Martes, 28 de julio de 2026
ANÁLISIS
Si, hay bulos y fango orquestado
Esto no va de Pedro quédate, o de echar a Sánchez. Y plantearlo así, es aceptar un marco de referencia perdedor para los demócratas. Tampoco va de incrementar la polarización movilizando “a los tuyos” al grito de ¡a por los polarizadores! No va, mejor, no debe ir, de culpables, sino de soluciones a problemas reales. Por ejemplo, regulando un Código Ético de Buen Gobierno del Gobierno o unas Reglas de Comportamiento Parlamentario que, supervisadas por un órgano independiente hubieran evitado una parte del debate actual.
El Estado democrático regula su actuación legal (Ley del Gobierno, de procedimiento administrativo, de contratos…) y encarga la supervisión a la Abogacía del Estado y a los fiscales. También regula la gestión del dinero público (Ley de Presupuestos…) y encarga la supervisión a la Intervención General del Estado y al Tribunal de Cuentas. Igualmente, visto lo visto, debería regular un Código Ético de los miembros del gobierno y sus parejas, incluyendo el uso de los medios del Estado como los aviones y las casas, para evitar debates absurdos como los de estos días, encargando a algún órgano independiente su supervisión. Y va, también, de regular los medios públicos de comunicación y la publicidad institucional de todas las administraciones, en defensa de la libertad de expresión y de información. Como habría que recuperar el espíritu de la Proposición no de Ley presentada por el PP en 2017, en pleno furor independentista en Cataluña, para luchar contra las fake news inventadas para desestabilizar, por ejemplo, el normal desarrollo de un proceso electoral. Y hacer todo eso, exige pactos transversales, porque son cuestiones de Estado y no tanto de partidos.
Porque esto va de democracia, no de personas, ni personalismos. España no puede ser el único país occidental que quede al margen de la intensa y orquestada campaña mundial para deteriorar los sistemas democráticos en pleno resurgimiento de una Guerra Fría 2.0 donde aquellos que cuestionan el actual orden internacional lo hacen criticando, entre otros, los valores occidentales de libertad, democracia y estado de derecho. Por debajo de las batallas económicas sobre redes digitales, baterías o paneles solares, incluso por debajo de la pugna con Putin por la guerra de Ucrania, hay una pugna por la hegemonía mundial que gira en torno a países democráticos por un lado y autocracias y dictaduras por otro.
Así lo viene entendiendo en los últimos tiempos los organismos internacionales occidentales (sobre todo, los del ámbito de la defensa como la OTAN o la Conferencia de Seguridad de Múnich), los analistas políticos de todo occidente (el auge de libros y publicaciones advirtiendo sobre la crisis de la democracia o los riesgos del populismo, no son una moda) y la mayoría de líderes democráticos. Recientemente Macron en su discurso en la Sorbonne diciendo “Está en juego el ataque contra las democracias liberales, contra nuestros valores” o el canciller alemán declarando que “necesitamos fortalecer a los demócratas (frente) a los populistas de derecha que quieren destruir la democracia” o el nuevo primer ministro polaco cuando al hablar de Putin, el mismo que se vanagloria de combatir los valores occidentales, dice que “en mi parte de Europa, la guerra ya no es una abstracción”.
Sin alarmismos, pero todo el giro en la estrategia europea en estos años va de dos cosas: reducir la dependencia en sectores fundamentales de aquellos países considerados “adversarios estratégicos” (China y Rusia en primer lugar) y fortalecer la capacidad propia de defensa, militar, pero también de valores democráticos. El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, lo decía recientemente en su blog: el mundo ha cambiado y en un contexto cada vez más hostil, Europa debe defender su autonomía estratégica y política. La actual campaña electoral americana va, también, de esto: de si la democracia liberal ha llegado a su fin, o no, en los Estados Unidos.
