¿Por qué Sánchez calló sobre Marruecos?

Los días 30 y 31 de julio, mientras decenas de miles de migrantes cruzaban la frontera de Ceuta, buques de guerra marroquíes penetraron en aguas españolas. La Armada reforzó su presencia en la zona y el incidente terminó resolviéndose mediante contactos entre ambos países, según explicó posteriormente el presidente Pedro Sánchez. El Gobierno, sin embargo, guardó silencio. Durante más de dos meses, la opinión pública desconoció que la crisis fronteriza había tenido también una vertiente militar. Tampoco se había aclarado quién estaba detrás de la entrada masiva de migrantes. De haberse conocido entonces las incursiones navales, probablemente muchos habrían atribuido de inmediato a Marruecos la responsabilidad de lo ocurrido en la frontera, incluso sin pruebas suficientes para hacerlo.

Sánchez tenía razones para evitar que el incidente naval agravara las relaciones con Rabat. Pero su decisión entrañaba un riesgo político considerable: que la información acabara publicándose sin que el Ejecutivo hubiera ofrecido antes ninguna explicación. Y así sucedió. El presidente consiguió mantener la crisis en el terreno diplomático, aunque quedó expuesto a las acusaciones de ocultación. Si las incursiones hubieran trascendido pocos días después de los acontecimientos, con las imágenes de Ceuta todavía presentes en la conversación pública, probablemente las consecuencias políticas habrían sido mayores. La revelación llegó más tarde, pero obligó al Gobierno a justificar retrospectivamente una decisión sobre la que había preferido no informar.

De Kennedy a Perejil: las lecciones de la contención diplomática

En octubre de 1962, John F. Kennedy se enfrentó a un problema que, salvando las distancias, guarda cierto parecido con el de Sánchez. Estados Unidos había descubierto que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Kennedy mantuvo la información en secreto durante seis días, mientras examinaba las alternativas militares y diplomáticas. Cuando anunció públicamente el descubrimiento, ya había decidido establecer una cuarentena naval alrededor de la isla. La medida permitía demostrar determinación sin desencadenar automáticamente una guerra. Durante aquellos días, el silencio dio tiempo a Washington para preparar su respuesta y evitó que una amenaza formulada prematuramente ante la ciudadanía limitara sus posibilidades de negociación.

En una crisis internacional, la publicidad de las amenazas puede acabar condicionando tanto como las propias amenazas. Una declaración contundente satisface a veces a la opinión pública, pero también compromete a quien la pronuncia. Si el adversario queda públicamente humillado, aceptar una retirada puede resultarle más difícil. La diplomacia necesita conservar esa posibilidad: permitir que la otra parte retroceda sin tener que reconocer abiertamente una derrota. De ahí que la fuerza de un Estado importe tanto como su capacidad para decidir cuándo utilizarla y hasta dónde llevar una confrontación.

"En una crisis internacional, la publicidad de las amenazas puede acabar condicionando tanto como las propias amenazas"

Thomas Schelling estudió precisamente la relación entre disuasión y negociación. La amenaza de emplear la fuerza puede ser necesaria para defender determinados intereses, pero pierde parte de su utilidad cuando desaparecen las alternativas al enfrentamiento. España podía responder militarmente a las incursiones marroquíes y, al mismo tiempo, tratar de impedir que cada movimiento exigiera otro más contundente. Convertir públicamente el episodio en una prueba de autoridad habría reducido el margen del Gobierno para buscar una solución discreta.

Naturalmente, Cuba y Ceuta son situaciones muy distintas. España no se enfrentaba a una guerra nuclear ni Marruecos representa una amenaza comparable a la Unión Soviética de 1962. Lo que interesa del precedente estadounidense es la gestión de los tiempos políticos. Kennedy retrasó la divulgación para preparar una respuesta. En Ceuta, el Gobierno español parece haber optado por la discreción para impedir que la incursión naval agravara una crisis que ya era extraordinariamente grave.

España cuenta con otro precedente mucho más cercano: el islote de Perejil. En julio de 2002, José María Aznar ordenó una operación militar para desalojar a los efectivos marroquíes que lo habían ocupado. España recuperó el control mediante la intervención de sus fuerzas armadas, pero el enfrentamiento necesitó después la mediación de Estados Unidos para restablecer la situación anterior. La actuación militar permitió poner fin a la ocupación; sin aquella salida diplomática, las relaciones entre Madrid y Rabat podían haber seguido deteriorándose.

