En junio de 2018, el primer Gobierno de Pedro Sánchez
reunió en un solo ministerio, el de Transición Ecológica, la energía y el medio ambiente, hasta entonces repartidos entre ministerios distintos. La decisión obedecía a una idea precisa con trasfondo ideológico:
la descarbonización debía regir ambas políticas, y a ella quedaban supeditados el precio de la luz, la gestión del agua o el cuidado del monte. Ocho años después, con elecciones generales el 29 de noviembre y
unas encuestas que apuntan a un Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo,
procede revisar las prioridades de aquel departamento y también el acierto de su concepción.
Nadie regateará a estos años su mérito principal. España genera ya con renovables
más de la mitad de su electricidad, y pocos países europeos disfrutan de condiciones tan favorables para producirla limpia y barata. Pero
la abundancia de sol y de viento no se ha traducido en la ventaja industrial que promete: la gran industria
paga la luz bastante más cara que su competidora francesa, las redes rechazan a quien pide conectarse y el sistema, como demostró el
apagón de abril de 2025, necesita un respaldo y una estabilidad que nadie previó a tiempo. La defensa del patrimonio natural, por su parte, sigue demasiado asociada a la prohibición, cuando su conservación depende en buena medida de la
gestión cotidiana del territorio. Y
la adaptación a un clima más cálido, que debería ocupar un lugar central en la política económica, continúa a la sombra de los objetivos de reducción de emisiones.
"La descarbonización debía regir ambas políticas, y a ella quedaban supeditados el precio de la luz, la gestión del agua o el cuidado del monte"
Durante este tiempo,
la reducción de emisiones ha servido de vara de medir la virtud gubernamental, con frecuencia por delante de la competitividad, de la seguridad del suministro o del bolsillo del ciudadano. Nada obliga a escoger entre prosperidad y protección ambiental; pero una política puede perseguir fines encomiables y errar en la jerarquía de prioridades, en la elección de instrumentos y en el reparto de sus costes.
Corregir ese orden exige empezar por el organigrama, porque el organigrama lo consagró.
Dos ministerios para dos políticas distintas
La política energética y la ambiental se rozan en muchos puntos, pero
no persiguen lo mismo. A la primera le corresponde procurar un abastecimiento seguro, asequible y cada vez más limpio; a la segunda, conservar el patrimonio natural y proteger a la población frente a los riesgos del entorno. Hasta 2018 vivieron en ministerios separados, de modo que en el Consejo de Ministros quien fijaba la política energética se sentaba frente a quien velaba por el entorno, y el presidente arbitraba. Al reunirlas bajo una sola cartera, Sánchez suprimió ese contrapeso, y la pugna entre precio, seguridad y emisiones se decidió de antemano en favor de las últimas.
"Al reunirlas bajo una sola cartera, Sánchez suprimió ese contrapeso, y la pugna entre precio, seguridad y emisiones se decidió de antemano en favor de las últimas"
Con un cambio de ciclo político tras el 29-N,
cabe anticipar una partición de competencias. Con Núñez Feijóo como probable inquilino de la Moncloa, la organización ministerial de los anteriores gobiernos del PP ofrece precedentes que convendría examinar. Tanto con Aznar como con Rajoy,
la energía residió en un ministerio de vocación económica, y probablemente allí debería regresar. En lo ambiental, el enfoque difirió. Aznar creó en 1996, por primera vez, un Ministerio de Medio Ambiente dedicado al agua, la reforestación y las costas, en una época en que la adaptación al cambio climático aparecía tan solo en lontananza. Rajoy mantuvo las funciones de medio ambiente ya integradas en el Ministerio de Agricultura, tal como lo había recibido de Zapatero. Optar por esa integración ahorraría un ministerio en un gabinete que seguramente querrá presumir de austeridad institucional. Pero
dejaría sin rango ministerial propio la gestión de incendios, inundaciones, biodiversidad y contaminación, cada vez más necesaria y no siempre de obvio maridaje con la agricultura y la alimentación.
