Martes, 17 de noviembre de 2026
¿REFORMA?

¿Unión Europea o Alianza Europea de Naciones Soberanas? El debate sobre el futuro de Europa

La Unión Europea ha respondido a sus crisis ampliando competencias y reforzando sus instituciones. Ahora, partidos como Vox, el RN de Marine Le Pen o la AfD plantean invertir esa dirección. "La propuesta merece análisis, no caricatura", escribe Antonio Castrillón, economista y profesor adjunto en IE University. En este análisis examina las razones de este giro soberanista y las dificultades políticas y jurídicas de transformar la Unión desde dentro.

Antonio Castrillón Antonio Castrillón 16 de noviembre de 2026
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Banderas de la Unión Europea ondeando en Bruselas. | Consejo Europeo
Banderas de la Unión Europea ondeando en Bruselas. | Consejo Europeo
La Unión Europea ha avanzado a lo largo de su historia respondiendo a los desafíos que se le presentaban. Jean Monnet lo dejó escrito en sus memorias, publicadas en 1976: "Siempre pensé que Europa se haría en las crisis".

Esta vez, el impulso para repensar el proyecto podría no llegar de un acontecimiento externo, sino del debate político dentro de los propios Estados. Vox reivindica "una Europa de naciones soberanas que cooperan libremente" y pide "recuperar soberanía" frente a Bruselas. Giorgia Meloni defendió este mes en el Senado italiano "una Europa confederal" de "naciones libres". Marine Le Pen presentó en Bruselas, el 14 de octubre, su propuesta de subordinar la Comisión a los gobiernos, y la AfD alemana propuso, una semana después, sustituir la elección directa del Parlamento Europeo por delegados nacionales.

Con el Reagrupamiento Nacional (RN) de Le Pen en cabeza de los sondeos para las presidenciales de 2027, esa idea podría llegar al Consejo Europeo de la mano de un Estado fundador.

La propuesta merece análisis, no caricatura, porque formula sin rodeos la pregunta que la Unión lleva décadas esquivando: qué tipo de comunidad política quieren ser los europeos y quién decide en ella.

Setenta y cinco años de un proyecto común

La Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950 propuso poner la producción de carbón y acero de Francia y Alemania bajo una autoridad común, abierta a otros países, para que una guerra entre ambos fuera "no solo impensable, sino materialmente imposible".

De aquella Comunidad Europea del Carbón y del Acero, fundada en 1951 por seis países, surgieron los Tratados de Roma de 1957 y, con el tiempo, una Unión de 27 Estados. La integración avanzó por etapas: una unión aduanera completada en 1968, un mercado único en vigor desde 1993, tras el Acta Única Europea de 1986, y una moneda común desde 1999. Las políticas comunes pasaron de cuatro —la agrícola, la comercial, la de competencia y la de transporte— a ámbitos como el medio ambiente, la energía, el mercado digital, la migración o la industria de defensa.

"Marine Le Pen presentó en Bruselas su propuesta de subordinar la Comisión a los gobiernos, y la AfD alemana propuso, una semana después, sustituir la elección directa del Parlamento Europeo por delegados nacionales"
El mercado único, que en 1993 abarcaba a 345 millones de personas, reúne hoy a unos 450 millones de consumidores y 34 millones de empresas. Con un PIB de 23 billones de dólares, según el FMI, la Unión es la segunda economía del mundo. La Comisión estima que el mercado único ha elevado su PIB entre un 3% y un 4% y ha creado 3,6 millones de empleos desde 1993. Más de 18 millones de personas han participado en Erasmus desde 1987, y, según el Eurobarómetro del Parlamento Europeo de 2026, un 74% cree que su país se ha beneficiado de pertenecer a la Unión.

