El voto huérfano de la vivienda

A menos de cuatro semanas de que arranque la campaña del 29N, la vivienda, que abrió la ventana de oportunidad que llevó al presidente al adelanto electoral, se ha convertido en el centro aglutinador de las izquierdas. En los microdatos del CIS ya tiene un electorado reconocible, 1,2 millones de jóvenes de 18 a 34 años cercanos a la izquierda que hoy no declaran voto al PSOE, aunque tres de cada cuatro lo nombran como segunda opción o partido más cercano.

Ese grupo forma un voto huérfano de la vivienda que ya trae el tema puesto, y para el que será decisivo saber si las medidas del Gobierno existen de verdad cuando vaya a votar. Decide en la última semana y le mueve más una pérdida que una promesa, de modo que generar confianza sobre las medidas que atajen su situación de una forma directa y eficiente lo llevará definitivamente a votar o no votar y a elegir qué opción.

Los votantes de estreno

El grupo sale de los barómetros del CIS de julio y septiembre, con los pesos calibrados al voto real de 2023, porque en ambas oleadas el recuerdo de voto socialista está sobrerrepresentado entre un 31% y un 44%. Son jóvenes que no declaran intención de votar al PSOE, pero mantienen un vínculo con él, y el 77% lo nombra como segunda opción o partido más cercano. Suman 1.229.000, con una horquilla de 1,03 a 1,43 millones, el 3,4% del censo de residentes del 29N.

"Ese grupo forma un voto huérfano de la vivienda que ya trae el tema puesto, y para el que será decisivo saber si las medidas del Gobierno existen de verdad cuando vaya a votar"

Los define el momento vital, porque el 57% tiene entre 18 y 24 años, el 38% estudia, frente al 12% de los jóvenes que siguen votando al PSOE; el 92% está soltero y el 60% son mujeres. La mitad llega a estas generales sin haber votado en las anteriores, porque el 41% no tenía edad en 2023 y otro 10% se quedó en casa; muchos están entre los 1.615.127 nuevos electores que el INE cuenta para el 29N, y por eso los llamo votantes de estreno. Su autoubicación media es un 3,2 y el 75% da a Sánchez un 5 o más, mientras que el 67% dice tener poca o ninguna confianza en él, lo que se suele llamar voto blando.

Un electorado disponible

Los académicos Stefano Bartolini y Peter Mair llamaron en 1990 "disponibilidad electoral" a la parte del electorado que no está retenida por una identidad ni por una organización y que, por eso, puede cambiar su voto de una elección a otra. Su estudio de un siglo de elecciones europeas mostró que esa disponibilidad crece o mengua según la fuerza de los vínculos sociales y organizativos con los partidos. Y, en mi opinión, quien no ha votado nunca apenas tiene vínculo que romper.

Los datos de este grupo apuntan a esa disponibilidad: el 29% no sabe aún a quién votará y el 15% se abstendría o votaría en blanco, mientras que el 60% dice votar "según lo que más le convenza". El 41% decide en la última semana, en la jornada de reflexión o el mismo día, frente al 30% de los jóvenes que siguen votando al PSOE.

"La «disponibilidad electoral» es la parte del electorado que no está retenida por una identidad ni por una organización y que, por eso, puede cambiar su voto de una elección a otra"

La vivienda aparece entre los tres problemas personales del 63% del grupo, más del doble que en el conjunto del electorado (27%), pero esa preocupación no equivale a apoyo, porque los jóvenes socialistas fieles la citan más (70%). En una regresión que iguala sexo, edad, estudios, ingresos y situación laboral, el tema no tiene efecto apreciable, y lo que separa a unos de otros es estar estudiando, que reduce a un tercio las probabilidades de figurar entre los fieles.

La vivienda, en la letra del decreto

El Barómetro de Vivienda del CIS pregunta a quien no es propietario si preferiría serlo y, si no piensa comprar en dos años, por qué no compra. La falta de dinero para la entrada la cita el 80,7% del conjunto, y sube en las categorías que llenan el grupo, hasta el 88,5% entre los 18 y los 24 años y el 89,7% entre los estudiantes. En la misma encuesta, el 77% de los de 18 a 24 y el 52% de los de 25 a 34 dicen que no cumplirían los requisitos de una hipoteca.