En ese contexto, se inscriben la llamada desinformación que ha sido objeto de interés preferente por parte del Consejo Europeo y de las autoridades norteamericanas tras constatarse las injerencias externas en forma de bulos, fake news y mentiras con recorrido en redes sociales, habidas en las pasadas elecciones que dieron el triunfo a Trump, como en el referéndum del Brexit o, incluso aquí, en la campaña independentista en Cataluña.
La lucha contra la desinformación forma parte hoy de la agenda política de los países democráticos, al nivel de la lucha contra los ciberataques, porque atenta contra la libertad de expresión y de prensa a la vez que subvierte el debate democrático y sus resultados. Desde 2015 se encuentra en los debates del Consejo Europeo que encargó un Plan de Acción contra la Desinformación a la Comisión y al Alto Representante que se presentó en 2018 y donde se define la desinformación como “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar perjuicio público” incluyendo la amenaza sobre los procesos democráticos. La lucha contra la desinformación, que debe implicar al sector privado y a la sociedad en general, se inscribe pues como un reto importante para las democracias porque “socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, contribuye a la polarización e interfiere en los procesos democráticos de toma de decisiones”. La preocupación aumenta cuando varios servicios de información de países como Bélgica o Alemania han encontrado conexiones entre fuentes externas de desinformación (rusas) y agentes nacionales vinculados a partidos y grupos que ensalzan el nazismo, el fascismo y el franquismo.
Pocas bromas, pues con el asunto de los bulos y el fango, porque es una realidad global a la que las autoridades democráticas de Europa están afrontando con decisión conscientes de que nos jugamos la democracia, porque se presenta en conexión con otros fenómenos políticos que, aunque “normalizados” atentan contra el espíritu de la democracia integradora. Por ejemplo, la excesiva personalización del debate político: cada vez más, no se discute una idea, un partido, una gestión, sino a una persona en la que se quiere simbolizar al “adversario”, lo que permite dos cosas simultáneas: aislarla de los millones de votos que la respalda, del partido al que pertenece y de los diputados que la han votado y aparentar que con cambiar o “echar” a esa persona, se resolverán todos los problemas.
El caso más relevante en España fue el famoso “Váyase, señor González” que, a pesar de que parece que no estaba escrito en el discurso del líder de la oposición, respondía ya a un cambio de estrategia introducido por Aznar en el PP cuando se constató que “no había manera de vencer a Felipe González de otra manera” (Ansón dixit años después) por lo que se organizó una campaña político-mediática para echarlo “fue necesario llegar al límite y poner en riesgo al Estado, con tal de terminar con él”, incluyendo el insistir, sin pruebas, en que Felipe era la X de los GAL, después de años divulgando falsedades sobre su supuesta fortuna escondida en Latinoamérica o sus chalets de lujo en Marruecos.
Cuando el debate político se produce entorno a ideas, propuestas y gestión, el debate racional es posible, las alternativas surgen y la confrontación y el acuerdo encuentran su terreno natural en el debate parlamentario y democrático. Pero si el debate se personaliza y se carga de insultos, bulos y descalificación, se rompe la lógica democrática del debate y entramos en el fango. Nuestra experiencia demuestra, de antiguo, que la judicialización de las denuncias no garantiza una imparcialidad en el análisis de las mismas, salvo, en su caso, cuando se archiva años después de que el daño político haya estado hecho. Podemos discutir, racionalmente, si hay que suprimir o no el impuesto de patrimonio, pero es imposible hacerlo sobre si un líder es autocrático o trumpista que son debates que movilizan prejuicios incompatibles con la razón democrática que es dialogo y verdades contrastables.
Sin salir de España, hemos constatado con motivo del aniversario, la campaña que organizó el Gobierno Aznar para acusar a ETA del terrible atentado del 11-M, contra la evidencia policial y pensando en su beneficio electoral. Hasta ocho destacados periodistas de diferentes medios han reconocido este hecho: “Aznar llamó a todos los periódicos de Madrid y Barcelona” afirma José Antonio Zarzalejos, entonces, director del ABC. “Fue la operación de desinformación más sucia en democracia” afirma Ceberio, director entonces del País, a lo que Zarzalejos añade “fue una operación mediática, pero con trasfondo político”.
