Lejos de ser una cuestión técnica, la protección de informantes es "un problema de gobernanza que afecta a la calidad de la democracia". La Directiva europea que la regula nació para garantizar que alertar de una irregularidad no supusiera quedar expuesto a represalias. Sin embargo, cinco años después, existen varios problemas en su aplicación. La jurista y responsable de proyectos en FIBGAR, Carmen Coleto, usa un informe del proyecto VoiceGuard para explicar que muchos sistemas existen sobre el papel, pero siguen siendo invisibles, inseguros o poco útiles para quienes deberían utilizarlos.