¿Puede la comunidad internacional, especialmente los gobiernos latinoamericanos, construir un escenario para negociar el fin de la dictadura? Quizás el costo más difícil de afrontar es ofrecer beneficios legales a aquellos funcionarios civiles y militares acusados de violaciones de derechos humanos o corrupción, es decir, una especial justicia transicional.