"La vivienda aparece entre los tres problemas personales del 63% del grupo, más del doble que en el conjunto del electorado (27%), pero esa preocupación no equivale a apoyo"

El Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE del 7 de octubre, reúne un paquete que su exposición de motivos dirige, entre otros, "a las personas jóvenes que no pueden emanciparse". Prorroga de forma extraordinaria los alquileres hasta dos años más, limita al 2% la subida anual de la renta hasta finales de 2027 cuando no haya otro pacto, suspende en determinados supuestos, hasta 2030, los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y abre un préstamo público para pagar la entrada de la primera vivienda.

Leído en su letra, el paquete no llega igual a todo el grupo. Las medidas del alquiler que recoge ese decreto rigen desde el 8 de octubre y protegen a quienes ya tienen un contrato, que, en mi lectura, son sobre todo unos 579.000 jóvenes del grupo que ya trabajan, el 67% de los cuales cita la vivienda. El préstamo para la entrada complementa una hipoteca privada y deja sus requisitos a un acuerdo del Consejo de Ministros que a 18 de octubre no existe, de modo que exige lo que el barómetro dice que muchos no tienen. Para unos 443.000 estudiantes de 18 a 24 años (cifra orientativa, 65 entrevistas), todo el paquete es una promesa sobre los años que vienen, y solo vale si sigue existiendo cuando la necesiten.

Lo que se puede perder

Daniel Kahneman y Amos Tversky mostraron en 1979 que las personas valoran los resultados como ganancias o pérdidas respecto de un punto de referencia, y que la curva con la que pesan las pérdidas es más empinada que la de las ganancias. Dicho en llano, perder algo duele más de lo que alegra ganar lo mismo, aunque, y esto ya es lectura mía, la pérdida pesa más cuando lo que se pierde ya se tiene.

El 2 de octubre el Congreso rechazó convalidar los dos primeros decretos de vivienda, y el principal, el 26/2026, cayó por 172 votos a favor y 178 en contra, los de PP, Vox, Junts y UPN. El Gobierno aprobó nuevas versiones el 6 de octubre, y con las Cortes disueltas la decisión pasa a la Diputación Permanente. El artículo 78.2 de la Constitución le atribuye entonces "las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116", y el 86.2 obliga a pronunciarse expresamente "sobre su convalidación o derogación". La Diputación Permanente del 16 de octubre convalidó las ayudas de la DANA y dejó fuera los decretos de vivienda, cuya votación sitúa la prensa el 12 de noviembre, la víspera de la campaña. El segundo de los nuevos decretos, el de estabilidad de los contratos de alquiler, solo entraría en vigor el 15 de noviembre si se convalida, y según Maldita, el voto en contra anunciado por el PNV lo deja hoy sin mayoría.

"Dicho en llano, perder algo duele más de lo que alegra ganar lo mismo, aunque, y esto ya es lectura mía, la pérdida pesa más cuando lo que se pierde ya se tiene"

Mi lectura es que esa votación cambia lo que está en juego, porque una derrota parlamentaria solo se convierte en coste electoral para quien la inflige cuando el votante siente que le han quitado algo. Las medidas del alquiler del 29/2026 ya rigen y decaerían sin convalidación, de modo que para el inquilino joven el 12 de noviembre puede traer una pérdida con fecha y con responsables que no se agotan en la derecha. El préstamo para la entrada, sin acuerdo ni ventanilla, solo puede perderse como expectativa. Si las medidas llegan a la campaña como titulares, sus adversarios tendrán servido el reproche de electoralismo ante un público en el que dos de cada tres desconfían del presidente. Si se conocen, se convalidan y funcionan antes del día 13, estos electores tendrán una percepción de posibilidad de pérdida de oportunidad que los empuje a las urnas el día 29.

Qué le conviene a cada bloque

A la izquierda le conviene que lo aprobado funcione antes de que suene la campaña, algo que en el caso del préstamo depende solo del Consejo de Ministros, y volcarse en las provincias urbanas y en las zonas tensionadas, donde la capacidad de ahorro se ve mermada por la crisis del alquiler. Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Murcia, Alicante y Málaga reúnen el 49% del grupo. Su tentación es anunciar más de lo que dicen los decretos.