La integración también ha acercado a sus miembros. En el plano nominal, el euro obligó a converger en inflación, deuda, déficit y tipos de interés a largo plazo. En 1995, la inflación era del 9,7% en Grecia, del 5,2% en Italia y del 4,8% en España, frente al 1,9% de Alemania; en 1998, la de la futura zona euro había bajado al 1,1%, y la diferencia entre los bonos a diez años de los países participantes era de apenas 40 puntos básicos. En el plano real, la ampliación de 2004 abrió un intenso proceso de convergencia. El PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo de Polonia, Lituania y Rumanía equivalía entonces al 47%, el 48% y el 32% de la media de la UE de 25 miembros; en 2025, con la UE de 27 como referencia, era del 81%, el 87% y el 78%.

Desafíos y respuestas

La Unión no ha avanzado en línea recta. En 1965, De Gaulle dejó vacía la silla de Francia en protesta por la financiación agrícola y el avance de la mayoría cualificada, y la paralizó seis meses, hasta que el Compromiso de Luxemburgo instauró de facto, en enero de 1966, un veto nacional en asuntos vitales. En 1992, Dinamarca rechazó el Tratado de Maastricht con un 50,7% de votos en contra, y solo un sistema de excepciones permitió su entrada en vigor. En 2005, franceses y neerlandeses tumbaron la Constitución Europea, los segundos con un 61,6% de noes. El Tratado de Lisboa recuperó buena parte de su contenido en 2007, una salida que algunos interpretaron como un modo de sortear a los votantes.

El siglo XXI aceleró el ritmo. La crisis del euro dejó un Mecanismo Europeo de Estabilidad, una supervisión bancaria común y el "haré lo que sea necesario" de Mario Draghi. En 2015, la Unión registró más de 1,2 millones de solicitantes de asilo por primera vez, un reto que dividió a los socios hasta el Pacto de Migración y Asilo de 2024. El brexit de 2016 no tuvo imitadores. La pandemia dio lugar a NextGenerationEU, 806.900 millones de euros financiados con deuda común, y la invasión rusa de Ucrania trajo sanciones, ayuda militar conjunta y el estatus de candidato para Kiev y Chisináu.

"En 2015, la Unión registró más de 1,2 millones de solicitantes de asilo por primera vez, un reto que dividió a los socios hasta el Pacto de Migración y Asilo de 2024"
Cada uno de esos desafíos ha dejado una Unión con más instrumentos y más competencias, pero no siempre con más legitimidad percibida. Muchos pasos se dieron en cumbres extraordinarias o mediante tratados intergubernamentales, con un papel limitado del Parlamento Europeo, que en 2025 llevó al Consejo ante el Tribunal de Justicia por aprobar los préstamos de defensa sin su participación. Los soberanistas lo describen como una transferencia continua de soberanía hacia Bruselas, aunque buena parte de esas decisiones las tomaron los propios gobiernos.

Un debate sobre el futuro que viene de lejos

La Unión arrastra desde hace años varios desafíos de fondo: la dificultad de alcanzar acuerdos entre 27 gobiernos con intereses distintos, la pregunta de hasta dónde profundizar la integración económica una vez creada la moneda común y una ciudadanía que reclama más voz en las decisiones europeas. Ninguno es nuevo, y para todos ellos las propias instituciones han formulado propuestas de reforma.

En junio de 2015, los presidentes de las cinco grandes instituciones europeas firmaron el Informe de los Cinco Presidentes, que proponía completar antes de 2025 la Unión Económica y Monetaria con una unión financiera con garantía común de depósitos, una unión fiscal con un Tesoro de la zona euro y una unión política con más rendición de cuentas. El plazo venció el año pasado sin que se cumpliera.

Las dos piezas más ambiciosas muestran por qué. El sistema europeo de garantía de depósitos nunca se aprobó, atrapado entre quienes querían compartir riesgos y quienes exigían reducirlos primero. Y la deuda común, que Merkel había descartado "mientras yo viva", solo llegó con NextGenerationEU y para préstamos de defensa, siempre como excepción. La integración avanza cuando reparte beneficios y se atasca cuando obliga a compartir riesgos.

