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DAVE HUNT-POOL (GETTY IMAGES)

Migrantes climáticos: Vacío legal y falta de voluntad política para su protección

Paulina Astroza, Elizabeth Flores Gutiérrez

7 mins - 27 de Febrero de 2024, 07:00

Como sociedad cada vez somos más conscientes de los efectos negativos del cambio climático. Los estamos viviendo, sufriendo y tratando de adaptarnos. Muchos de ellos se relacionan con la escasez hídrica y la alteración de los ciclos y fenómenos naturales, situaciones que se están discutiendo actualmente tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, existe otra consecuencia de esta crisis climática que está pasando casi inadvertida, quizás por la dificultad de su estudio o por las consecuencias sociopolíticas que tratar este tema conllevaría: nos referimos a las migraciones climáticas

Se espera que el cambio climático afecte a la migración humana de al menos tres maneras:
  1. Mediante la intensificación de los desastres naturales repentinos y de evolución progresiva

  2. Las consecuencias adversas del incremento de la temperatura y la variabilidad climática para los sistemas de subsistencia, como por ejemplo la seguridad alimentaria y la salud humana

  3. La competencia por los recursos naturales, que conlleva efectos en la seguridad y la paz de una comunidad. 

Como ejemplo de la magnitud de este fenómeno, podemos citar el caso de los numerosos Estados insulares del Pacífico cuya soberanía y existencia se ve amenazada por el aumento progresivo del nivel del mar producto de la desglaciación y la expansión de los océanos. En las Maldivas, el punto más elevado es de 2,4 metros, mientras que en Tuvalu es de 5 metros y en Islas Marshall 10. La altitud media es mucho menor, siendo cerca de un metro para las Maldivas y Tuvalu y de dos metros para otros Estados que constituyen atolones bajos. De esta forma se espera que Tuvalu, entre otras islas, desaparezca en los próximos 50 años. De esta manera, la eventual inhabitabilidad de ciertos territorios ya ha comenzado a ser un tema importante en las políticas de estos países que empiezan a evaluar la migración internacional como medida de adaptación.

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Someramente podemos mencionar, como agregado, que la inseguridad alimentaria derivada de las inundaciones que destruyen cultivos y contaminan las reservas de agua dulce; de las sequías que dificultan la mantención de ganado y de cultivo; y de la degradación ambiental en general, produce migraciones tanto a nivel interno como internacional cuando la situación se vuelve especialmente crítica y las autoridades estatales no pueden amortiguar dichas consecuencias. Por lo mismo, los países en vías de desarrollo se constituyen como los principales focos de este tipo de migración.

El problema jurídico que se plantea aquí es que actualmente no existe ningún instrumento jurídicamente vinculante que aborde el tema de las migraciones climáticas, dejando a estos migrantes en una posición de indefensión. 

Si nos vamos a los cuerpos normativos internacionales que ya existen y que abordan el tema de las migraciones humanas (en este sentido general), nos encontramos con una serie de obstáculos en cuanto a su aplicación a los migrantes climáticos.

De manera casi intuitiva, se podría pensar en el Régimen jurídico Internacional de los Refugiados como una respuesta idónea ante esta problemática. Sin embargo, analizando la Convención de Ginebra de 1951, los migrantes climáticos tienen una serie de problemas para su aplicación, siendo el principal de ellos el término tan estricto de lo que se entenderá como “refugiado” según el texto. Su artículo primero da cuenta que dicha norma no está creada para dar cabida a los desplazados ambientales, no reconociendo en ninguno de sus elementos constitutivos el factor climático como motivante del éxodo ni de la persecución. Junto a esto, existe la duda de quién actúa como agente persecutor en estos casos, puesto que no puede ser el gobierno del país de origen, ya que no son los culpables del cambio climático y muchas veces buscan medidas para la protección de su población; culpar a los Estados desarrollados es un sinsentido si se busca refugio en éstos, además de ser complicado establecer un nexo causal entre la actividad u omisión del Estado y el impacto directo al país de origen del migrante; mientras que culpar al propio cambio climático no es viable toda vez que no genera un impacto discriminatorio en sí.

Si nos vamos al régimen de los Trabajadores Migrantes, algunas migraciones climáticas se podrían encontrar incluidas en situaciones en las que se envía a un miembro de la familia a trabajar en otro país como una medida de adaptación, lo que podría constituirse como una solución temporal que, sin embargo, no aborda el tema climático de fondo, entregando la carga a los mismos migrantes.



Otra interesante cuestión es lo que ocurrirá con la eventual desaparición de Estados Insulares que ya comentamos, ¿qué pasará con sus nacionales? ¿perderán esta nacionalidad, entrando así en el concepto de apátrida? Es otra cuestión que no tiene respuesta desde el Derecho Internacional puesto que hasta ahora nunca ha dejado de existir un Estado soberano por la pérdida de su territorio.

El sistema universal de Derechos Humanos constituye una opción viable toda vez que se emplean por encima de cualquier circunstancia y calidad del migrante, por lo tanto, se aplica a este caso en una especie de protección subsidiaria. Así, los casos que se han llevado a tribunales nacionales por caso de migración climática en Nueva Zelanda y Australia se han fundado en las violaciones a los derechos fundamentales de estos migrantes.

Ahora bien, el problema de la no regulación internacional o de derechamente hacer “vista gorda” a esta problemática, fuera de las razones humanitarias de fondo, radica en la posibilidad de utilización de este fenómeno como herramienta de negociación con los países afectados y más vulnerables, para obtener algún tipo de ventaja

Un ejemplo claro de que esto ya está ocurriendo, es el acuerdo firmado a finales de 2023 por el primer ministro de Tuvalú, Kausea Natano y su homólogo australiano Anthony Albanese, donde acuerdan que Australia ofrecerá residencia a los 11.000 habitantes de la isla en caso de cumplirse los peores pronósticos de desaparición. Sin embargo, la fundamentación de este acuerdo bilateral dista mucho de ser razones humanitarias, exigiendo como parte de la negociación que Australia tenga un control casi absoluto de futuros pactos de defensa del archipiélago con otros países, ante el temor del país más grande de los avances militares de China en la zona.

Fuera de esta excepción de acuerdo bilateral, es imposible negar que existe una laguna jurídica internacional en torno al tema y que la única opción hasta el momento para este tipo de migrante es interpelar a la voluntad de los Estados y de los jueces de cada país para interpretar de forma amplia las Convenciones migratorias ya existentes. Sin embargo, en los casos reales que se han presentado de migrantes climáticos solicitando asilo en otro Estado, se observa que esta voluntad es actualmente escasa.

Altas expectativas genera la consulta realizada por Vanuatu, otro país insular, a la Corte Internacional de Justicia para establecer las obligaciones y consecuencia jurídicas de aquellos países que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otras partes del medio ambiente, en relación con los derechos humanos. Esperamos que la Corte sepa aclarar este vacío jurídico y de esperanza a las miles de personas que día a día se ven afectadas en sus derechos fundamentales debido al cambio climático. Esto, según cifras de la propia ONU, sólo recién comienza…
 
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