¿Qué esperar de un pacto PP-Vox? El fantasma de Ciudadanos

Bien entrados ya en la segunda legislatura de una coalición de izquierdas, se ha escrito mucho sobre la relación entre el PSOE y sus socios menores. Sin embargo, sabemos mucho menos acerca de cómo operan las coaliciones en el bloque de derechas. Más allá de los experimentos regionales del PP con Vox, hay una experiencia previa que resulta especialmente útil analizar: el Gobierno en minoría del PP con el apoyo de Ciudadanos.

"C's llegó a la política nacional con una doble alma: una cúpula política centrada en ganar elecciones con un discurso nacionalista español y anticorrupción y un equipo de economistas encargado de elaborar una agenda socioeconómica"

En este artículo, trato de extraer ideas relevantes para la actualidad en base a un estudio académico reciente que analiza, a través de entrevistas, el papel de Ciudadanos en el Gobierno en minoría de Mariano Rajoy. La idea principal es que los socios minoritarios enfrentan un dilema constante entre dos formas de hacer política en coalición: colaborar de manera discreta para alcanzar influencia legislativa con objetivos concretos, o confrontar públicamente para competir electoralmente y lograr poder. Aunque ambas dinámicas suelen coexistir, su predominancia varía entre partidos y, también, entre sus facciones internas. 

Aquí me centro en el papel de Ciudadanos en tres aspectos: la formación de Gobierno, la actividad legislativa, y la ruptura de la coalición. Cómo el equilibrio de poder dentro de Ciudadanos llevó a abandonar objetivos técnicos por confrontación electoral puede augurar cómo el Vox ultraconservador actual podría ser un socio impredecible para el PP, centrado en la confrontación sensacionalista de la batalla cultural y ausente en las negociaciones sobre reformas meditadas.

Formación de Gobierno

Ciudadanos llegó a la política nacional con una doble alma: una cúpula política centrada en ganar elecciones con un discurso nacionalista español y anticorrupción, con perfiles como Albert Rivera o Inés Arrimadas, y un equipo de economistas liderado por Luis Garicano, encargado de elaborar una agenda socioeconómica. Esta se llenó de propuestas con evidencia académica —aunque la evidencia siempre se pueda discutir— como el complemento salarial, reformas educativas o medidas de apoyo a las familias.

En las negociaciones para la formación del segundo Gobierno de Mariano Rajoy, tras las elecciones de 2015, ambas almas tenían intereses contrapuestos. La cúpula buscaba distanciarse del PP para mantener un discurso de renovación que atrajera a votantes desencantados con el establishment. Por ello, Ciudadanos decidió no entrar en una coalición y apoyar al Gobierno en minoría desde fuera. Mientras tanto, la facción técnica ambicionaba introducir sus medidas económicas en el acuerdo de Gobierno. Las entrevistas indican que tuvieron negociaciones cordiales con el gabinete del ministerio de trabajo de Fátima Báñez, logrando incluir casi todas sus propuestas en los 150 puntos para cambiar España. Este ministerio también hospedaba perfiles más técnicos, algo que no aplica a todas las áreas o niveles de organización del Partido Popular. 

Actividad legislativa

El acuerdo estuvo muy lejos de cumplirse, falto de cualquier tipo de mecanismo formal de aplicación. Una vez instalado en el Gobierno, el PP tuvo que lidiar con un parlamento muy fragmentado, donde el apoyo de Ciudadanos no era suficiente para alcanzar la mayoría. Al estar fuera del Gobierno, Ciudadanos priorizó escalar en las encuestas a costa de no participar en el Ejecutivo, y debió recurrir a herramientas parlamentarias para sacar adelante sus propuestas. Los votos de Ciudadanos seguían siendo muy relevantes para mantener el Gobierno a flote, y consolidaba con el PP la mayoría en la mesa del congreso, esencial para influir en la gestión de la agenda y los tempos legislativos. 

"Ciudadanos priorizó escalar en las encuestas a costa de no participar en el Ejecutivo, y debió recurrir a herramientas parlamentarias para sacar adelante sus propuestas"

Tanto en el parlamento como en sus reuniones bilaterales y en su discurso mediático, Ciudadanos manejaba un difícil equilibrio entre apoyo y oposición al Gobierno. Trataban de mantenerse críticos con el Gobierno y especialmente duros con la corrupción. Al mismo tiempo, votaban a favor de muchas medidas del PP, con la esperanza de condicionar ese apoyo a sus propuestas. Esta estrategia tuvo, en general, poco éxito, pero Ciudadanos pudo aprovechar la aprobación de los presupuestos generales para avanzar una relevante medida: la duplicación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas. 

Hay que reconocer que sacar adelante esta reforma fue posible porque esta extensión ya había sido aprobada por el anterior Ejecutivo del PSOE, pero había sido congelada por la crisis. Acabar con el aplazamiento de su entrada en vigor fue más fácil que negociar otras propuestas que requerían diseñar una política desde cero y negociar con patronal y sindicatos, como el complemento salarial. Pero a pesar de su modesta influencia, sumando algunas mejoras para autónomos y reformas menores, este logro les permitió mostrarse como impulsores de un cambio simbólico tras años de austeridad.