Perejil tampoco permite concluir que España debiera haber renunciado a intervenir. La respuesta militar podía estar justificada, aunque por sí sola no garantizaba una solución política. Esa distinción adquiere una importancia especial entre países vecinos. España y Marruecos comparten fronteras, intereses económicos, cooperación policial y responsabilidades migratorias. Pueden atravesar crisis graves, pero seguirán teniendo que relacionarse una vez superadas. Incluso cuando se logra resolver un enfrentamiento, sus efectos sobre la confianza bilateral pueden prolongarse durante años.

"Incluso cuando se logra resolver un enfrentamiento, sus efectos sobre la confianza bilateral pueden prolongarse durante años"

También hay que considerar cómo interpreta cada Gobierno los movimientos del otro. Una medida adoptada para reforzar la seguridad propia puede percibirse al otro lado de la frontera como una amenaza y provocar una respuesta que agrave todavía más la situación. La contención diplomática permite interrumpir esa sucesión de reacciones. Es posible, por tanto, interpretar la actuación española en Ceuta como un intento de defender su soberanía mediante una respuesta militar proporcionada, sin llevar el enfrentamiento más allá de lo necesario.

Esta prudencia debería tenerse en cuenta al valorar las exigencias de quienes reclaman que España señale públicamente a Marruecos como responsable de lo ocurrido. El Gobierno puede y debe recibir críticas por su actuación, por la tardanza en responder o por haber mantenido durante demasiado tiempo el silencio sobre las incursiones. La obligación de rendir cuentas forma parte del control democrático. Pero declarar formalmente que Marruecos ha cometido una agresión deliberada contra España tendría consecuencias que van bastante más allá de una denuncia política.

Una acusación de esa naturaleza generaría expectativas de respuesta. España podría verse presionada para suspender parte de la cooperación bilateral, promover sanciones europeas o realizar nuevas demostraciones militares. Rabat, a su vez, podría reaccionar a cualquiera de esas medidas. El riesgo de escalada es evidente, incluso aunque ninguno de los dos gobiernos deseara llegar tan lejos. En política exterior, las palabras pueden crear obligaciones difíciles de retirar. Una vez formulada públicamente una acusación, rectificarla o rebajar su gravedad tiene también un coste político.

"En política exterior, las palabras pueden crear obligaciones difíciles de retirar. Una vez formulada públicamente una acusación, rectificarla o rebajar su gravedad tiene también un coste político"

Por supuesto, la necesidad de conservar buenas relaciones con Marruecos no obliga a concederle inmunidad diplomática. España debe poder denunciar las actuaciones de Rabat cuando existan motivos para hacerlo. La exigencia de explicaciones al Ejecutivo español, sin embargo, puede sostenerse sin reclamar necesariamente una confrontación pública con el país vecino. Antes de pedir medidas más contundentes, convendría precisar qué se busca conseguir con ellas, qué reacción podrían provocar y qué posibilidades quedarían para resolver el conflicto.

En Ceuta, además, conviene distinguir entre amenazas de naturaleza muy diferente. La obligación de España de garantizar su soberanía y controlar sus fronteras no convierte la llegada de civiles en un problema equiparable a una incursión militar. Tampoco autoriza el uso indiscriminado de la fuerza letal contra personas migrantes. La respuesta del Estado debe ajustarse a la legalidad y ser proporcionada a cada situación. Reclamar la máxima contundencia frente a cualquier incidente fronterizo, sin atender a sus características, puede conducir a decisiones peligrosas.

La visita de Felipe VI a Ceuta y las tensiones internas de Marruecos

La visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, el 13 de octubre, permitió expresar la posición española sin necesidad de recurrir a nuevas demostraciones militares. El rey defendió la soberanía sobre la ciudad autónoma, recordó que su frontera también es europea y reclamó una relación con Marruecos basada en el respeto mutuo. El mensaje institucional combinó la firmeza territorial con la voluntad de mantener unas relaciones estables con Rabat.

"La obligación de España de garantizar su soberanía y controlar sus fronteras no convierte la llegada de civiles en un problema equiparable a una incursión militar"

Unos días antes, Ignacio Cembrero había anticipado en una entrevista con Agenda Pública que el enfado marroquí por la visita sería menor que el provocado por el viaje de Juan Carlos I en 2007. A su juicio, Rabat tenía razones para evitar que la crisis de Ceuta siguiera perjudicando su imagen internacional. La reacción relativamente contenida de las autoridades marroquíes hasta ahora parece apuntar en esa dirección. También recuerda que el alcance político de una visita real depende de las circunstancias del país vecino y de los intereses de quienes lo gobiernan.

