Trump en Venezuela y la UE: España y Noruega son el camino

La intervención estadounidense de Venezuela supone una clara violación del derecho internacional. Contraviene la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otros países, y reúne los elementos del crimen de agresión, uno de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es, en definitiva, un acto que debe ser condenado sin matices, al margen de quién gobierne, de cómo haya ejercido el poder o del pretexto utilizado para justificar la intervención militar.

La invasión tiene tantas lecturas como análisis se han publicado en las últimas horas. Para algunos, no es más que el último episodio de la doctrina Monroe; un nuevo ejercicio de imperialismo estadounidense en América Latina más propio de la Guerra Fría. Para otros, supone el enésimo ejemplo de la irrelevancia del derecho internacional. Otros se han preguntado cuál será el próximo objetivo de EE. UU.: ¿lo será Cuba, como ha indicado Marco Rubio? ¿Podría ser Irán, un país sumido en una ola de protestas? ¿Y Groenlandia, ese objetivo tan preciado por Donald Trump? Más allá de las posibles lecturas, está claro que estamos ante un punto de inflexión geopolítico: como escribe Juan Gabriel Vásquez, "el mundo se acaba de volver, cortesía de esta agresión y de sus valedores, un lugar más peligroso todavía".

"Las reacciones de los países europeos han sido heterogéneas y, en algunos casos, contradictorias"

En las horas posteriores a la intervención, las reacciones de los países europeos han sido heterogéneas y, en algunos casos, contradictorias. Algunos países, como España o Noruega, han condenado la invasión y pedido que se respete el derecho internacional. Alemania, Francia o el Reino Unido se han mostrado más ambiguos, pidiendo respeto por el derecho internacional mientras celebraban la caída de Maduro. Otros, como Grecia e Italia, han ido más allá, defendiendo las acciones de Trump y afirmando que el fin justificaba los medios. A última hora del domingo, la Comisión Europea y veintiseis Estados miembros publicaron un comunicado conjunto que recogía y reproducía varias de estas contradicciones. Este caleidoscopio de reacciones no solo muestra la falta de una voz europea unificada; también evidencia una preocupante ambigüedad respecto a los principios que la Unión Europea debe defender.

Ante una violación tan clara del derecho internacional, la respuesta de la Unión Europea debe ser contundente y, sobre todo, coherente. En otras palabras, la Unión no puede permitirse condenar algunas violaciones y hacer la vista gorda frente a otras. Si los principios de la Carta son importantes, lo deben ser siempre, sin importar si los viola Rusia, Israel o Estados Unidos. 

La coherencia de la Unión Europea no es una cuestión retórica, sino política y jurídica de la cual depende la relevancia de la Unión en el orden internacional. Durante décadas, la credibilidad de la Unión Europea se ha fundamentado, en gran medida, sobre su cumplimiento del derecho internacional, no solo como una cuestión de valores sino también como una obligación jurídica. El propio Tratado de Unión Europea obliga a la Unión "al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas". Por supuesto, este compromiso siempre ha estado en entredicho en parte del mundo, que ha denunciado – en algunos casos, con razón – la doble vara de medir de algunos países europeos. Pese a ello, la Unión Europea ha hecho de la defensa del derecho internacional y de las instituciones multilaterales uno de sus grandes instrumentos de poder blando. Renunciar a este papel de liderazgo político y jurídico privaría a la Unión de uno de sus principales activos.

Respetar —y hacer respetar— el derecho internacional no es, sin embargo, una mera obligación ética y jurídica. También es fundamental para la propia seguridad del continente en un mundo cada vez más peligroso. Las condenas ambiguas —aquellas que dicen defender el derecho internacional mientras hacen ver que una invasión puede ser deseable si supone acabar con el régimen de Maduro— se fundamentan sobre dos falacias. 

"La maniobra de Trump —entrar en Caracas, detener a su jefe de Estado y colonizar el país— es la misma que intentó Putin en Ucrania en febrero de 2022"

La primera es jurídica. La Carta de las Naciones Unidas es tajante: el uso de la fuerza está prohibido de manera incondicional. Es por ello que reacciones como las de Macron, celebrando el derrocamiento de Maduro, o de Starmer, afirmando que no "derrochará ninguna lágrima" por Maduro, son insostenibles. La legalidad de la invasión de un país no depende de las lágrimas que derrochemos por los líderes del país invadido. El fin, en otras palabras, no puede justificar los medios.

La segunda falacia no es jurídica, sino estratégica. Toda reacción que no condene la invasión de manera tajante y sin matices restará autoridad moral a quienes dicen defender el derecho internacional, sobre todo en Ucrania. Al fin y al cabo, la maniobra de Trump —entrar en Caracas, detener a su jefe de Estado y colonizar el país— es la misma que intentó Putin en Ucrania en febrero de 2022. Si los principales países europeos no condenan la invasión estadounidense, ¿con qué autoridad pueden exigir a Rusia que deposite las armas en Ucrania? ¿En qué se basarán para demandar a China que no invada Taiwán?

La reacción cortoplacista de los líderes europeos no solo indica una sorprendente incapacidad de entender la realidad geopolítica, sino también una evidente falta de valentía política. El 2025 ha dejado claro es que la política de apaciguamiento hacia Trump carece de sentido. Desde su vuelta a la Casa Blanca, Donald Trump ha dejado claro que su política europea consiste en destruir la Unión: económicamente, mediante aranceles; jurídicamente, mediante sanciones; y políticamente, exportando a Europa su guerra cultural. Frente a eso, algunos líderes europeos han optado por mirar hacia otro lado, esperando que pase el chaparrón y rezando porque Trump, en un ataque de generosidad, no abandone a Ucrania.

"El 2025 ha dejado claro es que la política de apaciguamiento hacia Trump carece de sentido"

La realidad, sin embargo, es clara. Pocas horas después de la invasión de Venezuela, Katie Miller, podcaster de extrema derecha y esposa de uno de los más poderosos asesores de Trump, publicó un tuit con un mapa de Groenlandia cubierto por una bandera estadounidense y la palabra "SOON" (pronto). El mensaje no destaca por su sutileza. ¿Quién puede asegurar que, una vez invadida Venezuela, el próximo objetivo no sea Groenlandia, un territorio de la OTAN? Y si Trump decide dar ese paso, ¿cómo reaccionará Europa? ¿Condenará la invasión sin ambigüedades o, aterrorizada por Trump, recurrirá a eufemismos y a silencios incómodos? 

Estas preguntas no son hipotéticas. Tampoco son un ejercicio de política ficción. Si Europa no asume que el mundo ha cambiado —que Estados Unidos ya no es un aliado, que el orden internacional y el derecho que lo sustenta penden de un hilo, y que tanto Washington como Moscú sueñan con acabar con la Unión—, 2026 puede sumir al proyecto europeo en la irrelevancia geopolítica. 

Para evitar este escenario, la posición de la Unión Europea solo puede una: la que han adoptado España y Noruega. Primero, condenar la invasión de manera incondicional. Segundo, reafirmar que defenderá la Carta de Naciones Unidas y que luchará, como exigen sus tratados, por defender los derechos humanos y el derecho internacional. Y tercero, hacer ver que el derecho internacional hay que defenderlo siempre, también —y sobre todo— cuando quienes los violan son los Estados más poderosos. Sin esta brújula ética, Europa será un continente más irrelevante, más frágil y más inseguro.