-
+
El presidente de la Asociación de Fútbol Israelí estrecha la mano a su homólogo palestino. | EFE

Sobre el despertar de la Convención Internacional contra el Apartheid en el Deporte de 1985 en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina

Carmen Pérez

11 mins - 11 de Enero de 2024, 07:00

El deporte tiene el poder de cambiar el mundo (...) El deporte puede crear esperanza donde antes sólo había desesperación...
                                 -- Nelson Mandela

El conflicto entre Israel y Palestina: Una larga historia de horror y gravísimas violaciones de las obligaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario
Desde el ataque perpetrado por militantes de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que mataron a unas 1.400 personas y tomaron a más de 200 como rehenes, el ejército israelí ha bombardeado sin descanso la Franja de Gaza. Tras dos meses de hostilidades, la crisis humanitaria ha alcanzado proporciones insoportables. El número de víctimas civiles palestinas, incluidos muchos menores, se cuenta por miles. Según el Informe 51 sobre la situación de la UNRWA, "a 11 de diciembre, cerca de 1,3 millones de desplazados internos se refugiaban en 155 instalaciones de la UNRWA en las cinco provincias de la Franja de Gaza, incluyendo el norte y la ciudad de Gaza". Es prudente reiterar que la protección de los civiles en los conflictos armados es un principio fundamental del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que establece un marco global para salvaguardar a los civiles y su entorno, incluidos los bienes de carácter civil, denominados "bienes de carácter civil".

El DIH garantiza la protección de los civiles a través de dos aspectos principales. En primer lugar, el principio de distinción distingue entre civiles y combatientes, prohibiendo los ataques directos contra civiles o bienes de carácter civil. En general, los civiles gozan de protección frente a los daños derivados de las hostilidades, excepto cuando participan directamente en ellas. Pero incluso si se ven afectados incidentalmente por ataques contra objetivos legítimos, debe observarse el principio de proporcionalidad, y el atacante debe tomar las precauciones factibles para minimizar el daño a los civiles. En segundo lugar, los individuos designados como "personas protegidas" reciben protección especial, incluidos los que no son nacionales de una parte en conflicto y los nacionales de Estados neutrales presentes en territorios ocupados. El DIH también ofrece protección específica a los grupos civiles vulnerables, como las mujeres, los niños, los refugiados y los desplazados, debido a los riesgos adicionales a los que se enfrentan durante los conflictos armados. Este conjunto de normas se ha consagrado en el Convenio (IV) relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Ginebra, 12 de agosto de 1949) y los Protocolos de 1977.

[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Como afirma el CICR, el deber de proteger a los civiles de los ataques también se deriva de una norma consuetudinaria internacional. La importancia primordial que la comunidad internacional atribuye a esta obligación se pone de manifiesto en el hecho de que su violación grave puede constituir un crimen de guerra, como se estipula, en particular, en el artículo 8.2.b.i) y ii) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). El 12 de diciembre, la AGNU aprobó una nueva Resolución exigiendo un "alto el fuego humanitario inmediato", la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, así como "garantizar el acceso humanitario".

Más allá de la situación actual, la violencia israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza ha sido una constante desde la creación del Estado de Israel tras el desplazamiento forzoso generalizado y la desposesión de los palestinos durante el conflicto árabe-israelí de 1948, la conocida como Nakba. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población palestina también han sido frecuentes durante la actual ocupación ilegal del territorio palestino. Estas violaciones adoptan diversas formas. En el caso concreto de Gaza, la situación de bloqueo que siguió a la retirada israelí de la Franja y el norte de Samaria en 2005 ha infligido un castigo continuo y colectivo a la población gazatí.

La gravedad de la situación ha hecho que cada vez sean más las voces que califican las acciones israelíes de apartheid y genocidio. En particular, el apartheid israelí contra la población palestina ha sido denunciado por el mundo académico (véase aquí y aquí), organizaciones no gubernamentales (véase aquí, aquí y aquí) y las Naciones Unidas (véase aquí y aquí). Sin duda, esta cuestión formará parte de los debates que tendrán lugar en la Corte Internacional de Justicia en el proceso de redacción de la Opinión Consultiva sobre las Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental. Además, cabe señalar que el 29 de diciembre de 2023 Sudáfrica instauró un procedimiento contra Israel en la CIJ por supuestas violaciones de la Convención sobre el Genocidio. Sudáfrica afirma que Israel ha cometido actos de genocidio contra palestinos en la Franja de Gaza y no ha impedido ni castigado estos actos. Sudáfrica solicita a la CIJ que dicte medidas provisionales para proteger a los palestinos de nuevos daños y garantizar que Israel cumple sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio.

De acuerdo tanto con el artículo 7.1.j) del Estatuto de Roma de la CPI como con la Convención de 1973 sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, el apartheid es un crimen contra la humanidad. No es inconcebible que los autores de estos graves crímenes puedan incurrir en responsabilidad penal internacional. Ello dependerá de cómo avance y prospere la investigación en curso abierta por el Fiscal de la CPI el 3 de mayo de 2021 (ICC-01/18), relativa a los crímenes de competencia de la Corte que presuntamente se han cometido en el Estado de Palestina desde el 13 de junio de 2014. Sin embargo, a pesar de este importante paso, lo cierto es que a pesar de la gravedad y prolongada duración del conflicto y de la recurrencia de las crisis humanitarias, la comunidad internacional se ha mostrado incapaz de abordar con eficacia una solución justa al conflicto palestino-israelí.

