Anticipar la injerencia exterior: una estrategia para las crisis en España

Los disturbios de Barcelona y otras ciudades españolas, después de los episodios de violencia registrados en Francia e Italia, deberían llevarnos a discutir una cuestión que trasciende la identificación de quienes han participado en los saqueos. Respecto a su organización, cabe plantear la hipótesis de que actores extranjeros hubiesen intervenido en las convocatorias, bien contribuyendo a promoverlas, bien favoreciendo que adquirieran una intensidad o una orientación determinadas, o de que hayan encontrado en ellas una oportunidad posterior para actuar. Ante la persistencia de estos fenómenos de grave desorden público, el Estado necesita comenzar a responder a estas acciones, también públicamente, como lo que son: ataques contra la seguridad nacional.

Ciertamente, la información disponible no permite dar por acreditada ninguna de las posibilidades enumeradas. Sin embargo, después de los episodios registrados en otros países europeos, resulta conveniente examinar qué capacidad tiene España para detectar y afrontar actuaciones de esa naturaleza antes de que sus consecuencias desborden la respuesta policial. Este problema afecta a cómo una crisis interna puede terminar sirviendo a una estrategia exterior, incluso aunque quienes participen en ella desconozcan para qué está siendo utilizada.

"Ante la persistencia de estos fenómenos de grave desorden público, el Estado necesita comenzar a responder a estas acciones como lo que son: ataques contra la seguridad nacional"

En primer lugar, porque la experiencia europea muestra que las movilizaciones surgidas de problemas propios reciben la atención de redes extranjeras que traten de modificar su significado político, incrementar la confrontación o aprovechar sus consecuencias. En las recientes protestas francesas se han identificado actividades de redes vinculadas con Rusia que utilizaban el descontento para cuestionar el apoyo a Ucrania y presentar a las sociedades europeas como incapaces de sostener sus compromisos o víctimas del supuesto belicismo de sus élites. Por supuesto, no es la primera oleada de ataques de desinformación rusos que hemos tenido vinculados con la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania.

España conoce situaciones comparables muy recientes. En Ceuta, durante la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio y posteriormente, cuentas de distintos países aprovecharon lo ocurrido para difundir desinformación y promover determinadas lecturas de la crisis, con públicos objetivo diferenciados. De ello no se concluye que esos actores desencadenaran la entrada, claro, pero sí que la "violación" y el "ataque" a la integridad territorial de España ofrecieron la oportunidad a terceros para amplificar sus efectos o lograr impactos de segundo y tercer orden. Una potencial simultaneidad de ataques, incluso desconectados, debería formar parte de nuestra caja de herramientas para preparar las respuestas.

Otro caso más atrás en el tiempo lo encontramos durante el procés en Catalunya: entonces observamos cómo medios y redes vinculados a Rusia contribuyeron a proyectar una imagen de descrédito de la democracia española para trasladar el conflicto a otras audiencias. Aquella profusa actividad de injerencia extranjera permite reconocer cómo una disputa surgida de nuestra propia trayectoria institucional podía resultar útil para intereses ajenos. Habría sido conveniente que esa experiencia se hubiera incorporado con mayor continuidad a la discusión sobre nuestras vulnerabilidades, de manera que cada nuevo episodio no nos encontrara preguntándonos otra vez si España puede ser objeto de este tipo de actuaciones.

"Una potencial simultaneidad de ataques, incluso desconectados, debería formar parte de nuestra caja de herramientas para preparar las respuestas"

Estos patrones de acción merecen atención porque alteran la relación entre el coste de intervenir y los efectos que pueden perseguirse. Quien pretenda condicionar el panorama político en España puede aprovechar una controversia existente, favorecer determinadas interpretaciones y contribuir a que resulte políticamente más difícil adoptar una decisión, sin que para ello necesite controlar a quienes se manifiestan ni compartir sus demandas. En un escenario así, el objetivo podría ser el de distraer recursos —pensemos que ahora tenemos dos "frentes" abiertos: tanto en ciudades como en la ciudad de Ceuta—, deteriorar una relación entre aliados, elevar el precio interno de un compromiso internacional o sencillamente aumentar el voltaje en una sociedad ya tensionada, aunque quienes reproduzcan los mensajes estén convencidos de que responden exclusivamente a sus propias preocupaciones.