El ministro de Energía y el trilema
Toda política energética afronta un trilema conocido, el de ofrecer suministro seguro, precios competitivos y sostenibilidad ambiental. Desde 2018
España ha mirado sobre todo al tercero. Se fijaron objetivos de potencia renovable cada vez más ambiciosos,
se pactó un calendario de cierre nuclear sin un análisis de costes que lo avalara y se dejó para más adelante la pregunta de quién garantizaría la tensión de la red un mediodía soleado de primavera. La respuesta llegó por las malas.
El informe europeo sobre el apagón señaló deficiencias en el control de tensión, no en las renovables; y el mismo Gobierno que había defendido el cierre nuclear como cuestión de principio
prorrogó Almaraz hasta 2030 el pasado agosto.
"Toda política energética afronta un trilema conocido, el de ofrecer suministro seguro, precios competitivos y sostenibilidad ambiental"
El nuevo ministro tendrá que restablecer la 'trimetría', y le esperan para ello tres tareas. La primera atañe al
mix:
deberá decidirlo haciendo números y no con prejuicios, sin excluir ninguna tecnología limpia y segura, tampoco la nuclear existente, cuya continuidad más allá de 2030 merece un examen económico serio. La segunda atañe a la red.
Según la CNMC,
en 2024 se denegó por falta de capacidad más del 60% de las solicitudes de conexión de nueva demanda, y de poco sirve el kilovatio barato si la fábrica que lo busca no encuentra dónde enchufarse. Habrá que planificar la red al ritmo de la economía real, liberar la
capacidad de red reservada sin proyectos viables, retribuir a quien la gestiona por sus resultados y fijar por ley qué prevalece cuando una línea de interés general tropieza con un veto local. La tercera concierne al precio final de la electricidad. En abril una industria electrointensiva española pagaba
71 euros por megavatio hora, frente a menos de 28 en Francia y 59 en Alemania, porque entre la subasta y el contador se interponen peajes, cargos e impuestos que otros países ahorran a sus fábricas.
Mientras la fiscalidad grave el kilovatio limpio más que el gas al que pretende desplazar, pedir a una familia que cambie la caldera por una bomba de calor equivaldrá a pedirle que pague por el privilegio de dar ejemplo.
La descarbonización como dividendo
Nada de lo anterior supone renunciar a los objetivos climáticos. Supone alcanzarlos por otro camino, y ese camino cuenta con un precedente intelectual hoy olvidado. En 2010, tras la decepción de la cumbre de Copenhague del año anterior, un grupo de científicos y economistas publicó el llamado
Hartwell Paper. Sus autores sostenían que
el empeño en imponer desde arriba topes globales de emisiones, a la manera de Kioto, nacía condenado, porque el clima no se parece a un problema acotado como el agujero de ozono, sino a esos problemas "perversos" que no admiten solución única ni definitiva. Proponían invertir el orden:
la descarbonización solo se lograría como beneficio derivado de otros fines políticamente atractivos y tozudamente pragmáticos, como la energía abundante y asequible o la protección de las sociedades frente a los vaivenes del tiempo.
El abaratamiento posterior de la energía solar y de las baterías les ha dado la razón:
las tecnologías limpias se imponen allí donde ahorran dinero, sin necesidad de exhortaciones. La geopolítica ha reforzado ese razonamiento. Tras la guerra de Ucrania y la crisis de Oriente Medio, el ciudadano entiende que
producir energía renovable propia reduce su exposición a los precios del gas y del petróleo importados, y lo comprueba en la factura. La lección vale para España. Mientras la descarbonización se presente como un fin en sí mismo, como un mérito que el gobernante exhibe en las cumbres y ante organizaciones ecologistas, el ciudadano que ve subir el recibo, el alquiler y la cesta de la compra la recibirá con estupor, cuando no con hostilidad; y la hostilidad, en política, acaba encontrando a quien la represente. Concebida la energía como vector de competitividad y de
promoción industrial, la descarbonización llega por añadidura, como un dividendo.