La vergonzosa parálisis del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (hasta ahora ha fracasado en varias ocasiones a la hora de llegar a un consenso sobre cualquier acción dirigida al restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales) y las tímidas respuestas de los países occidentales (destacando la inacción de la Unión Europea) han sido trágicamente explotadas por el Estado israelí. Su desprecio por el derecho internacional quedó patente en la respuesta a el recordatorio del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de que el ataque de Hamás no se produjo en el vacío. 'Ha llegado el momento de dar una lección a los funcionarios de las Naciones Unidas', fue la descarada respuesta del embajador de Israel ante las Naciones Unidas.

En este contexto, esta contribución pretende destacar el potencial del deporte como herramienta para promover el cumplimiento del Derecho internacional. En particular, plantea la necesidad de que la comunidad internacional considere la oportunidad de reactivar la Convención Internacional contra el Apartheid en el Deporte.

Una herramienta jurídica internacional para combatir uno de los crímenes más horrendos
El 10 de diciembre de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la mencionada Convención Internacional contra el Apartheid en el Deporte. La Convención entró en vigor el 3 de abril de 1988. En el momento de redactar este informe, 62 Estados son partes en ella (Palestina ratificó la Convención el 22 de marzo de 2018). Como afirmaba la Declaración Internacional contra el Apartheid en el Deporte que la precedió en 1977, fue concebida como una herramienta jurídica internacional para combatir el apartheid, considerado no solo una flagrante violación de los derechos humanos, sino también una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Los trabajos de la Comisión creada en virtud del artículo 11 de la Convención contribuyeron a la abolición del régimen de apartheid en Sudáfrica.



Fuera de ese contexto, la Convención ha tenido un impacto limitado. Uno de los pocos ejemplos es la declaración adoptada en 2021, tras la prohibición del deporte femenino por parte del gobierno talibán, por un grupo de expertos de la ONU que se refirió al delito de "apartheid de género" y pidió la reacción enérgica de las asociaciones deportivas internacionales con el objetivo de que Afganistán no pudiera participar en competiciones deportivas internacionales si no se garantizaban los derechos de las mujeres a participar en el deporte. Según el grupo, esto reflejaba "el espíritu de la Declaración Internacional contra el Apartheid en el Deporte y de la Convención Internacional para la Prohibición del Apartheid en el Deporte, que pide a los Estados que hagan todo lo posible para garantizar el cumplimiento universal del principio olímpico de no discriminación".

La Convención contra el Apartheid en el Deporte es una herramienta jurídica con un gran potencial, pero infrautilizada por la comunidad internacional. En resumen, según la Convención, los Estados Partes se comprometen (i) a no permitir contactos deportivos con un país que practique el apartheid y a tomar las medidas apropiadas para garantizar que sus organismos deportivos, equipos y deportistas individuales no tengan tales contactos (art. 3) y (ii) a tomar todas las medidas posibles para impedir los contactos deportivos con un país que practique el apartheid y se asegurarán de que existan medios eficaces para lograr el cumplimiento de dichas medidas (art. 4).

La Convención contra el Apartheid en el Deporte es una herramienta jurídica con un gran potencial, pero infrautilizada por la comunidad internacional. En resumen, según la Convención, los Estados Partes se comprometen (i) a no permitir contactos deportivos con un país que practique el apartheid y a tomar las medidas apropiadas para garantizar que sus organismos deportivos, equipos y deportistas individuales no tengan tales contactos (art. 3) y (ii) a tomar todas las medidas posibles para impedir los contactos deportivos con un país que practique el apartheid y se asegurarán de que existan medios eficaces para hacer cumplir dichas medidas (art. 4).

Una reflexión final sobre el deporte, la consolidación de la paz y el mantenimiento de la seguridad internacional
La Convención contra el Apartheid en el Deporte ahonda en la compleja relación entre el deporte, el cumplimiento del derecho internacional y el mantenimiento de la estabilidad internacional. Asume lo que considero el papel bien establecido del deporte como catalizador de la consolidación de la paz y la preservación de la seguridad. En este contexto, es esencial reconocer que el deporte ejerce una importante influencia simbólica, lo que significa que los Estados sometidos a medidas coercitivas en el ámbito deportivo pueden sufrir daños en su reputación. En última instancia, el objetivo principal de la Convención contra el Apartheid en el Deporte es aprovechar el potencial del deporte para imponer el cumplimiento del derecho internacional frente a actos internacionalmente ilícitos. Aunque esto pueda parecer contradictorio con el valor comúnmente aceptado del deporte (neutralidad política), su reactivación será también una oportunidad para una redefinición muy necesaria de este concepto para alinearlo con las exigencias de la sociedad internacional del siglo XXI. Esta redefinición es crucial para hacer frente a las acusaciones de complicidad en abusos de los derechos humanos a las que a menudo se enfrentan las organizaciones deportivas (véase aquí, aquí y aquí).

Al igual que ha puesto de manifiesto la cuestión de las sanciones deportivas impuestas a los atletas rusos y bielorrusos (véase aquí, aquí y aquí), una de estas exigencias sería el respeto de los derechos fundamentales de los atletas. Sin embargo, la legítima necesidad de conciliar las posibles sanciones deportivas con el respeto al derecho al trabajo y a la no discriminación de los deportistas no debe ser óbice para rechazar de plano la reactivación de un instrumento que puede contribuir a hacer frente a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. También cuando se trata de violaciones muy graves de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
 
Read the article in English

ARTÍCULOS RELACIONADOS
¿Qué te ha parecido el artículo?
Participación