En efecto, la polarización facilita ese trabajo. Si una explicación confirma lo que cada bloque cree sobre su adversario, disminuyen los incentivos para comprobarla, mientras que las rectificaciones pueden recibirse como mera maniobra más dentro del enfrentamiento. Las teorías de la conspiración encuentran ahí una ventaja —y nuestro país, por desgracia, también es prolijo en teorías de la conspiración sobre eventos traumáticos, muy ancladas en determinadas narrativas políticas—, puesto que permiten incorporar cualquier información contraria al mismo encubrimiento que dicen denunciar. Por ende, un agente exterior podría conseguir que una parte de su trabajo de difusión la realizaran actores españoles que no mantuvieran relación alguna con él.

Esa es una de las dificultades de actuar en la zona gris. La incertidumbre obliga a graduar las respuestas, aunque debería impulsar también la anticipación: esperar a que una investigación haya reconstruido toda la cadena de responsabilidades puede dejar demasiado margen a quien esté tratando de influir sobre una crisis en curso. Entre la atribución precipitada y la espera infinita para tener todas las supuestas evidencias existe un espacio de decisión que las instituciones han de preparar, con procedimientos que permitan actuar conforme a los indicios disponibles y revisar las medidas cuando cambie la información.

"Esperar a que una investigación haya reconstruido toda la cadena de responsabilidades puede dejar demasiado margen a quien esté tratando de influir sobre una crisis en curso"

Además, sería un error circunscribir el problema a la conversación digital. Los antecedentes en Europa en estos últimos meses de sabotajes, incendios y actuaciones contra infraestructuras críticas aconsejan que nuestro planeamiento contemple escenarios en los que una acción deliberada afecte a las cadenas de suministro, a instalaciones esenciales o a recursos nacionales, mientras una campaña informativa dificulte la respuesta o agrave sus consecuencias.

Por tanto, cabe considerar, sí, que un actor hostil trate de provocar un incidente que pueda confundirse con una alteración espontánea del orden público. Son supuestos para la preparación, cuya pertinencia no equivale a atribuir una intención extranjera a cada avería, protesta o episodio de violencia, lógicamente, pero sí implica, en cambio, asumir tal hipótesis en esas situaciones críticas. Esta seria advertencia debería comenzar por los propios responsables políticos, que deben extremar la precaución a la hora de insinuar causalidades.

Ante esta situación, la futura Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación, cuyo procedimiento de elaboración se aprobó en 2025, debería ser un instrumento relevante para concretar estas necesidades y no debería perder continuidad tras las elecciones. Sería conveniente que estableciera cómo compartir indicios entre inteligencia, fuerzas policiales y demás administraciones, quién debe integrarlos para informar a los responsables políticos y qué decisiones pueden adoptarse mientras persistan incertidumbres sobre la autoría. Su utilidad dependerá de que esos procedimientos se traduzcan en responsabilidades bien definidas, de la dotación de personal y recursos, así como de la puesta en marcha de ejercicios conjuntos. Por ejemplo, hemos de asumir que los efectos catastróficos de un desastre natural pueden verse multiplicados a causa de una campaña de desinformación que parasite la emergencia, y de ahí lo obligatorio de su práctica.

"La utilidad de la estrategia nacional dependerá de que esos procedimientos se traduzcan en responsabilidades bien definidas, de la dotación de personal y recursos, así como de la puesta en marcha de ejercicios conjuntos"

Sin embargo, habríamos de ir un paso más allá en la acción del Estado. La estrategia también debería desarrollar la capacidad de actuar contra quienes organicen estas operaciones: investigar su financiación, dificultar su funcionamiento mediante los instrumentos legales disponibles y promover, con nuestros socios, medidas diplomáticas y sanciones cuando existan fundamentos para ello.

Y aún más: España debería disponer de capacidades de influencia exterior con las que disputar las interpretaciones promovidas por actores hostiles y exponer sus actuaciones ante otras sociedades. Los rudimentos diplomáticos clásicos se ven sobrepasados por esta forma ya asentada, pero de crecimiento y gravedad exponencial, de ataque. Para que esa acción contribuya a nuestros intereses, exigirá determinar criterios de empleo y mecanismos de evaluación, además del correspondiente control democrático. Pensar en zona gris no solo desde la prevención, sino también desde la defensa.

"España debería disponer de capacidades de influencia exterior con las que disputar las interpretaciones promovidas por actores hostiles y exponer sus actuaciones ante otras sociedades"

Al Gobierno que surja de las elecciones le corresponderá dar continuidad a este trabajo, procurando un acuerdo parlamentario que permita sostenerlo más allá de su mandato. Quizá corresponda a las nuevas Cortes impulsarlo. No tenemos, lamentablemente, las mejores expectativas para alcanzar un acuerdo político al respecto, pero la necesidad es perentoria. De otro modo, quienes pretendan intervenir desde fuera podrán contar también con nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo en lo fundamental para garantizar la seguridad de la sociedad española.