"La integración avanza cuando reparte beneficios y se atasca cuando obliga a compartir riesgos"
El debate institucional corrió una suerte parecida. En 2017, el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa planteó cinco escenarios, desde limitarse al mercado único hasta hacer mucho más juntos. La Conferencia sobre el Futuro de Europa cerró en 2022 con 49 propuestas y 326 medidas, cuya implementación ha sido desigual. En 2023, un grupo de expertos franco-alemán propuso extender la mayoría cualificada y preparar la Unión para ampliarse en 2030, y el Parlamento Europeo aprobó una reforma de los Tratados que extendía la mayoría cualificada a ámbitos como la política exterior, reducía la Comisión a 15 miembros, daba al Parlamento la iniciativa legislativa y ampliaba las competencias europeas en salud, industria, energía o defensa. El Consejo Europeo, que tiene la potestad para convocar la convención necesaria para discutir esta reforma, no lo ha hecho.

Las propuestas llevan más de una década sobre la mesa; lo que ha faltado es la decisión política. Los gobiernos han preferido mantener el statu quo antes que abrir un debate de fondo sobre el modelo.

Los límites de la arquitectura actual que señalan los soberanistas

Toda propuesta de reforma parte de un diagnóstico sobre lo que falla. El de los partidos soberanistas apunta a la arquitectura de la Unión y se resume en dos preguntas: cuánto decide Bruselas y cómo lo decide. Conviene examinarlas con detenimiento, porque algunos de los límites que señalan los reconocen también las propias instituciones europeas.

La primera es el alcance de sus competencias, que no han dejado de crecer desde los años cincuenta. Parte de esa expansión se ha producido por vías indirectas: la base jurídica del mercado interior, que permite decidir por mayoría cualificada desde 1987, se ha interpretado de forma cada vez más amplia, hasta el punto de que sus críticos y algún tribunal constitucional nacional han acusado a la Unión de actuar más allá de lo que le atribuyen los Tratados. A esa crítica se suma otra, distinta, sobre el volumen de normas. Entre 2019 y 2024, la UE aprobó unos 13.000 actos, frente a unas 3.500 leyes federales en Estados Unidos, aunque la cifra europea incluye actos de ejecución. La propia Comisión reconoce el problema y ha emprendido una simplificación normativa, con diez paquetes de revisión desde 2025 y el objetivo de reducir un 25% las cargas administrativas y un 35% las de las pymes antes de 2029.

Los mecanismos de control tampoco han servido de contrapeso. Los parlamentos nacionales han presentado más de 500 dictámenes en los que objetaban, en virtud del principio de subsidiariedad, que una propuesta europea debería regularse a escala nacional. Pero solo en tres ocasiones desde 2009 han reunido los apoyos necesarios para activar la llamada "tarjeta amarilla", y solo una llevó a la Comisión a retirar su propuesta.

La segunda es la forma de decidir y, en particular, quién tiene la última palabra. La mayor parte de la legislación se aprueba hoy por mayoría cualificada, es decir, con el respaldo de al menos el 55% de los Estados en representación del 65% de la población, además del Parlamento Europeo. Un país puede verse obligado, por tanto, a aplicar normas contra las que votó. La unanimidad solo se mantiene en los ámbitos más sensibles, como la reforma de los Tratados, la fiscalidad, la política exterior o el presupuesto, algo que estos partidos consideran insuficiente. Vox, por ejemplo, pide recuperarla allí donde lo exija la soberanía nacional, y los Patriotas defienden mantener el derecho de veto.

