El regreso de María Corina Machado a Venezuela, el pasado domingo 25 de octubre, ha introducido una variable que Donald Trump probablemente preferiría haber mantenido bajo control.
Diez meses después de abandonar el país para recibir el Premio Nobel de la Paz, la dirigente opositora ha vuelto con un objetivo político claro: transformar su capacidad de movilización popular en una presión efectiva para convocar elecciones. Ya con los pies en tierra venezolana, la líder de la oposición vuelve a traer al tablero una pregunta que la Administración estadounidense había conseguido aplazar durante buena parte de este año:
¿cuánto tiempo puede sostenerse una transición política sin que los venezolanos tengan la oportunidad de decidir quién debe gobernarlos?
Venezuela ha cambiado profundamente desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. El antiguo régimen ha perdido a su principal dirigente, pero
buena parte de las estructuras que lo sostenían —tanto políticas como de seguridad— continúan funcionando bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. En este caso,
Washington ha optado por negociar con quienes conservan el control del Estado, mientras mantiene la democratización como horizonte declarado, si bien lo hace sin comprometerse públicamente con un calendario electoral definitivo. El resultado deja una situación políticamente ambigua: si bien Venezuela ya no está gobernada por Maduro, no puede considerarse una democracia en transición irreversible.
"La dirigente opositora ha vuelto con un objetivo político claro: transformar su capacidad de movilización popular en una presión efectiva para convocar elecciones"
Ahora,
con el regreso de Machado, es probable que el equilibrio tenga que ser otro. La dirigente ha anunciado que hará una gira nacional y que prepara una serie de encuentros con organizaciones sociales y actores políticos
para construir un gran acuerdo nacional que permita impulsar la transición. La estrategia parece deliberadamente gradual. No se trata únicamente de llenar plazas, sino de
demostrar que existe una alternativa organizada, capaz de articular mayorías y ofrecer garantías para una nueva etapa política. Machado sabe que
el apoyo popular constituye su principal activo, pero también es consciente de que una movilización que no tenga un impacto institucional podría acabar reforzando a quienes defienden la necesidad de prolongar el actual periodo de estabilización.
De una posibilidad entre tres a casi una entre dos
En septiembre,
Agenda Pública publicó un análisis basado en los pronósticos de The Forecasting Machine que situaba en
el 32,8% la probabilidad de que Venezuela celebrara elecciones democráticas antes del 31 de diciembre de 2027. Era una estimación prudente, coherente con las dificultades de transformar un sistema autoritario mediante negociaciones dirigidas desde el exterior. En ese momento, la salida de Maduro había alterado la correlación de fuerzas, pero todavía no existían suficientes indicios de que
quienes controlaban el Estado tras su marcha estuvieran dispuestos a someter esta continuidad al veredicto de las urnas.
El nuevo pronóstico, fechado el 28 de octubre,
eleva esa probabilidad hasta el 46,5%. Es un
incremento de 13,7 puntos porcentuales en poco más de un mes. La posibilidad de celebrar elecciones democráticas sigue siendo ligeramente inferior a la de no celebrarlas, pero la distancia entre ambos escenarios se ha reducido considerablemente.
¿Cómo interpretar correctamente este cambio? Un pronóstico así no equivale a una promesa ni demuestra que las elecciones vayan a celebrarse. Lo que indica es que, a partir de la información disponible tras el regreso de Machado,
el escenario democrático ha ganado posibilidades. La aparición de una ruta institucional más concreta, acompañada por las presiones para establecer un calendario, contribuye a modificar las expectativas. Sin embargo, la propia estimación recuerda que
todavía deben reformarse instituciones esenciales. Asimismo, es importante recordar que
la celebración de una votación no basta para garantizar su carácter democrático, una variable también contemplada por el pronóstico.
"La posibilidad de celebrar elecciones democráticas sigue siendo ligeramente inferior a la de no celebrarlas, pero la distancia entre ambos escenarios se ha reducido considerablemente"
Unas elecciones organizadas por
instituciones que siguen respondiendo al antiguo aparato de poder, sin garantías suficientes para los candidatos, los medios de comunicación o los electores,
podrían servir para legitimar una continuidad política bajo una apariencia renovada. Por eso el debate venezolano no puede reducirse a determinar una fecha.
La atención debe centrarse en las condiciones que deben cumplirse para que esa fecha tenga verdadero significado.
La transición que quiere Washington
Con la llegada de María Corina, Washington ya ha hecho público el plan que tiene previsto para Venezuela.
La apuesta de la Casa Blanca pasa por renovar el Tribunal Supremo de Justicia, reformar posteriormente el Consejo Nacional Electoral (CNE) y abrir el camino a elecciones durante la segunda mitad de 2027. Ya se han producido conversaciones sobre la renovación de los organismos judiciales y electorales, aunque ninguno de esos avances equivale todavía a una convocatoria. El senador republicano Bernie Moreno ha propuesto
el 24 de julio de 2027 como fecha electoral, una posibilidad respaldada por Machado, pero que carece de aprobación oficial.
En el fondo, la lógica estadounidense responde a una combinación de intereses. Trump necesita que Venezuela tenga estabilidad para que su
industria energética vuelva a producir y que los acuerdos económicos alcanzados con Caracas puedan ejecutarse. La Administración ha encontrado en Delcy Rodríguez
una interlocutora capaz de garantizar cierta continuidad administrativa y de negociar con Washington. Buen ejemplo de ello es el acuerdo petrolero firmado en agosto, que
concede a Estados Unidos acceso a una quinta parte de las reservas venezolanas. La normalización económica ha avanzado más deprisa que la política.
