La duda como estrategia

Menos de una hora después de la disolución de las Cortes, Isabel Díaz Ayuso recomendó no votar por correo. La portavocía de su partido se desmarcó, pero el mensaje ya había salido. Ese mismo día, Santiago Abascal se sumaba a la sospecha del pucherazo postal con una consigna sencilla: que se vote en urna. Y el 12 de octubre el Tribunal Supremo confirmó la suspensión cautelar del voto de 163.020 españoles inscritos en el censo exterior que obtuvieron la nacionalidad por la llamada ley de nietos, salvo que acrediten documentalmente el exilio de sus antepasados.

Conviene separar los planos. Lo del voto por correo no tiene base: no existe evidencia de manipulación en un procedimiento que España usa desde hace décadas. Lo de la ley de nietos, en cambio, es una controversia jurídica real. El Supremo discute si una instrucción ministerial de 2022, que presumía exiliados a quienes salieron de España entre 1936 y 1955, fue más allá de la ley. Hay un voto particular, hubo recurso de la Abogacía del Estado y habrá debate doctrinal durante años. Pero en la conversación pública ambos asuntos han acabado fundidos en una sola idea: que el resultado del 29N podría no ser limpio.

Ahí está la operación comunicativa. No se trata de ganar un argumento, sino, por el contrario, sembrar la duda antes de que exista un resultado. La duda funciona como un seguro: si el 29N sale bien, nadie recordará la sospecha; si sale mal, el relato ya está escrito. Para quien la siembra, el coste es casi nulo. Para el sistema, el coste es acumulativo.

"La duda funciona como un seguro: si el 29N sale bien, nadie recordará la sospecha; si sale mal, el relato ya está escrito"

Las cifras importan poco en este juego. La Abogacía del Estado calculó que, con la participación histórica del voto exterior, en torno al 8%, los afectados que votarían rondan los 14.120, insuficientes para alterar el resultado por pura aritmética. El dato es correcto y no desactiva nada. La sospecha no vive de números; vive de la repetición.

Tampoco ayuda la respuesta en clave de trinchera. Presentar la decisión del Supremo como una frontera entre los nietos del exilio y los nietos del franquismo, como hizo el presidente del Gobierno, convierte una discusión técnica sobre el censo en otro capítulo identitario. Cuando todos los actores tratan la arquitectura electoral como munición, el árbitro queda en tierra de nadie.

En América Latina conocemos bien este guion, y Brasil acaba de volver a representarlo. Jair Bolsonaro dedicó años a cuestionar las urnas electrónicas sin aportar pruebas. Perdió en 2022, nunca reconoció explícitamente la derrota y, una semana después de la toma de posesión de Lula, miles de seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Este domingo le tocó a su hijo. El senador Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta frente a Lula por más de cuatro millones de votos (51,8% frente a 48,2%) y esa misma noche anunció que no reconoce el resultado y que pedirá a la justicia anular la elección. El pretexto ya no son las urnas electrónicas, sino la decisión del Supremo de prorrogar dos horas la votación por problemas en el transporte de electores que su propia campaña también había denunciado. Sus aliados replicaron el mensaje en redes en cuestión de minutos. Los especialistas en derecho electoral ven muy improbable que el recurso cambie nada. Tampoco hace falta: el objetivo no es ganar en los tribunales, sino que una parte del país no sienta como suyo al presidente que acaba de elegir.

En México, la denuncia de fraude de 2006 se tradujo en un plantón de semanas en el paseo de la Reforma y en una desconfianza que sobrevivió al conflicto. Años después, ya desde el Gobierno, el mismo movimiento impulsó reformas para recortar al árbitro electoral. La lección es incómoda: la duda sembrada en campaña no se queda en la campaña. Se institucionaliza y, como acaba de verse en Brasil, se hereda.

"El objetivo no es ganar en los tribunales, sino que una parte del país no sienta como suyo al presidente que acaba de elegir"

También existen contraejemplos. Sin ir más lejos, Costa Rica ha hecho de su Tribunal Supremo de Elecciones un activo nacional, al que muchos costarricenses llaman el cuarto poder. Quien haya trabajado en campañas allí sabe que esa confianza no se decretó: se acumuló elección tras elección, con datos abiertos en tiempo real y con partidos que, al perder, aceptaron.

España llega al 29N con un sistema electoral sólido y una administración electoral que ha resistido bien. Precisamente por eso el momento es delicado: la confianza se gasta mucho más rápido de lo que se acumula. Tres medidas ayudarían.
 

1. Transparencia preventiva. La Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral pueden publicar ya, con detalle y en formato abierto, cómo se aplicará la decisión del Supremo y cuántos electores quedan afectados por país. Un dato oficial a tiempo vale más que diez desmentidos.


2. Prevenir en lugar de desmentir. El desmentido llega tarde. Explicar antes cómo funciona el voto por correo, qué controles tiene y qué recorrido hace cada sobre reduce la superficie de la sospecha.


3. Un compromiso explícito de aceptar el resultado. En América Latina se ha hecho con pactos éticos electorales firmados ante los órganos electorales y observadores internacionales. Parece un gesto menor y no lo es: obliga a cada partido a decir en voz alta si está dispuesto a perder.


4.  

Quien gane el 29N gobernará con las instituciones que deje la campaña. Le conviene que sigan en pie.