"La unanimidad solo se mantiene en los ámbitos más sensibles, como la reforma de los Tratados, la fiscalidad, la política exterior o el presupuesto, algo que estos partidos consideran insuficiente"
Desde su óptica, el veto es la última garantía de los intereses nacionales. Desde 2011, 15 Estados han ejercido 48 vetos sobre 40 asuntos, con Hungría a la cabeza, seguida de Polonia. Para sus detractores, es un instrumento de presión que paraliza a la Unión. Para los soberanistas, la prueba de que los Estados aún pueden defenderse de decisiones que consideran contrarias a sus intereses. De ahí que vean con recelo las fórmulas con las que Bruselas ha sorteado esos bloqueos, como la cooperación reforzada para financiar con deuda común los 90.000 millones de ayuda a Ucrania, sin Hungría, Eslovaquia ni la República Checa, o la cláusula de emergencia del artículo 122 para mantener inmovilizados los activos rusos. Las interpretan como atajos para imponer decisiones que, a su juicio, socavan el espíritu democrático de la Unión.

Por qué crecen los partidos que quieren reformar la Unión

El punto de partida es paradójico. Nunca en dos décadas habían respaldado tantos europeos algunas de las grandes políticas de la Unión: el 81% apoya una defensa común y el 74%, el euro, su máximo histórico, según el Eurobarómetro de la primavera de 2026. En Francia, el apoyo a la UE ha pasado del 38% en 2016 al 52% en 2026. Pero ese respaldo no se traduce en una adhesión sólida a sus instituciones: la confianza en la Unión, aunque está en sus niveles más altos desde 2007, apenas alcanza al 51% de los ciudadanos.

"La confianza en la Unión, aunque está en sus niveles más altos desde 2007, apenas alcanza al 51% de los ciudadanos"
Y los partidos que cuestionan su rumbo nunca habían tenido tanto peso. Las elecciones europeas de 2024 dejaron a Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas y Europa de las Naciones Soberanas con 187 de los 720 escaños. En el Consejo Europeo, partidos críticos con el rumbo de la Unión o con algunas de sus políticas estrella gobiernan en Italia, Eslovaquia y la República Checa. Y donde no gobiernan, ganan terreno. Alternativa para Alemania lidera la intención de voto con un 26%, frente al 23% de la CDU/CSU, el RN encabeza los sondeos para las presidenciales francesas con entre el 33% y el 36%, el FPÖ austriaco ronda el 36%, Chega es desde 2025 la segunda fuerza del Parlamento portugués y Vox alcanza el 17,1% en el CIS.

Estos partidos no se declaran contrarios al proyecto europeo, sino a su diseño actual. Desde el brexit, la promesa de salida ha dado paso a la de transformar la Unión desde dentro. Se puede apoyar a la UE y, a la vez, votar a quien promete cambiarla. Las razones de ese voto son varias.

Económicas. Entre 2019 y 2025, el PIB real de la Unión creció en torno a un 7%, menos de la mitad que el de Estados Unidos, cercano al 15%, y la productividad por hora trabajada de la UE equivale al 78,5% de la estadounidense. La distancia se nota en el bolsillo: en paridad de poder adquisitivo, el PIB por habitante de la UE equivale al 73% del estadounidense, según el FMI. Y los salarios no han acompañado. Entre 2020 y 2025, el salario real por hora cayó un 3% en la UE, porque los precios subieron más que las nóminas, y en Italia, España, Francia y Alemania sigue por debajo del nivel de 2020, según datos de Eurostat.

Las pequeñas empresas lo viven de cerca. Son el 99,8% del tejido empresarial y dan trabajo a dos de cada tres asalariados, pero para muchas, crecer o vender fuera de su país sigue siendo una carrera de obstáculos. El FMI equipara las barreras internas del mercado único a un arancel de hasta el 44% en las manufacturas y del 110% en los servicios, y operar con 27 marcos jurídicos distintos resulta caro para quien no tiene un departamento legal. Según un Eurobarómetro de 2025, el 70% de las pymes vende solo en su mercado nacional y casi dos tercios citan la complejidad normativa como su principal obstáculo para crecer. Los soberanistas atribuyen buena parte de ese estancamiento al exceso de regulación de Bruselas y prometen aliviarlo devolviendo competencias a los Estados, un mensaje que cala entre quienes sienten que la promesa de prosperidad compartida del mercado único se está diluyendo.