"Esa votación cambia lo que está en juego, porque una derrota parlamentaria solo se convierte en coste electoral para quien la inflige cuando el votante siente que le han quitado algo"

Oriol Bartomeus escribió el 6 de octubre en este medio que el resultado del PP "se aguanta por la debilidad del PSOE más que por su propio desempeño". La derecha llega fuerte, en torno al 51% de media en las encuestas, frente al 45,4% de 2023. El bloque de centro y derecha tiene su mejor baza en llevar la conversación de la vivienda al crecimiento económico y a la identidad, una vez se está apagando el incendio mediático de la crisis de Ceuta. En el avance del barómetro de octubre, el 68% ve buena o muy buena su situación económica personal y el 58% ve mala la de España, que es la rendija por la que puede entrar ese discurso. La jugada más eficaz contra esta tesis la tiene el PP, porque comprometerse a mantener las medidas del alquiler, o facilitar su convalidación el 12 de noviembre, desactivaría la pérdida, aunque le obligaría a explicar su voto del 2 de octubre y a medirse con Vox. Tiene a mano un argumento jurídico, porque varios constitucionalistas consultados por Maldita dudan de que sea legítimo volver a aprobar textos que el Pleno acaba de derogar, y no descartan que el Tribunal Constitucional anule los decretos en todo o en parte.

El marco identitario también tiene fecha. La plataforma ceutí Mujeres Caballas lleva el 25 de octubre a Madrid una marcha que terminará junto al Congreso con la reivindicación, en palabras de la plataforma, de una "Ceuta segura, digna y tranquila". Usarla como combustible tienta a quien quiera cambiar de conversación y también a quien quiera agitar con ella el miedo a la derecha, y las dos jugadas salen caras, porque el coste recae sobre la convivencia en Ceuta.

"La jugada más eficaz contra esta tesis la tiene el PP, porque comprometerse a mantener las medidas del alquiler, o facilitar su convalidación el 12 de noviembre, desactivaría la pérdida"

Si ese cambio de marco funciona y la derecha gana, le espera una legislatura en espejo, con un gobierno de coalición entre derechas que van a pugnar por mantener su electorado en un gran ambiente de competitividad, con gran posibilidad de graves tensiones tras la luna de miel. Si no funciona, el escenario es un PP agotado tras ocho años de oposición que puede perder aún más terreno hacia una propuesta de centro o de derecha radical. Al PSOE, si el voto huérfano se queda en casa, le tocará explicar por qué unas medidas pensadas para esa generación no llegaron a tiempo, y si gana, gobernar con socios que hoy no respaldan todas ellas.

La objeción

La objeción más seria a esta tesis la escribí yo misma en Agenda Pública el 14 de octubre. En la poselectoral del CIS de 2023, quienes decidieron tarde se movieron sobre todo dentro de su propio bloque y no apareció una movilización tardía de abstencionistas propia de ninguno de los dos. Bartomeus advertía también que Vox va a disputar a los nuevos votantes, y no doy por seguro que el voto huérfano tenga un solo pretendiente.

"En la poselectoral del CIS de 2023, quienes decidieron tarde se movieron sobre todo dentro de su propio bloque y no apareció una movilización tardía de abstencionistas propia de ninguno de los dos"

Los votos en disputa van de 292.000, si solo se movieran sus indecisos y abstencionistas, a 768.000 con todo el que mantiene algún vínculo, del 1,2% al 3,1% del voto válido de 2023, una distancia que separa dos definiciones del grupo, sin valor de intervalo de confianza. El suelo descansa en 72 entrevistas, y los microdatos acaban el 4 de septiembre, antes de los decretos y de la convocatoria.

El 12 de noviembre la Diputación Permanente decidirá si los decretos de vivienda llegan vivos a la campaña, y diecisiete días después se sabrá si alguien ha adoptado el voto huérfano de la vivienda o si ese millón largo de jóvenes pasa la jornada electoral en casa de otros.