Y las circunstancias internas de Marruecos merecen atención. Cuando estalló la crisis de Ceuta, faltaban menos de dos meses para las elecciones legislativas del 23 de septiembre, celebradas finalmente con un profundo malestar social, especialmente entre los jóvenes. A esa desafección se añade la incertidumbre sobre el futuro de la monarquía alauí. Mohamed VI continúa ejerciendo sus funciones y no existe ningún proceso sucesorio formalmente abierto, pero las especulaciones sobre una eventual transición al reinado de su hijo, el príncipe Mulay Hasán, conviven con informaciones sobre rivalidades y luchas de influencia en el entorno del Palacio Real.

Estas circunstancias importan porque las grandes decisiones estratégicas marroquíes continúan dependiendo del monarca. Una escalada diplomática con España podría desarrollarse, por tanto, en medio de tensiones sociales, reajustes de poder y expectativas sucesorias cuyo alcance es difícil de conocer desde fuera. Sería aventurado afirmar que alguna de esas circunstancias motivó las incursiones navales de julio o atribuirlas a una facción determinada del régimen. No disponemos de información suficiente para establecerlo.

La incertidumbre, precisamente, aconseja prudencia. Cuando no se conoce con exactitud cómo se distribuye el poder en el país vecino, resulta difícil anticipar las consecuencias internas de una confrontación exterior. Una respuesta española pensada para demostrar firmeza podría terminar favoreciendo a quienes, dentro del sistema marroquí, considerasen útil mantener abierto el enfrentamiento. España tiene un interés evidente en la estabilidad del país con el que comparte su frontera meridional. Evitar que una crisis bilateral alimente eventuales luchas internas de poder es también una consideración que merece tenerse en cuenta.

El silencio de Sánchez y los límites de la discreción diplomática

Esa cautela en el exterior tiene, sin embargo, consecuencias dentro de España. Sánchez podía provocar una reacción de Rabat si hacía públicas las incursiones, pero el silencio lo exponía a las acusaciones de haber ocultado información relevante. El presidente confirmó el incidente el 12 de octubre, después de que apareciera publicado en la prensa. En su comparecencia parlamentaria de septiembre no había mencionado lo sucedido, una omisión que merece explicaciones.

"Una respuesta española pensada para demostrar firmeza podría terminar favoreciendo a quienes, dentro del sistema marroquí, considerasen útil mantener abierto el enfrentamiento"

Hay motivos para que un Gobierno retrase la divulgación de determinada información militar mientras gestiona una crisis de seguridad. También puede recurrir a ese argumento para evitar responsabilidades políticas. Distinguir ambos supuestos exige conocer qué ocurrió, por qué se decidió guardar silencio y durante cuánto tiempo estaba justificado mantenerlo. Ningún Ejecutivo puede informar de todos sus movimientos militares mientras se desarrollan, pero la seguridad nacional tampoco puede convertirse en una excusa permanente para eludir el control democrático. La discreción durante una crisis debe ir acompañada de una rendición de cuentas posterior.

El desgaste político de Sánchez por la gestión de Ceuta ha sido considerable. Su reacción tardía, unida al uso de la crisis por parte de la oposición, ha tenido además un coste especialmente grave para la sociedad española: la extensión de discursos racistas en el debate público. La negativa del Ejecutivo a atribuir formalmente a Marruecos la responsabilidad de lo sucedido ha sido interpretada por algunos como una traición. Sin embargo, esa decisión también puede responder a la voluntad de preservar unas relaciones bilaterales que España necesita mantener, sin que ello implique necesariamente plegarse a los intereses marroquíes.

La valoración de lo que hizo Sánchez dependerá de los resultados. Habrá que determinar si la respuesta de la Armada protegió efectivamente la soberanía española, si consiguió evitar nuevas incursiones y si la discreción contribuyó a recuperar una relación estable con Marruecos. El Gobierno tendrá que explicar, además, por qué mantuvo el episodio fuera del conocimiento público durante más de dos meses.

"La seguridad nacional tampoco puede convertirse en una excusa permanente para eludir el control democrático"

Kennedy dispuso de seis días para preparar su respuesta a la Unión Soviética. En Perejil, España necesitó una mediación posterior a la intervención militar. Ceuta presenta sus propias circunstancias, pero vuelve a recordar que una demostración de fuerza puede resolver un incidente sin garantizar el final de una crisis. Sánchez decidió evitar una confrontación pública con Marruecos. Ahora debe explicar por qué lo hizo y demostrar que aquella prudencia sirvió para defender los intereses españoles.