Industriales y energéticas. La doble transición, verde y digital, reduce la dependencia de los combustibles importados, atrae inversión y puede situar a Europa en la vanguardia de la sostenibilidad. Pero sus plazos y su densidad normativa, no solo climática, han pesado sobre la competitividad de la industria, y sus efectos se han dejado sentir en el empleo. El automóvil es el ejemplo más claro: los proveedores del sector anunciaron 104.000 despidos entre 2024 y 2025, frente a apenas 7.000 nuevos puestos en 2025. La Comisión ha rectificado sobre la marcha: flexibilizó en 2025 los objetivos de emisiones, propuso en diciembre suavizar la prohibición de vender coches de combustión desde 2035 y ha aplazado hasta 2027 y 2028 parte de las obligaciones de su ley de inteligencia artificial.

El precio de la energía traslada esos problemas a los hogares. La Unión importa casi el 60% de la energía que consume, y su industria paga la electricidad a más del doble que la estadounidense y la china, y el gas, a unas cuatro veces más, según la Comisión. Ese coste acaba llegando a los bolsillos: en septiembre de 2026, la inflación de la UE repuntó al 3,8%, empujada por una subida del 18,9% de la energía, y el coste de la vida es ya la principal preocupación personal para el 52% de los europeos, según el último Eurobarómetro. En las regiones industriales, donde se concentran los despidos y pesa más la factura energética, encuentran eco quienes atribuyen a Bruselas los costes de una transición que consideran forzada y hecha de espaldas a la industria y a sus trabajadores, y prometen devolver a los Estados el control de su política energética e industrial.

Migratorias. Las solicitudes de asilo por primera vez cayeron un 27% en 2025, hasta 669.400, pero la percepción de descontrol persiste: once Estados del espacio Schengen han reinstaurado controles en sus fronteras interiores, una respuesta nacional a un problema que el sistema común no ha resuelto a ojos de sus votantes. Para una parte del electorado, preocupada por la seguridad y por la preservación de su identidad cultural, la promesa soberanista de recuperar el control de las fronteras resulta especialmente atractiva.

Políticas. El sistema de partidos que construyó la Unión se ha erosionado. En 2019, populares y socialdemócratas perdieron por primera vez desde 1979 la mayoría conjunta que habían sumado en el Parlamento Europeo, y el espacio que dejaron lo ocuparon formaciones nuevas. Ese mismo año, los Veintisiete descartaron como presidente de la Comisión a los candidatos principales que los partidos europeos habían presentado en campaña, un vínculo ya de por sí indirecto, porque cada ciudadano vota a listas nacionales y no al candidato, lo que alimentó la idea de que el voto europeo pesa poco. Los procedimientos por el Estado de derecho —el abierto contra Polonia en 2017, cerrado en 2024, y el abierto contra Hungría en 2018, aún pendiente de cierre— han sido vistos por unos como una defensa de valores comunes y presentados por otros como una injerencia en asuntos nacionales. La normalización de estas fuerzas nuevas, que gobiernan en varios países y logran mayorías puntuales en la Eurocámara, ha reducido el coste de votarlas.

"La normalización de estas fuerzas nuevas, que gobiernan en varios países y logran mayorías puntuales en la Eurocámara, ha reducido el coste de votarlas"
Sociales y territoriales. La convergencia entre países ha convivido con divergencias dentro de ellos. El 28% de los europeos vive en regiones con un PIB por habitante inferior al 75% de la media, y alrededor de un tercio de las regiones no había recuperado en 2021 su nivel de 2008, según datos oficiales. La Comisión advertía en 2024 de que esa situación "alimenta una frustración que se convierte cada vez más en descontento político", y el Comité Europeo de las Regiones cifra hoy en 135 millones los europeos que viven en regiones estancadas o en declive. En los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, como la vivienda, los salarios o la protección social, la Unión apenas tiene instrumentos. El voto soberanista es, en buena medida, el voto de los territorios que se sienten rezagados.