La campaña de desinformación sobre los atentados del 11-M no finalizó con el cambio de gobierno que se produjo tras las elecciones de 2004. De hecho, durante años se articuló una intensa campaña de bulos y mentiras que, por vez primera, utilizó de manera intensa las nuevas redes sociales para polarizar al país. La connivencia entre supuestas informaciones mediáticas y la actividad política en el Parlamento (donde se llegó a crear una Comisión de Investigación) era evidente, con un objetivo claro: alterar el resultado de las elecciones y deslegitimar al gobierno socialista salido de las urnas. Todavía hoy, años después de que la investigación judicial concluyera acusando a los responsables del atentado que quedaban vivos en un sentido que desmentía, con evidencias, las teorías conspirativas mantenidas, señalando que el atentado fue obra de células o grupos terroristas de tipo yihadistas, sin ninguna intervención de ETA, , todavía hay quien se resiste a creer que, en torno al atentado, hubo una campaña de desinformación orquestada a gran nivel, para atacar a un adversario político aunque con ello, se pusiera en riesgo la democracia al cuestionar el funcionamiento de los aparatos del estado (policía, fiscales, jueces…) y el proceso electoral.
Estoy seguro de que en esta coctelera de recuerdos podemos incluir varios casos más. Incluso, algunos, dirigidos también contra otros adversarios políticos, desde otras atalayas. Pero lo importante hoy, no es seguir buscando culpables, sino soluciones, Para lo que es imprescindible asumir que el problema existe. Que hay campañas de bulos y fango, orquestadas para interferir los procesos democráticos y cambiar la voluntad popular expresada en las urnas. Que cuenta con agentes externos e internos. Y que los demócratas debemos combatirlas siempre, pero más en estos momentos en que, como dijo Macron, nuestra Europa libre, social y democrática, puede morir. Y lo hará, precisamente, a manos de expertos en desinformación, bulos y fango. Recordemos que, como dijo Baudelaire, "el mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe".
A lo mejor, empezar por debatir en el Congreso el Plan de Acción europeo contra la desinformación y cómo aplicarlo en España, puede ser un buen primer paso.
El Estado democrático regula su actuación legal (Ley del Gobierno, de procedimiento administrativo, de contratos…) y encarga la supervisión a la Abogacía del Estado y a los fiscales. También regula la gestión del dinero público (Ley de Presupuestos…) y encarga la supervisión a la Intervención General del Estado y al Tribunal de Cuentas. Igualmente, visto lo visto, debería regular un Código Ético de los miembros del gobierno y sus parejas, incluyendo el uso de los medios del Estado como los aviones y las casas, para evitar debates absurdos como los de estos días, encargando a algún órgano independiente su supervisión. Y va, también, de regular los medios públicos de comunicación y la publicidad institucional de todas las administraciones, en defensa de la libertad de expresión y de información. Como habría que recuperar el espíritu de la Proposición no de Ley presentada por el PP en 2017, en pleno furor independentista en Cataluña, para luchar contra las fake news inventadas para desestabilizar, por ejemplo, el normal desarrollo de un proceso electoral. Y hacer todo eso, exige pactos transversales, porque son cuestiones de Estado y no tanto de partidos.
Porque esto va de democracia, no de personas, ni personalismos. España no puede ser el único país occidental que quede al margen de la intensa y orquestada campaña mundial para deteriorar los sistemas democráticos en pleno resurgimiento de una Guerra Fría 2.0 donde aquellos que cuestionan el actual orden internacional lo hacen criticando, entre otros, los valores occidentales de libertad, democracia y estado de derecho. Por debajo de las batallas económicas sobre redes digitales, baterías o paneles solares, incluso por debajo de la pugna con Putin por la guerra de Ucrania, hay una pugna por la hegemonía mundial que gira en torno a países democráticos por un lado y autocracias y dictaduras por otro.
