Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, a través de una Beca competitiva de iniciación a la investigación financiada por el Plan propio de Investigación de la Universidad de Granada. En el año 2012 obtuvo una Beca competitiva FPI (MINECO) para el desarrollo de una investigación doctoral dentro del 'Grupo de investigación Sistemas y Políticas de Investigación e Innovación´ (SPRI) integrado en el Departamento de Ciencia e Innovación del CSIC-IPP. Desde ese mismo año ha sido Investigador ayudante FPI en el CSIC Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), integrado en el CCHS, participando en el Proyecto de Investigación `Organización y Políticas de promoción en el contexto de las carreras académicas´ (MICINN/CSO2011-29431, siendo I.P. del mismo la Dra. Laura Cruz-Castro). Entre agosto y diciembre de 2015 realizó una estancia breve de investigación (EEBB/MINECO 2014) en la Universidad de Twente, dónde fue Investigador visitante del `Center for Higher Education Policy Studies´ (CHEPS) y del `Department of Science, Technology and Policy Studies´ (STePS), ambos incluidos dentro del ´Instituto for Innovation and Governance Studies´ (IGS), bajo la supervisión del Dr. Harry de Boer y el Prof. Dr. Stefan Kuhlmann. Su investigación doctoral `Gobierno y organización de las universidades´ fue inscrita académicamente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid en marzo de 2014. Es desarrollada bajo la dirección científica de la Dra. Laura Cruz-Castro y el Prof. Dr. Luis Sanz-Menéndez (CSIC-IPP), y la tutoría académica de la Dra. Carmen Navarro-Gómez (Departamento de Ciencia Política y RRII de la UAM). La mencionada investigación no solo aborda un análisis sociológico y organizacional de las universidades públicas docentes-investigadoras que existen en España, sino también un análisis politológico de sus formas de organización y gobierno. Adicionalmente, también se realiza un análisis institucionalista del Sistema Universitario Español (SUE), haciendo un especial hincapié en el estudio (descriptivo) de las relaciones que históricamente se han producido entre el Estado, las universidades y la sociedad (la gobernanza universitaria en un sentido general del término), que es asimismo contextualizado en el entorno europeo-continental. Además, la investigación también analiza la influencia de las políticas regionales de educación superior en España sobre las prácticas organizativas que tienen las universidades en materia de recursos humanos académicos. Sus avances científicos (parciales y totales) han sido presentados en aproximadamente una veintena de workshops, seminarios y congresos nacionales e internacionales. En este sentido merece ser destacada su participación (como autor, coutor y/o ponente) en eventos científicos de reconocido prestigio como `International Conference on Public Policy (ICPP)´, ´Conference of the European Sociological Association (ESA)´, `European Forum for Studies of Politics for Research and Innovation (EU-SPRI)´, Atlanta Conference on Science and Innovation Policy´, `Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP)´, o `Congreso Nacional de Ciencia Política y de la Administración (AECPA)´ entre otros. Su plena involucración en la actividad investigadora, no le ha permitido apenas participar en actividades docentes. Pese a ello, merecen ser destacados su colaboración en dos proyectos de innovación docente desarrollados durante los cursos académicos de 2009/2010 y 2010/2011 impulsados por los Departamentos de Ciencia Política y de la Administración (`Compilación y creación de indicadores para la categorización de variables en la docencia de sistemas políticos comparados´, asignaturas involucradas: Política Comparada, Sistemas Políticos Contemporáneos, Política Árabe, Sistemas Políticos de América Latina), y Derecho Internacional Público y RRII (`Una simulación política de un sistema político consensual: el sistema de partidos de Líbano´, asignatura: Relaciones Internacionales) de la Universidad de Granada, ambos financiados por la UGR, una de las universidades decanas en España.

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