Distintas versiones, una misma dirección

Las formaciones que defienden una alianza de Estados soberanos no comparten un mismo modelo. Los Conservadores y Reformistas de Meloni reivindican desde la Declaración de Praga "la integridad soberana del Estado nación", pero con una visión pragmática, influyendo desde dentro de las instituciones sin bloquear las decisiones comunes. El RN pone el foco en reducir el presupuesto común, aunque conservando algunos instrumentos compartidos. Vox lo pone en el plano jurídico, con la recuperación de la unanimidad donde lo exija la soberanía nacional y la primacía de la Constitución sobre el derecho europeo. La AfD plantea la reforma institucional más profunda: devolver el poder al Consejo Europeo, suprimir la elección directa del Parlamento y someter la permanencia de Alemania a referéndum si esa reforma fracasa.

No existe, además, un texto común ni una hoja de ruta que detalle qué competencias volverían a las capitales, qué instituciones se mantendrían o qué financiación requeriría esa alianza. Coinciden en el objetivo, pero no en su contenido.

Bajo una misma bandera conviven intereses nacionales que chocan entre sí. Italia, principal beneficiaria de NextGenerationEU, tendría poco que ganar con la prohibición permanente de la deuda común que propone la AfD alemana. El presupuesto plantea la misma tensión: el Institut Montaigne advertía de que el recorte de la aportación francesa que propone Le Pen chocaría con los intereses de países como Polonia o Hungría, receptores netos de fondos europeos. Y en política exterior, Rusia y Ucrania han enfrentado a soberanistas polacos y húngaros. La soberanía que todos reivindican no significa lo mismo para cada uno.

Aun así, la dirección es común: menos competencias para Bruselas, una Comisión con menos influencia, más poder para las capitales y primacía del derecho nacional. Aunque esa alianza no llegue a materializarse, la tendencia ya condiciona el debate.

Qué implicaría una alianza de naciones soberanas

Sin un texto común ni una hoja de ruta, los efectos de la propuesta solo pueden deducirse de los precedentes. Tres de ellos permiten anticipar qué cambiaría para ciudadanos y empresas.

"Rusia y Ucrania han enfrentado a soberanistas polacos y húngaros. La soberanía que todos reivindican no significa lo mismo para cada uno"
El primero tiene que ver con quién tiene la última palabra. Vox defiende la primacía de la Constitución en cuestiones de interés general, y la AfD quiere convertir el Tribunal de Justicia en un tribunal de arbitraje. Desde la sentencia Costa contra ENEL, de 1964, la primacía del derecho europeo garantiza que una misma norma se interprete igual en los 27 Estados miembros. Gracias a ella, un trabajador desplazado, un consumidor que compra en otro país o una pyme que exporta pueden invocar los mismos derechos en cualquier Estado miembro. Sin esa primacía se frenaría la ampliación de competencias por la vía judicial, como piden los soberanistas, pero cada tribunal nacional aplicaría las normas comunes a su manera. Como resumen analistas del Institut Jacques Delors, "si el derecho nacional prima, el derecho europeo deja de existir".

El segundo afecta al mercado. Una alianza de naciones soberanas no supondría tanto salir del mercado común como redefinirlo, y sus efectos dependerían de cuánta integración quedara en pie. Los países que se relacionan con la Unión desde fuera ofrecen una referencia.

En un extremo, Noruega, Islandia y Liechtenstein participan en el mercado único a través del Espacio Económico Europeo. Incorporan sus normas sin votarlas y aceptan que un órgano y un tribunal propios vigilen su cumplimiento. Suiza ocupa un punto intermedio, con acuerdos bilaterales por sectores que le dan acceso a parte del mercado y que, hasta ahora, debían negociarse y actualizarse uno a uno. El nuevo paquete firmado con Bruselas en marzo de 2026, pendiente de ratificación, prevé que adopte de forma dinámica la evolución de las normas europeas.

