La campaña electoral que debería ser y no será

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre llega en un momento en que la vivienda se ha convertido en el principal malestar social del país. La acampada en la Puerta del Sol y meses de tensión sobre el precio del alquiler han dado a la campaña su telón de fondo, y todo indica que los partidos la plantearán en clave de plebiscito sobre esa cuestión. Es comprensible y, en buena medida, justificado: pocas preocupaciones atraviesan tantas generaciones y territorios a la vez.

En los últimos días ha entrado en escena un segundo asunto: las pensiones. Pero el debate se ha planteado en sus términos más elementales: si se van a pagar o no. La respuesta debería darse por descontada, faltaría más, y precisamente por eso la discusión elude lo sustantivo: quién las financia, con qué recursos y a costa de qué otras partidas. Se habla de pensiones, sí, pero no de lo mollar.

"El debate de las pensiones se ha planteado en sus términos más elementales: si se van a pagar o no. La respuesta debería darse por descontada"

El riesgo para España está en lo que queda fuera de plano. Los incentivos electorales penalizan las reformas cuyos costes son inmediatos y cuyos beneficios llegan tarde, y tres de los desequilibrios más relevantes de la economía española responden exactamente a ese perfil: un sistema de pensiones cuya ecuación ya no cuadra, una base industrial en retroceso y un debate fiscal que rara vez entra en la eficiencia del gasto. Ninguno ofrece titulares favorables a corto plazo y, cuando alguno asoma, como ocurre ahora con las pensiones, lo hace por su lado más superficial. Los tres condicionan lo que podrá hacer el Gobierno que salga de las urnas, y los tres merecerían un debate electoral de mayor profundidad.

Pensiones: no si se pagan, sino quién las paga

Que las pensiones se van a pagar no está en discusión; lo que merece debate es cómo y a qué precio. Conviene, además, desactivar un marco engañoso. El debate sobre las pensiones no es, en esencia, un conflicto generacional entre jubilados que cobran de más y jóvenes que no llegan a fin de mes. Es una cuestión de aritmética. El sistema de reparto, en el que los cotizantes de hoy financian las pensiones de hoy, resulta superior a la capitalización cuando la población y la productividad crecen más deprisa de lo que rinde el ahorro invertido, una condición que la literatura económica formalizó a finales de los años cincuenta y que la España de la expansión del Estado del bienestar cumplía con holgura.

Fernando Pinto, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha descompuesto con datos oficiales de 2025 una pregunta que casi nadie se hace con números en la mano: quién paga realmente las pensiones. Su respuesta: de cada 100 euros que se pagan en pensiones, 73 salen de cotizaciones sociales, 23 de impuestos y 4 se pagan con deuda.

El sistema costó en 2025 unos 218.700 millones de euros. Las cotizaciones baten récords, pero no llegan: el Estado tuvo que aportar más de 50.000 millones vía impuestos y prestar a la Seguridad Social otros 8.400 millones.

"De cada 100 euros que se pagan en pensiones, 73 salen de cotizaciones sociales, 23 de impuestos y 4 se pagan con deuda"

Hay, además, una factura que no se ve. Según los cálculos de Pinto, la deuda acumulada de la Seguridad Social alcanza ya los 136.180 millones de euros, casi diez veces lo que hay en la "hucha" de las pensiones. Esos préstamos no devengan intereses para la Seguridad Social, pero el Estado sí se financia en el mercado para concederlos. Con un coste medio de la deuda del 2,31%, son unos 3.150 millones de euros al año solo en intereses. Ese dinero sale de los Presupuestos Generales y compite directamente con la sanidad, la educación, la dependencia y el resto de partidas del Estado del bienestar.

La tendencia, además, no juega a favor. La condición que hacía ventajoso el sistema de reparto se ha debilitado por sus dos lados: la productividad lleva años estancada, en buena medida por un modelo productivo de escaso valor añadido, y la demografía envejece sin pausa, con la jubilación de 6,6 millones de baby boomers en el horizonte. La AIReF avaló en mayo la previsión de gasto del Gobierno, con un gasto neto en pensiones del 13% del PIB de media hasta 2050, pero advirtió de que la deuda pública podría alcanzar el 123% del PIB en ese año. La inmigración de los últimos años, como ha subrayado Funcas, mejora la relación entre cotizantes y pensionistas, pero no basta por sí sola para corregir la tendencia.