"Trump necesita que Venezuela tenga estabilidad para que su industria energética vuelva a producir y que los acuerdos económicos alcanzados con Caracas puedan ejecutarse"
No obstante, esta estrategia encierra una contradicción.
Cuanto más eficaz resulte Rodríguez para garantizar los intereses estadounidenses, menores pueden ser sus incentivos para acelerar unas elecciones que podrían apartarla del poder. Washington necesita que el Gobierno interino conserve capacidad de decisión para aplicar las reformas, pero también debería evitar que esa misma capacidad se convierta en un instrumento para perpetuarse.
La estabilización es una condición necesaria para la democracia, aunque puede terminar convirtiéndose en su principal competidora.
El pragmatismo de Stalin González
En
una entrevista publicada por
Agenda Pública el pasado marzo, el diputado opositor Stalin González ofrecía su interpretación de este dilema.
González defendía una transición negociada, capaz de incorporar a sectores del chavismo y de reconstruir las instituciones sin provocar una nueva ruptura del Estado. Su argumento no consistía en renunciar a la democracia, sino en reconocer que quienes controlan las instituciones deben participar en el proceso que permitirá transformarlas.
"Su argumento no consistía en renunciar a la democracia, sino en reconocer que quienes controlan las instituciones deben participar en el proceso que permitirá transformarlas"
El dirigente advertía que los sectores más extremos del chavismo y de la oposición no estaban comprendiendo las posibilidades abiertas tras la caída de Maduro. Y también establecía una diferencia entre Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio:
mientras el presidente estadounidense abordaría Venezuela principalmente desde sus intereses económicos, Rubio tendría una comprensión más política de la necesidad de democratización. En este sentido, González consideraba que
la renovación del CNE, acompañada de una nueva legislación electoral, sería la señal decisiva de que el país se aproximaba a unas elecciones competitivas.
Las reformas institucionales tienen un papel central, pero no por ello están exentas de limitaciones. La negociación puede facilitar que los antiguos dirigentes acepten perder el poder, siempre que existan garantías suficientes para su participación futura. Sin embargo,
una transición negociada entre élites corre el riesgo de excluir a quienes representan una parte sustancial de la voluntad popular. El desafío no es elegir entre el pragmatismo de González y la movilización de Machado, sino encontrar una fórmula que combine ambos elementos:
instituciones capaces de organizar elecciones creíbles y una oposición con suficiente legitimidad para que esas elecciones tengan sentido.
En la mente de María Corina
La dirigente opositora regresa precisamente cuando esa contradicción empieza a resultar más visible. Hay que recordar que
Machado no participa en la mesa de negociación respaldada por Washington, donde la representación opositora está encabezada por Dinorah Figuera. "Nos está yendo realmente bien en Venezuela", dijo Trump a los periodistas que le preguntaron por la vuelta de Machado. Sin embargo, el liderazgo social de la política venezolana y su vinculación con la reivindicación del resultado electoral de julio de 2024
hacen difícil imaginar una transición democrática que pueda prescindir de ella. Su desafío será
transformar esa legitimidad en influencia sobre las decisiones institucionales. Y hacerlo sin quedar atrapada entre la confrontación y la aceptación de un proceso cuyo calendario no controla.
La experiencia de otras transiciones demuestra que
las elecciones no llegan necesariamente cuando una oposición consigue movilizar a suficientes ciudadanos. Llegan cuando se modifica el cálculo de quienes conservan el poder y cuando existe un marco institucional que hace aceptable la incertidumbre del resultado. En Venezuela, ese cálculo depende tanto de la presión interna como de las decisiones de Washington.
Machado puede aumentar el coste político de retrasar las elecciones, pero Trump conserva una capacidad considerable para determinar los incentivos de Delcy Rodríguez.
"Las elecciones llegan cuando se modifica el cálculo de quienes conservan el poder y cuando existe un marco institucional que hace aceptable la incertidumbre del resultado"
Europa y, particularmente, España deberían prestar atención a esta evolución.
La normalización diplomática con Caracas puede contribuir a mejorar las condiciones económicas y abrir espacios de negociación, pero no debería confundirse con una democratización ya conseguida. España dispone de vínculos de distinta índole (políticos, económicos e incluso humanos) que pueden resultar útiles para acompañar las reformas, promover garantías electorales y facilitar acuerdos entre sectores enfrentados. Su aportación sería más valiosa si ayudara a que
el proceso dependiera progresivamente menos de las decisiones estadounidenses y más de instituciones venezolanas legítimas.
El aumento de la probabilidad de elecciones democráticas hasta el 46,5% expresa
una oportunidad real, pero prematura y frágil. Durante los próximos meses
habrá que observar menos las declaraciones sobre la transición y más las decisiones concretas: quién designa a los nuevos magistrados, cómo se reforma el organismo electoral, qué garantías reciben los dirigentes opositores y cuándo se establece un calendario verificable. Esas decisiones permitirán distinguir entre una apertura destinada a transformar el sistema y otra diseñada para administrarlo durante más tiempo.
La salida de Maduro abrió una nueva etapa en Venezuela. Y ahora
el regreso de María Corina Machado puede contribuir a que esa etapa tenga un desenlace democrático. Con todo, el resultado sigue dependiendo de una cuestión que ninguna intervención militar, acuerdo petrolero o negociación diplomática puede resolver por sí sola:
si quienes hoy controlan el poder están dispuestos a aceptar que algún día puedan perderlo.