"Una alianza de naciones soberanas no supondría tanto salir del mercado común como redefinirlo"
En el otro extremo, el Reino Unido recuperó el control de su regulación a cambio de aduanas, certificados de origen y menos intercambios. Un estudio de investigadores de Stanford, el Banco de Inglaterra, King's College London y la Universidad de Nottingham estima que, a comienzos de 2025, el PIB británico era entre un 6% y un 8% inferior al que habría tenido dentro de la Unión, y la inversión empresarial, entre un 12% y un 18% menor.

Cuanto más se aleje la alianza de normas y árbitros comunes, más se parecerá a este último modelo. La política comercial sigue la misma lógica. Es competencia exclusiva de la Unión porque un mercado sin aranceles internos exige un arancel exterior común. Ninguna formación ha propuesto formalmente recuperarla, pero si cada Estado negociara por su cuenta, perdería el peso de un bloque de 450 millones de consumidores.

El tercero se refiere a cómo se decide. Con más unanimidad, el resto de políticas funcionaría como hoy la política exterior y la fiscalidad, donde basta un veto para paralizar una decisión. Para los soberanistas, es la garantía de que ningún país quede obligado contra su voluntad. En la práctica, también supondría más bloqueos y una Comisión reducida a coordinar. Esa Comisión es hoy la que vela por la competencia y las ayudas públicas, y sin ella el peso de cada capital dependería más de su tamaño. Si la Unión no logra consensos, tiende a decidir por separado, y eso le resta capacidad de negociar frente a Estados Unidos o China.

"Esa Comisión es hoy la que vela por la competencia y las ayudas públicas, y sin ella el peso de cada capital dependería más de su tamaño"
El balance para los ciudadanos dependería de qué se conservara. La propuesta ofrecería más control nacional sobre fronteras y migración y una aportación menor para los contribuyentes netos. En cambio, derechos como la libre circulación, Erasmus o la tarjeta sanitaria europea dependen del mismo marco común que se quiere aligerar. Y un presupuesto más pequeño recortaría sobre todo la política de cohesión, de la que dependen las regiones más rezagadas.

Qué proyecto de Europa y cuándo

Se valore como se valore, la propuesta de una Alianza Europea de Naciones Soberanas expresa una demanda que va más allá de sus votantes: que se explique para qué sirve la Unión, quién decide en ella y qué resultados ofrece.

Como reforma, tiene difícil recorrido. Transformar la Unión en una alianza de Estados exigiría modificar los Tratados, y eso requiere la unanimidad de los 27 y la ratificación en cada país, un listón que ninguna reforma de calado ha superado desde Lisboa. Pero su relevancia no depende de que llegue a aprobarse. Lo que importa es el rumbo que marca: menos competencias para Bruselas, más poder para las capitales y más desconfianza hacia las soluciones comunes.

"Lo que importa es el rumbo que marca: menos competencias para Bruselas, más poder para las capitales y más desconfianza hacia las soluciones comunes"
Tras las elecciones españolas del 29 de noviembre llega un 2027 con presidenciales en Francia y legislativas previstas en Italia, Polonia, Grecia, Finlandia y Eslovaquia, que pueden alterar la composición del Consejo Europeo. Si ese rumbo gana peso en la mesa, la Unión no necesitará cambiar sus Tratados para cambiar su funcionamiento: bastaría con más gobiernos dispuestos a usar el veto, a frenar las decisiones por mayoría o a bloquear las soluciones que hoy permiten sortearlo.

La Unión ha superado la silla vacía, los noes de 1992 y 2005, la crisis del euro, el brexit y la pandemia, y de casi todos esos desafíos salió con más capacidades. El debate sobre qué Unión quieren los europeos podría abrirse más pronto que tarde, no por decisión de las instituciones, sino por la llegada a la mesa de gobiernos con otra visión del proyecto.
Antonio Castrillón
Antonio Castrillón
Economista y profesor adjunto en IE University
Experto en investigación económica y asuntos corporativos, se desempeña como economista principal en Philip Morris International. También es profesor adjunto de Economía Pública en IE University. Anteriormente, trabajó como responsable de coordinación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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