Así lo viene entendiendo en los últimos tiempos los organismos internacionales occidentales (sobre todo, los del ámbito de la defensa como la OTAN o la Conferencia de Seguridad de Múnich), los analistas políticos de todo occidente (el auge de libros y publicaciones advirtiendo sobre la crisis de la democracia o los riesgos del populismo, no son una moda) y la mayoría de líderes democráticos. Recientemente Macron en su discurso en la Sorbonne diciendo “Está en juego el ataque contra las democracias liberales, contra nuestros valores” o el canciller alemán declarando que “necesitamos fortalecer a los demócratas (frente) a los populistas de derecha que quieren destruir la democracia” o el nuevo primer ministro polaco cuando al hablar de Putin, el mismo que se vanagloria de combatir los valores occidentales, dice que “en mi parte de Europa, la guerra ya no es una abstracción”.
Sin alarmismos, pero todo el giro en la estrategia europea en estos años va de dos cosas: reducir la dependencia en sectores fundamentales de aquellos países considerados “adversarios estratégicos” (China y Rusia en primer lugar) y fortalecer la capacidad propia de defensa, militar, pero también de valores democráticos. El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, lo decía recientemente en su blog: el mundo ha cambiado y en un contexto cada vez más hostil, Europa debe defender su autonomía estratégica y política. La actual campaña electoral americana va, también, de esto: de si la democracia liberal ha llegado a su fin, o no, en los Estados Unidos.
En ese contexto, se inscriben la llamada desinformación que ha sido objeto de interés preferente por parte del Consejo Europeo y de las autoridades norteamericanas tras constatarse las injerencias externas en forma de bulos, fake news y mentiras con recorrido en redes sociales, habidas en las pasadas elecciones que dieron el triunfo a Trump, como en el referéndum del Brexit o, incluso aquí, en la campaña independentista en Cataluña.
La lucha contra la desinformación forma parte hoy de la agenda política de los países democráticos, al nivel de la lucha contra los ciberataques, porque atenta contra la libertad de expresión y de prensa a la vez que subvierte el debate democrático y sus resultados. Desde 2015 se encuentra en los debates del Consejo Europeo que encargó un Plan de Acción contra la Desinformación a la Comisión y al Alto Representante que se presentó en 2018 y donde se define la desinformación como “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar perjuicio público” incluyendo la amenaza sobre los procesos democráticos. La lucha contra la desinformación, que debe implicar al sector privado y a la sociedad en general, se inscribe pues como un reto importante para las democracias porque “socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, contribuye a la polarización e interfiere en los procesos democráticos de toma de decisiones”. La preocupación aumenta cuando varios servicios de información de países como Bélgica o Alemania han encontrado conexiones entre fuentes externas de desinformación (rusas) y agentes nacionales vinculados a partidos y grupos que ensalzan el nazismo, el fascismo y el franquismo.
Pocas bromas, pues con el asunto de los bulos y el fango, porque es una realidad global a la que las autoridades democráticas de Europa están afrontando con decisión conscientes de que nos jugamos la democracia, porque se presenta en conexión con otros fenómenos políticos que, aunque “normalizados” atentan contra el espíritu de la democracia integradora. Por ejemplo, la excesiva personalización del debate político: cada vez más, no se discute una idea, un partido, una gestión, sino a una persona en la que se quiere simbolizar al “adversario”, lo que permite dos cosas simultáneas: aislarla de los millones de votos que la respalda, del partido al que pertenece y de los diputados que la han votado y aparentar que con cambiar o “echar” a esa persona, se resolverán todos los problemas.
El caso más relevante en España fue el famoso “Váyase, señor González” que, a pesar de que parece que no estaba escrito en el discurso del líder de la oposición, respondía ya a un cambio de estrategia introducido por Aznar en el PP cuando se constató que “no había manera de vencer a Felipe González de otra manera” (Ansón dixit años después) por lo que se organizó una campaña político-mediática para echarlo “fue necesario llegar al límite y poner en riesgo al Estado, con tal de terminar con él”, incluyendo el insistir, sin pruebas, en que Felipe era la X de los GAL, después de años divulgando falsedades sobre su supuesta fortuna escondida en Latinoamérica o sus chalets de lujo en Marruecos.
