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Estos días se han conocido los datos de migrantes irregulares que han sido detenidos en la frontera sur en el año fiscal 2018, que acaba de finalizar. Hablamos de un aumento del 25% de detenciones respecto el año fiscal 2017, aproximadamente unas 520.000 personas en total. Pero son cifras similares a la de años recientes (2014 o 2016), y muy lejos del millón de detenidos de los años 90 y de principios de siglo. Es necesario mirar en perspectiva para evitar lanzar mensajes apocalípticos. No, no estamos en los peores años de la inmigración irregular de la frontera sur de Estados Unidos.
Paralelamente, hay que analizar el único gran cambio de tendencia migratoria que se ha producido en la última década. Los mexicanos ya no son el gran colectivo que intenta cruzar la frontera sur de Estados Unidos, ahora son también los centroamericanos los que ocupan su lugar y, en varios años, superándolo numéricamente. Pero ¿por qué centroamericanos? ¿Por qué hondureños, salvadoreños y guatemaltecos? La realidad centroamericana es tozuda. Y dura, muy dura. El Triángulo Norte lleva más de 20 años inmerso en una espiral de violencia y pobreza que ha matado a miles de personas, desdibujado el Estado de derecho en los tres países, limitando el acceso a derechos básicos, o forzado el desplazamiento interno y fuera de sus fronteras de miles de personas. El Gobierno de Honduras ha reconocido oficialmente que hay desplazados internos a causa de la violencia. Por contra, el Gobierno de El Salvador se niega a reconocer esta realidad, aunque es un hecho incontestable que miles de salvadoreños han tenido que dejar sus hogares e instalarse en otras regiones del país huyendo de la presión de las maras, el crimen organizado y la violencia de Estado. Los tres países llevan varios años ocupando los primeros puestos de la lista de países con las tasas de homicidios más elevadas del mundo, siendo comparables a la violencia producida en países en conflicto abierto. Pero en Honduras, Guatemala y El Salvador no hay guerra. O sí.
La caravana migrante que estos días recorre México no es más que el síntoma inequívoco del hartazgo de la sociedad centroamericana de una realidad que hace imposible vivir en una sociedad en paz. Una llamada de auxilio ante la incapacidad manifiesta de gobiernos de uno y otro signo político de garantizar su seguridad o de ofrecer una alternativa a una realidad que está marcando a las nuevas generaciones centroamericanas.
Mientras las miles de personas que forman la caravana caminan día a tras día buscando una alternativa a su vida actual, hay tres actores claves que van a tener que tomar una decisión más pronto que tarde: la administración Trump, el Gobierno saliente de Peña Nieto y los gobiernos centroamericanos. El presidente estadounidense ya ha tomado sus primeras decisiones, polémicas, reactivas, que ponen más presión sobre los gobiernos centroamericanos y mexicano pero no ofrece ninguna solución a la caravana migrante. Los gobiernos centroamericanos están apostando por ponerse de perfil, siendo conscientes que cualquier propuesta política que implique el retorno de sus nacionales será falsa, pues no pueden garantizar su seguridad. El último actor es quien, a su pesar, tendrá que decidir cómo gestionar esta crisis, todavía migratoria, evitando que se convierta también en política y humanitaria. Lo segundo ya se está produciendo. Lo tercero es lo más preocupante. No hay soluciones fáciles. Alguien tendrá que ceder. Peña Nieto acabará su mandato de una forma un tanto surrealista; con México convertido en un país policía, también para los centroamericanos.
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