La consecuencia política es clara: el sistema no necesita otro parche, sino una revisión profunda del modelo. Desde hace dos décadas, cada legislatura le añade una pieza (un nuevo índice de revalorización, un mecanismo de equidad intergeneracional, una subida de cotizaciones, un trasvase desde los Presupuestos) que resuelve el titular del año y aplaza la pregunta de fondo. Cada reforma aplazada traslada el ajuste al Gobierno siguiente, que lo afronta con menos margen fiscal, más intereses que pagar y una pirámide de población más envejecida.

"Cada reforma aplazada traslada el ajuste al Gobierno siguiente, que lo afronta con menos margen fiscal, más intereses que pagar y una pirámide de población más envejecida"

Esa revisión debería ser uno de los grandes debates de esta campaña. Hay referencias de sobra. Suecia aprobó en 1994, con el apoyo de cinco partidos de signo distinto, un sistema de cuentas nocionales con una parte de capitalización, al que en 2001 añadió un mecanismo automático de equilibrio, y lo ha mantenido como un acuerdo de Estado al margen de los cambios de gobierno. Austria introdujo en 2003 la llamada mochila, una cuenta individual alimentada por el empresario que acompaña al trabajador a lo largo de su vida laboral y que puede destinarse a complementar la jubilación.

Pueden gustar más o menos, y ninguno se trasplanta sin adaptarlo. Modelo sueco, modelo austriaco o el que cada partido quiera defender, pero que lo defienda con números, con un calendario y con un reparto claro de quién paga qué. Lo que un país con 218.700 millones de euros al año en juego no puede permitirse es otra campaña en la que la única promesa sea que las pensiones se pagarán.

Industria: de la ausencia de política al plan que falta

El segundo elemento crítico es la ausencia de una política industrial sostenida. Según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la industria manufacturera ha pasado de aportar el 17,9% del valor añadido de la economía a comienzos de siglo al 11,8% en 2024, 3,9 puntos por debajo de la media europea y lejos del objetivo comunitario del 20%. En ese periodo se han perdido 723.500 empleos industriales, una cuarta parte del total.

El turismo y los servicios han compensado en empleo, y su contribución merece reconocimiento. Pero su productividad por hora trabajada es sensiblemente inferior, y una economía que se especializa en actividades de bajo valor añadido erosiona su crecimiento potencial. Y está estrechamente ligado al punto anterior: sin productividad no hay salarios más altos, ni cotizaciones suficientes, ni margen fiscal.

Según un documento reciente del Banco de España, la productividad por hora trabajada en España se situaba en 2025 en torno al 80% de la de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Una parte de esa brecha tiene que ver con la estructura empresarial: solo el 35% de los trabajadores españoles está en empresas de más de 50 empleados, frente al 66% en Alemania, según datos de la OCDE. El tamaño importa: las empresas pequeñas invierten menos en tecnología, innovan menos y aprovechan peor sus recursos, lo que limita su potencial de ganar productividad. El propio Banco de España atribuye buena parte de la mejora registrada desde 2013 al desplazamiento de capital y trabajo hacia las empresas más productivas dentro de cada sector.

A ello se suma un efecto de composición, la llamada enfermedad de Baumol: cuando el peso de la economía se desplaza desde la industria hacia sectores con menor progreso técnico, la productividad agregada se resiente aunque cada sector mejore por separado. Entre 2000 y 2013, la caída del peso de las manufacturas lastró así la productividad total de los factores (PTF) en España. La conclusión es clara: elevar la PTF, el componente que recoge la eficiencia y el progreso técnico, es imperativo. Pese a su mejora desde 2013, la brecha acumulada con las grandes economías del euro sigue en torno al 8%, y cerrarla exigiría sostener el diferencial favorable de crecimiento durante dos o tres décadas.

