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Adam Ciereszko (Efe)

La batalla desigual de los derechos reproductivos

Andrea Pető

7 mins - 23 de Mayo de 2022, 14:02

El progresismo se ha mostrado demasiado lento a la hora de darse cuenta de que los derechos reproductivos están siendo amenazados en el este de Europa y en Estados Unidos.

Los ataques a los derechos de reproducción en EE.UU. copan todos los titulares. Además, desde Hungría, Polonia, Alemania, Dinamarca, Rusia y Serbia, madres blancas con bebés blancos sonríen desde costosas vallas publicitarias en las que se anuncia la maternidad y se condena el aborto.

En Estados Unidos, debido a la bien planeada y exitosa toma de posesión del sistema judicial por parte de los republicanos, la criminalización del aborto por parte del Tribunal Supremo está cerca. En Europa, donde la regulación de los derechos de reproducción varía de un país a otro, el discurso público se centra cada vez más en el declive demográfico. Así, además de nombrar a una comisaria europea (Dubravka Šuica) con la demografía como cartera, los gobiernos anti-liberales han introducido varias medidas familiaristas para incentivar el matrimonio, ofreciendo préstamos conjuntos a los cónyuges y animando a las parejas a tener hijos mediante exenciones en el impuesto sobre la renta.

Desigualdad social
¿Cómo es posible que los derechos reproductivos se hayan convertido en un campo de batalla, cuando el número de abortos disminuye constantemente y se relaciona claramente con la desigualdad social? Las encuestas de la Oficina Central de Estadística de Hungría muestran que las mujeres pobres, menores de edad y las que ya tienen varios hijos consideran la interrupción voluntaria del embarazo como el único medio asequible de control de la natalidad, ya que los sistemas de seguridad social no apoyan ningún otro. Para complicar aún más el panorama, las nuevas políticas familiares no sólo se están asegurando un sólido apoyo electoral (como pudo observarse en las recientes elecciones generales húngaras) sino que, al mismo tiempo, los gobiernos no liberales están aplicando las herramientas tradicionales de la política de bienestar redistributiva de la izquierda clásica.

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Quienes atacan los derechos reproductivos pretenden unir fuerzas globalmente muy diversas: desde políticos conservadores y actores religiosos fundamentalistas hasta pragmáticos antiliberales y belicistas como Vladimir Putin.
Su objetivo es crear una alternativa aparentemente atractiva a las democracias liberales: aquí está en juego mucho más que el derecho al aborto. En Texas se espera que los familiares y vecinos denuncien si tienen información sobre un aborto y se les autoriza a demandar para hacer cumplir la ley; aunque no se vean perjudicados, lo que representa la inserción de un paradigma iliberal dentro del sistema jurídico liberal.

Desde hace más de una década soplan vientos de cambio en relación con los derechos reproductivos, junto con la preparación intelectual e institucional para esta contienda. Sin embargo, las fuerzas políticas progresistas no han percibido las señales evidentes de que esos derechos estaban destinados a convertirse en el campo de batalla. Las fuerzas antiliberales no se han limitado a criticar los distintos marcos jurídicos sino que, simultáneamente, han estado construyendo instituciones alternativas y capturando las existentes, sustituyendo los discursos sobre los derechos por un nuevo lenguaje sobre la reproducción, todo ello en gran medida bajo el radar de los actores progresistas.

Niveles de interconexión
Este debate ofrece un espacio para la discusión de cuestiones cruciales sobre la igualdad de género. Pero se produce a tres niveles interconectados (transnacional, nacional y local) y especialmente en este último.

Hasta un marco jurídico nacional para el aborto puede quedar inhabilitado si, por ejemplo, algunos hospitales de Polonia y Hungría reciben financiación de la Unión Europea a través de sus respectivos gobiernos para mejorar sus departamentos de ginecología sólo con la condición de que se conviertan en 'amigos de la familia' (eufemismo de no practicar abortos). Cuando un hospital público húngaro o un pequeño municipio de Polonia pueden declararse fuera de la jurisdicción de los derechos humanos universales, de los tratados internacionales, de las directivas de la UE o de la legislación nacional, sin ninguna consecuencia jurídica o práctica real, se impone una nueva conceptualización de la ciudadanía: entonces, ciertos ciudadanos tienen acceso a los bienes públicos mientras que otros no.

Lo mismo ocurre en Estados Unidos en lo que respecta a las diferencias entre estados. Sin embargo, en un Estado hostil, una comadrona valiente puede asegurarse de que una mujer pueda ejercer el control sobre su fertilidad. Puesto que esta contienda se desarrolla a nivel mundial, las solicitudes por correo de medicamentos inductores del aborto pueden eludir la legislación, al tiempo que empresas internacionales como Amazon financian los viajes para que una empleada pueda acceder a una asistencia sanitaria no disponible en la zona.



Sin embargo, las narrativas y marcas cristiano-fundamentalistas estadounidenses también se exportan. Por ejemplo, el principio del latido del corazón (el embarazo no puede interrumpirse una vez que se detecta el primer latido del feto en la sexta semana de gestación) no sólo ha sido adoptado por algunos estados conservadores, sino que se ha asociado a reducciones de los derechos reproductivos en el extranjero.

Red transnacional
Para ello, se ha creado una red transnacional de organizaciones no gubernamentales anti-liberales y 'gongos' apoyadas por los gobiernos. El Congreso Mundial de Familias ya ha organizado cuatro de las llamadas cumbres demográficas (en 2015, 2017, 2019 y 2021), donde se reunieron políticos con líderes religiosos para compartir estrategias destinadas a aumentar las tasas de natalidad. En octubre de 2020, el Gobierno húngaro co-patrocinó con otros cinco países una reunión virtual para la firma de la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia.

Este documento pretende ser una alternativa al Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, así como al mecanismo del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). En la Declaración de Ginebra, firmada inicialmente por 32 países, se afirmaba que "no existe ningún derecho internacional al aborto, ni ninguna obligación internacional por parte de los estados de financiarlo o facilitarlo, en consonancia con el consenso internacional de larga data de que cada nación tiene el derecho soberano de aplicar programas y actividades coherentes con sus leyes y políticas".

Los derechos humanos universales se centran en los derechos individuales de las mujeres. No mitiga las injusticias derivadas del orden económico impuesto en Europa del este y central tras la transición de 1989, como tampoco las políticas de austeridad aplicadas tras el crack financiero de 2008, y que han afectado a la vida cotidiana de las mujeres.

La contestación anti-liberal de los derechos reproductivos no es sólo un movimiento político contra los derechos universales, enmascarado como una fuerza moral que crea una alternativa a los valores liberales, sino que tiene también una base material. Dado que los recursos son cada vez más escasos, las mujeres los toman de dondequiera que estén disponibles, lo que también explica por qué el iliberalismo es tan popular entre ellas. Los derechos reproductivos, el maternalismo y la familia como institución pueden ser un recurso cuando no hay otros disponibles en un aparato estatal disfuncional.

Lisa Brush ha llamado al maternalismo "feminismo para tiempos difíciles". Cuando el apoyo electoral de los partidos progresistas tradicionales se está estancando mientras los problemas sociales y económicos aumentan, un replanteamiento del maternalismo podría ser la forma de impedir que las contestaciones anti-liberales de los derechos reproductivos se apropien de las instituciones y los valores de la política progresista.
 
(Este análisis se publicó originalmente, en inglés, en Social Europe)
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