"Concebida la energía como vector de competitividad y de promoción industrial, la descarbonización llega por añadidura, como un dividendo"
España tiene con qué lograrlo.
Puede electrificar con ventaja el calor industrial de baja y media temperatura en sectores donde ya cuenta con industria asentada, del agroalimentario al papelero o al farmacéutico. Puede empezar en el transporte por los camiones, las furgonetas de reparto y las flotas, donde cada euro retira más emisiones, y no por el utilitario del vecino de un pueblo sin autobús. Y puede dejar que el capital privado y la competencia entre tecnologías hagan el trabajo,
reservando al Estado la tarea de fijar reglas estables, someter cada euro público a un examen de costes y beneficios y devolver a los ciudadanos lo que recaude por el carbono. Ninguna de estas políticas necesita invocar el clima para justificarse, y todas reducen emisiones.
El ministro de Medio Ambiente y la adaptación
Hay, sin embargo, una tarea aún más desatendida que la competitividad energética.
España tendrá que adaptarse a un calentamiento determinado, en lo esencial, por la trayectoria mundial de las emisiones y, por tanto, por decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras.
Naciones Unidas calcula que
con las políticas vigentes el mundo se encamina hacia 2,8 °C de calentamiento a finales de siglo, casi el doble de los 1,5 °C que ya rozamos, y
la AEMET estima que la temperatura media española ha subido 1,75 °C desde 1961. Ni la descarbonización más heroica de la península ibérica moverá ese termómetro, ni la de la Unión Europea, aun actuando de forma concertada, bastará para detenerlo.
"Ni la descarbonización más heroica de la península ibérica moverá ese termómetro, ni la de la Unión Europea, aun actuando de forma concertada, bastará para detenerlo"
De ese escenario difícilmente reversible nace el encargo del otro ministro.
España ha concentrado buena parte de sus esfuerzos normativos y administrativos en la mitigación, sobre la que apenas influye, y ha escatimado medios a la adaptación, de la que depende casi todo lo que le ocurra. La
riada de octubre de 2024 mató a
más de doscientas personas en Valencia. En 2025
ardieron cerca de 400.000 hectáreas,
la mayor superficie registrada en España por el sistema europeo, y este año el fuego llevaba
cerca de 300.000 a finales de septiembre.
La evaluación oficial de riesgos climáticos publicada el año pasado
identificó 141, de los cuales 51 merecen la calificación de clave.
Dar a la adaptación el rango que merece exige presupuesto y mando. Exige planificar con escenarios realistas, ni los más extremos ni los más complacientes, y que cada gran infraestructura justifique su resistencia al clima previsible durante su vida útil. Exige
una política de agua con visión nacional y una sola autoridad, que invierta en no perderla, en reutilizarla y en desalarla con energía renovable, que le ponga un precio acorde con su coste, porque lo que nada cuesta se despilfarra, y que haga de la protección de las personas y de la prevención de inundaciones principios rectores de la Ley de Aguas. Y exige aceptar que el monte que no da dinero se quema: prevenir cuesta menos que apagar;
el pastoreo, la madera y la biomasa hacen más por un bosque que la prohibición dictada desde un despacho; y el agricultor, el ganadero y el propietario forestal merecen trato de aliados, no de sospechosos.
"Exige planificar con escenarios realistas, ni los más extremos ni los más complacientes, y que cada gran infraestructura justifique su resistencia al clima previsible durante su vida útil"
Los organigramas no gobiernan, pero
delatan lo que un gobierno considera importante. El de 2018 proclamó que importaban, ante todo, las emisiones. El próximo debería proclamar que importan también lo que cuesta la luz, las fábricas que abren y los pueblos que siguen en pie tras la riada y el incendio.
La naturaleza constituye un patrimonio común que no pertenece a ninguna ideología, y cuidarla no exige empobrecerse. Si lo demás se hace bien, la descarbonización vendrá por añadidura. Lo contrario ya lo hemos probado.