La ruptura

Las relaciones entre Ciudadanos y el PP se deterioraron en un 2017 marcado por el referéndum catalán y los escándalos de corrupción del Partido Popular. Ciudadanos comenzó a escalar en las encuestas, llegando incluso a superar al PP en intención de voto. Este éxito provisional llevó a sus líderes a adoptar una estrategia más confrontacional para competir por los votantes de derechas con el PP. Esto, a su vez, erosionó su capacidad de influencia legislativa. En los presupuestos de 2018, solo logró ampliar el permiso de paternidad a cinco semanas, lejos de las ocho inicialmente pactadas, mientras el resto de sus propuestas quedaron en el aire. 

"El éxito provisional de C's en las encuestas llevó a sus líderes a adoptar una estrategia más confrontacional para competir por los votantes de derechas con el PP"

Ciudadanos se abstuvo en la moción de censura al Gobierno de Rajoy, con un discurso crítico que le permitió capitalizar parte del descontento con los populares en las primeras elecciones de 2019, donde absorbió veinticinco de los setenta y un diputados que perdió el PP, alcanzando cincuenta y siete escaños y quedando a las puertas de un sorpasso. 

En este punto, la gravedad del giro hacia la derecha impulsado por la cúpula termina por fracturar al partido y ahuyentar a sus votantes. Como comentó Rodríguez Teruel en este medio, el rechazo a cualquier posibilidad de investir al PSOE, la obsesión por competir con el PP por la derecha y el blanqueamiento de Vox, hizo al ala más liberal y técnica abandonar el partido, y también llevó a su desplome electoral. Tras la repetición electoral, perdió un millón de votos al PP, otro millón a la abstención, y casi 400.000 a Vox, augurando una legislatura irrelevante y su posterior desaparición. Al final, parece que un discurso incendiario no es suficiente para ganar elecciones, sino que los votantes también valoran la capacidad de gestión.

Lecciones para un pacto PP-Vox: ruido, gestión y poder en las coaliciones de derecha

Vox también sufrió una división entre los ultraliberales como Espinosa de los Monteros, quizás de perfil más técnico y reformista, y los ultraconservadores como Jorge Buxadé o Ignacio Garriga, más dados a la batalla cultural contra la igualdad de género y a las teorías de la conspiración. Trazando un paralelismo con Ciudadanos, la expulsión del ala ultraliberal podría indicar que el Vox actual esté más interesado en ganar votos y cargos a través de discursos beligerantes que en negociar propuestas razonadas, especialmente si compite con SALF, campeones en mentiras, conspiraciones y redes sociales. Esto puede influenciar tanto su entrada y salida de un Gobierno con el PP como su influencia legislativa.

"La expulsión del ala ultraliberal podría indicar que el Vox actual esté más interesado en ganar votos y cargos a través de discursos beligerantes que en negociar propuestas razonadas"

Los acuerdos entre PP y Vox en gobiernos regionales han carecido de discusiones públicas sobre medidas concretas. Sin embargo, Vox sí ha demostrado un gran interés por ocupar cargos de poder y captar dinero público, sin importar que sus carteras tuvieran competencias gestoras o no. El ejemplo paradigmático es el de García-Gallardo, convertido en vicepresidente sin ninguna competencia en Castilla y León, administración en la que también se multiplicaron altos cargos y asesores.

En cuanto a su potencial influencia legislativa, Vox parece claramente centrado en la batalla cultural y en medidas sensacionalistas como el revisionismo histórico del franquismo, el cuestionamiento de la violencia de género, el ataque a las lenguas cooficiales o el fomento de la tauromaquia. Por ello, se ha concentrado en carteras como las de agricultura y cultura, y ha promovido cargos polémicos y sin experiencia gestora, como poner al torero Vicente Barrera de vicepresidente y conseller de cultura y deportes en la Generalitat Valenciana. De cara a una posible coalición, su agenda ideológica ultra dificulta negociaciones técnicas basadas en potenciales beneficios para la población, y conduce, en cambio, a debates normativos y electoralistas.

"El interés por el poder y la confrontación convierte además a Vox en un socio inestable"

El interés por el poder y la confrontación convierte además a Vox en un socio inestable. Lo ha demostrado al romper todos sus gobiernos con el PP por acordar acoger a 120 menores migrantes en cada comunidad autónoma bajo su control, una medida alejada de cualquier problema real que hace cuestionar sus motivaciones reales. Con tal actitud, es posible que prefiera apoyar un Gobierno en minoría del PP, como en Baleares, si considera que ello le asegura un reparto de poder más favorable en el futuro. Pero eso no lo hace menos inestable, ya que precisamente en Baleares Vox se dividió varias veces debido a luchas internas e incluso perdió su grupo parlamentario.

En conclusión, el paralelismo con Ciudadanos en el dilema entre ruido o colaboración reformista sugiere que Vox sería un socio errático, más interesado en consolidar poder y marcar su agenda cultural ultraderechista que en evaluar los efectos sociales de sus medidas. Para ello, puede fluctuar entre mantener cargos para aprobar medidas escandalosas o hacer peligrar al Gobierno si le conviene. Esto puede ser un riesgo para ellos en el largo plazo, ya que los votantes no solo valoran el discurso llamativo, sino también la capacidad de gestión. Ante este escenario, el PP puede optar por competir en estridencias, por ejemplo manteniendo a un cuestionable Mazón o dando alas al discurso de Ayuso, o bien potenciar su perfil gestor y tender puentes con nacionalistas vascos y catalanes como ventaja comparativa.