La contratación pública europea como acelerador de la transición ecológica

El avance hacia una economía más sostenible y resiliente no es una opción. Es una necesidad urgente en el contexto actual de crisis climática, económica y geopolítica, que debe estar presente en la nueva configuración que han dejado los resultados electorales europeos. 

En este nuevo escenario, la compra pública juega un papel fundamental para que la economía sea más resiliente, con beneficios tanto para la propia economía, como para la sociedad y el clima. De hecho, una posible Ley de Compra Pública Europea y Sostenible podría generar en España más de 23.600 empleos verdes y movilizar 6.450 millones de euros para la descarbonización. Estos empleos impulsarían la innovación en industrias como la construcción, el transporte y la alimentación, que son claves para la transición hacia una economía baja en carbono. Así lo recoge un estudio de Carbone 4 en colaboración con ECODES, donde se analizan los beneficios que podría tener la introducción de criterios de sostenibilidad, procedencia europea y umbrales máximos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los productos adquiridos por las entidades públicas a través del impulso de una norma comunitaria.

Además del impacto económico ya descrito, esta Ley también sería una potente herramienta ecológica. En solo dos años, de haberse aplicado entre 2019 y 2021, podría haber reducido la huella de carbono de la contratación pública en un 7%. Con una disminución anual media de 2,17 MtCO2e, la ley no solo contribuiría a la mitigación del cambio climático, sino que también mejoraría la calidad del aire y la salud pública.

"En Europa, el 80% de los contratos públicos se adjudican basándose únicamente en el precio, sin considerar criterios de sostenibilidad".

En el contexto europeo, la contratación pública representa un 15% del PIB y es responsable del 10% de la huella de carbono total de la UE. Sin embargo, actualmente, el 80% de los contratos públicos se adjudican basándose únicamente en el precio, sin considerar criterios de sostenibilidad. Esta práctica no solo es insostenible desde el punto de vista ambiental, sino que también desaprovecha una oportunidad crucial para fomentar la innovación y la competitividad en sectores clave.

Si se hubiese implementado esta Ley entre 2019 y 2021, la UE habría visto una reducción de 34 MtCO2e en la huella de carbono anualmente. Aunque esta reducción pueda parecer limitada en comparación con la huella de carbono total de la UE, hay que tener en cuenta que es asimilable al total de la huella de carbono de Finlandia o la mitad del país de Bélgica. Sin olvidar que este tipo de medidas no sólo tiene valor por su impacto ecológico positivo, sino que también representa una oportunidad para importantes mejoras económicas y sociales en este nuevo tablero político europeo. 

"Europa corre el riesgo de quedarse rezagada en la carrera global por la sostenibilidad y la innovación si no apoya sus bienes y servicios nacionales a través de una Ley de Compra Pública Europea y Sostenible".

Es preocupante observar que, mientras Europa no lleva a cabo iniciativas como las propuestas en este informe, economías como Estados Unidos y China ya están utilizando la contratación pública como una herramienta estratégica para apoyar sus bienes y servicios nacionales. Estos países han reconocido el poder de la contratación pública para impulsar la economía verde y están invirtiendo significativamente en su descarbonización. ¿Cuándo lo hará Europa? Si no actúa rápidamente, corre el riesgo de quedarse rezagada en la carrera global por la sostenibilidad y la innovación. No solo eso: perderá también la oportunidad que se abre de fortalecer su economía y mejorar la competitividad global. 

Los criterios de sostenibilidad recogidos en el informe son perfectamente compatibles con la normativa de la Organización Mundial del Mercado (OMC), ya que existen excepciones a la contratación pública que permiten incentivar la compra de productos europeos frente a las ofertas extranjeras, así como introducir criterios de sostenibilidad. 

La incorporación de estos criterios obligatorios en la Directiva Europea de Contratación Pública dentro de los primeros 100 días de la próxima Comisión Europea sería un paso decisivo. Podría garantizar oportunidades para las empresas europeas que ya están comprometidas con normas alineadas con el Acuerdo de París, fomentando un mercado competitivo y resiliente frente a los desafíos climáticos.

Para una Europa competitiva es imperativo que los responsables políticos actúen con decisión y rapidez para promulgar este tipo de iniciativas, asegurando no solo un futuro sostenible y próspero para las generaciones venideras, sino también para las presentes, al garantizar una economía fuerte y una calidad del aire que beneficie a la salud pública y a la ciudadanía.