La limitación de la libertad para establecer el precio del alquiler es una restricción del derecho fundamental de propiedad reconocido en el art. 33 CE, pero ello no supone la inconstitucionalidad de la misma.
Todavía hoy algunas de las conquistas respecto a los derechos de las mujeres siguen siendo condicionales, dependientes de las mayorías parlamentarias. Es preciso un anclaje en la Constitución