Lejos de ser una cuestión técnica, la protección de informantes es "un problema de gobernanza que afecta a la calidad de la democracia". La Directiva europea que la regula nació para garantizar que alertar de una irregularidad no supusiera quedar expuesto a represalias. Sin embargo, cinco años después, existen varios problemas en su aplicación. La jurista y responsable de proyectos en FIBGAR, Carmen Coleto, usa un informe del proyecto VoiceGuard para explicar que muchos sistemas existen sobre el papel, pero siguen siendo invisibles, inseguros o poco útiles para quienes deberían utilizarlos.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha sacudido la política en España. Jordi Ferrer, director del Máster de Razonamiento Probatorio de la Universitat de Girona, analiza el auto del magistrado Calama y advierte que algunas de sus afirmaciones "son objetables tanto probatoriamente como desde el punto de vista de la presunción de inocencia".

El Papa León XIV se ha incorporado desde el Vaticano al debate que tensiona a la derecha española: la llamada "prioridad nacional". Ante el PPE, su mensaje separa política popular y populismo, y deja al centro derecha ante una disyuntiva delicada: competir con Vox en el terreno de la exclusión o sostener una identidad cristiana europea incompatible con convertir la nacionalidad en filtro de acceso a derechos sociales.

'Agenda Pública' ha tenido acceso en exclusiva al informe interno que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes presentó el lunes ante la Comisión de Venecia y con el que el ministro Félix Bolaños contrarresta las críticas de asociaciones conservadoras de jueces. El documento detalla de forma muy completa los argumentos del Gobierno para mantener el sistema parlamentario de elección de los doce vocales judiciales del CGPJ, defendiendo su legitimidad democrática y la pluralidad del órgano.

¿Es legítima la crítica efectuada por un parlamentario o un miembro del Gobierno sobre la actuación de un juez? ¿Puede ser considerada una intromisión de uno de los poderes del Estado en las funciones de otro?

La limitación de la libertad para establecer el precio del alquiler es una restricción del derecho fundamental de propiedad reconocido en el art. 33 CE, pero ello no supone la inconstitucionalidad de la misma.