"Cuando el peso de la economía se desplaza desde la industria hacia sectores con menor progreso técnico, la productividad agregada se resiente aunque cada sector mejore por separado"

Este diagnóstico no es nuevo, ni faltan documentos que lo recojan. El Ministerio de Industria presentó en febrero de 2019 las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030, que ya fijaban como prioridades elevar la productividad y el peso de la industria en el PIB, impulsar la digitalización y la internacionalización y avanzar en la descarbonización. En diciembre de 2024, remitió al Congreso el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, llamado a sustituir una norma de 1992. Tras casi dos años en fase de enmiendas, el proyecto decae con la disolución de las Cortes, y los datos muestran que la brecha sigue abierta.

La pregunta que la campaña debería obligar a responder con medidas concretas es qué hará España, con sus propios instrumentos, para recuperar peso industrial. La reindustrialización exige una continuidad que va más allá de una legislatura. Un debate electoral que profundice en el cómo, con objetivos medibles y un calendario, permitiría a los votantes comparar proyectos de país en lugar de declaraciones de intenciones.

Eficiencia del gasto público versus fiscalidad: del cuánto al para qué

Es previsible que la fiscalidad se plantee en campaña como una disyuntiva entre subir o bajar impuestos, y que cada formación se apoye en el indicador que mejor sustente su posición. La presión fiscal, la recaudación sobre el PIB, sitúa a España cerca de la media europea. El esfuerzo fiscal, que pone esa presión en relación con la renta por habitante, la sitúa, según el Instituto de Estudios Económicos, un 17,8% por encima de la media de la UE. Ambas mediciones responden a preguntas distintas: la primera describe el tamaño de la recaudación; la segunda, lo que esta supone para los contribuyentes en función de su nivel de renta. La segunda tiene sus críticos, que señalan que tiende a penalizar a los países de menor renta. Utilizadas como argumento de parte, las dos cifras alimentan un debate circular.

El contexto añade una dimensión adicional. La Agencia Tributaria ingresó 325.356 millones de euros en 2025, un 10,4% más que el año anterior, en un periodo marcado por el crecimiento económico, la inflación y diversos cambios normativos. Con independencia de cómo se valore esa evolución, esa cifra récord eleva el nivel de exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.

Basta con ver la situación de nuestros vecinos por el norte. En Francia, el malestar por el deterioro percibido de servicios como la sanidad o el transporte, en un contexto de elevado coste de la vida, se ha traducido en movilizaciones sociales significativas y en una creciente desconfianza hacia las instituciones. España, huelga general mediante, no está necesariamente abocada a esa situación, pero la tendencia es orientativa. Los ciudadanos europeos prestan cada vez más atención al destino de cada euro recaudado: la duración de las listas de espera, la puntualidad del transporte, el mantenimiento de las infraestructuras, la calidad de la educación o la atención a la dependencia. La campaña ofrece una oportunidad para anticiparse y posicionarse.

"Los ciudadanos europeos prestan cada vez más atención al destino de cada euro recaudado"

Evaluar la eficiencia del gasto es una condición de buen gobierno. La AIReF lleva años realizando revisiones de gasto (spending reviews) cuyo grado de aplicación ha sido desigual, y que ofrecen una base útil para ese debate.

Un debate centrado en la eficiencia de los servicios públicos, es decir, en qué se financia, con qué resultados y cómo se rinden cuentas, resultaría más útil que la reiteración de posiciones sobre el nivel de los impuestos, y permitiría a los partidos, sea cual sea su orientación, contrastar propuestas verificables.

El verdadero examen de la campaña

Los tres asuntos comparten una lógica temporal: exigen decisiones con costes inmediatos para obtener resultados que se verán, en el mejor de los casos, en la legislatura siguiente. Por eso es poco probable que ocupen el centro de una campaña de ocho semanas, y por eso mismo constituirían la mejor medida de la ambición de los programas.

"Los tres asuntos comparten una lógica temporal: exigen decisiones con costes inmediatos para obtener resultados que se verán, en el mejor de los casos, en la legislatura siguiente"

Hablar de vivienda es necesario. Pero una campaña de calidad debería medirse por la profundidad con la que los partidos aborden lo estructural: una reforma de las pensiones que no sea un parche más, un plan industrial con medidas concretas para relanzar la productividad y el valor añadido, y unos servicios públicos eficientes que rindan cuentas de cada euro.