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Andrea Comas

¿Una política exterior compartida para España?

Juan Tovar Ruiz

7 mins - 19 de Abril de 2022, 07:00

En su discurso de proclamación como presidente del Partido Popular, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, sostuvo la necesidad de pactar las grandes decisiones de la política exterior española con el objetivo de que esta política pública "no sea cosa de un hombre, sino de todos los españoles". Un planteamiento que se produjo, además, justo antes de su visita al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el que le reiteró esta propuesta. 

La oferta se enmarca en un marco más amplio de pactos de Estado planteados por el presidente gallego en diferentes ámbitos como el sanitario, económico e incluso de igualdad. Sin embargo, permite reflexionar sobre la necesidad de pactos en una política que numerosos dirigentes políticos a ambos lados del espectro político han considerado una necesidad, cuando menos en el ámbito de las dos principales fuerzas políticas mayoritarias. 

La cuestión no es para nada novedosa en el marco de nuestra política exterior. Ya en los años 80 con la cuestión de la adhesión a la Otan y después de la Guerra de Irak de 2003, se planteó un importante debate en relación a la necesidad de un cierto consenso entre las principales fuerzas políticas sobre los aspectos fundamentales de la política exterior española; máxime ante los importantes efectos que las decisiones y reversiones de este periodo histórico estaba provocando en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, una de las más importantes para la política exterior española.

Sin embargo, para entender esta propuesta es necesario tener en cuenta el contexto en el que produce, marcado por dos importantes acontecimientos. Por un lado, el estallido del conflicto en Ucrania, un escenario de baja relevancia estratégica para nuestros intereses, pero que ha generado una enorme atención mediática, así como el desencadenamiento de pasiones, que habría forzado una relativa y rara unanimidad entre las principales fuerzas políticas españolas. Sin embargo, Unidas Podemos, el socio del Gobierno de coalición encabezado por Sánchez, se ha mostrado en contra de algunas decisiones subsiguientes como el envío de armas al Gobierno ucraniano o el incremento del gasto en defensa. 

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Por el otro,
la crisis política motivada por el reconocimiento de la autonomía del Sáhara Occidental como una solución factible para el conflicto. Este asunto afecta a las relaciones con Marruecos y Argelia y es, por tanto, más relevante para nuestros intereses de seguridad. Según sus críticos, la decisión tomada por Sánchez rompe con la posición tradición española y, cuestiones emocionales e ideológicas aparte, suscita preguntas sobre el funcionamiento de nuestro proceso decisorio en la materia, la habilidad en su implementación y la sabiduría de ceder ante la presión marroquí, más que sobre su contenido. 

La iniciativa sobre el Sáhara Occidental ha llevado a una nueva crisis con Argelia, que ha implementado medidas similares de presión a las marroquíes y a una crítica generalizada del resto de fuerzas políticas. De nuevo, Unidas Podemos ha estado entre los que han mostrado mayor oposición.

Tanto en el caso de Ucrania y, en menor medida, en el del Sáhara, la posición del Partido Socialista y del presidente del Gobierno ha sido más cercana al posicionamiento del Partido Popular que al de su principal aliado político. Sin embargo, los populares han reprochado al presidente no haber informado al principal partido de la oposición de algunas de las decisiones tomadas en relación a estos dos escenarios y reclama la consideración de la política exterior como una política de Estado. 

Por tanto, existe interés coyuntural entre ambas fuerzas políticas por llegar a acuerdos en esta materia más allá de las relaciones que ambos partidos puedan tener con sus aliados habituales, Unidas Podemos y Vox; un punto que muchos líderes políticos o académicos considerarían deseable e incluso beneficioso para España. 
La pregunta pertinente sería si sería sostenible un acuerdo duradero para la consecución de una política exterior compartida para España; y a la luz tanto de la polarización ideológica de nuestro sistema político como de nuestro amplio historial de divergencias, que encarecen el coste político del consenso, es algo que puede ponerse en entredicho. Además, la exterior, como cualquier otra política pública, puede y debe estar sometida al debate político.
 
Con todo, sí que existen dos ámbitos en los cuales un acuerdo de mínimos sería relevante para nuestra política exterior y no debiera estar sometido a los vaivenes de la trifulca política:
  • Aquellos aspectos que tienen implicaciones estructurales para la misma
  • Los relativos a intereses vitales del Estado que, sin embargo, hayan sido objeto de disenso político y enfrentamiento abierto.
A este acuerdo podrían sumarse otras fuerzas políticas, pero parece esencial que, cuando menos PP y PSOE, como principales alternativas de gobierno, constituyan el núcleo central del mismo.



Un ejemplo de los primeros sería el del gasto en defensa. Es ésta una cuestión tradicionalmente postergada en España a pesar de su carácter esencial en la defensa de nuestros intereses más relevantes y de las críticas de la Otan y de EE.UU., pero en el que se ha abierto una ventana de oportunidad a raíz del conflicto de Ucrania, subiendo el número de actores partidarios de su incremento; un extremo confirmado por el propio presidente del Gobierno con su anuncio, pendiente de materialización y planificación, de cumplir con la regla de Cardiff y destinar el 2% del PIB a este ámbito, acompañando de esta forma el cambio de actitud de otros estados antaño reticentes como Alemania.

Otro elemento estructural que pudiere ser objeto de este acuerdo es el de la política de cooperación para el desarrollo
, un instrumento de justicia social desde la perspectiva de algunos sectores de la izquierda, pero también una importante herramienta geo-económica estatal para defender sus intereses de seguridad nacional y política exterior. El reconocimiento de esta doble naturaleza podría fortalecer un acuerdo sobre su financiación y un consenso del que aún carece la futura ley que aspira a su regulación. 

Los aspectos del diseño institucional de la política exterior también deberían incluirse dentro de este acuerdo. Entre ellos, la naturalización del papel central que debe desempeñar el presidente del Gobierno en la elaboración de la misma y que el propio ministro del ramo, José Manuel Albares, ha defendido; o la reflexión acerca de la conveniencia de mantener separados los ámbitos de seguridad nacional y acción exterior, rasgo insólito que no existe en otros países de nuestro entorno. 

En el caso de las relaciones bilaterales vitales, cabe desatacar dos de ellas. La primera, con Estados Unidos, principal garante de la seguridad española y europea, pero cuya relevancia no ha sido siempre reconocida en nuestros principales documentos estratégicos ni por nuestros líderes políticos, protagonizando los grandes desencuentros históricos de nuestra política exterior. El segundo es, precisamente, el de las relaciones con Marruecos y, por extensión, de su rivalidad con Argelia, como principal problema para la seguridad nacional española de las próximas décadas.
 

El acuerdo, por tanto, es muy conveniente. Sin embargo, es aconsejable (a efectos de su sostenibilidad) que este sea de mínimos y únicamente recoja los elementos indispensables.
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