Cuando el debate político se produce entorno a ideas, propuestas y gestión, el debate racional es posible, las alternativas surgen y la confrontación y el acuerdo encuentran su terreno natural en el debate parlamentario y democrático. Pero si el debate se personaliza y se carga de insultos, bulos y descalificación, se rompe la lógica democrática del debate y entramos en el fango. Nuestra experiencia demuestra, de antiguo, que la judicialización de las denuncias no garantiza una imparcialidad en el análisis de las mismas, salvo, en su caso, cuando se archiva años después de que el daño político haya estado hecho. Podemos discutir, racionalmente, si hay que suprimir o no el impuesto de patrimonio, pero es imposible hacerlo sobre si un líder es autocrático o trumpista que son debates que movilizan prejuicios incompatibles con la razón democrática que es dialogo y verdades contrastables.
Sin salir de España, hemos constatado con motivo del aniversario, la campaña que organizó el Gobierno Aznar para acusar a ETA del terrible atentado del 11-M, contra la evidencia policial y pensando en su beneficio electoral. Hasta ocho destacados periodistas de diferentes medios han reconocido este hecho: “Aznar llamó a todos los periódicos de Madrid y Barcelona” afirma José Antonio Zarzalejos, entonces, director del ABC. “Fue la operación de desinformación más sucia en democracia” afirma Ceberio, director entonces del País, a lo que Zarzalejos añade “fue una operación mediática, pero con trasfondo político”.
La campaña de desinformación sobre los atentados del 11-M no finalizó con el cambio de gobierno que se produjo tras las elecciones de 2004. De hecho, durante años se articuló una intensa campaña de bulos y mentiras que, por vez primera, utilizó de manera intensa las nuevas redes sociales para polarizar al país. La connivencia entre supuestas informaciones mediáticas y la actividad política en el Parlamento (donde se llegó a crear una Comisión de Investigación) era evidente, con un objetivo claro: alterar el resultado de las elecciones y deslegitimar al gobierno socialista salido de las urnas. Todavía hoy, años después de que la investigación judicial concluyera acusando a los responsables del atentado que quedaban vivos en un sentido que desmentía, con evidencias, las teorías conspirativas mantenidas, señalando que el atentado fue obra de células o grupos terroristas de tipo yihadistas, sin ninguna intervención de ETA, , todavía hay quien se resiste a creer que, en torno al atentado, hubo una campaña de desinformación orquestada a gran nivel, para atacar a un adversario político aunque con ello, se pusiera en riesgo la democracia al cuestionar el funcionamiento de los aparatos del estado (policía, fiscales, jueces…) y el proceso electoral.
Estoy seguro de que en esta coctelera de recuerdos podemos incluir varios casos más. Incluso, algunos, dirigidos también contra otros adversarios políticos, desde otras atalayas. Pero lo importante hoy, no es seguir buscando culpables, sino soluciones, Para lo que es imprescindible asumir que el problema existe. Que hay campañas de bulos y fango, orquestadas para interferir los procesos democráticos y cambiar la voluntad popular expresada en las urnas. Que cuenta con agentes externos e internos. Y que los demócratas debemos combatirlas siempre, pero más en estos momentos en que, como dijo Macron, nuestra Europa libre, social y democrática, puede morir. Y lo hará, precisamente, a manos de expertos en desinformación, bulos y fango. Recordemos que, como dijo Baudelaire, "el mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe".
A lo mejor, empezar por debatir en el Congreso el Plan de Acción europeo contra la desinformación y cómo aplicarlo en España, puede ser un buen primer paso.
Jordi Sevilla
Economista y consejero de 'Agenda Pública'
Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, habiendo desempeñado distintos cargos en la Administración. Fue ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España y diputado en el Congreso. También fue presidente de Red Eléctrica de España y estuvo al frente de la Vicepresidencia de Contexto Económico en LLYC. En la actualidad es consejero de 'Agenda Pública'.
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27 de julio de 2026
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