La IA y el relevo de 90.000 funcionarios ponen a prueba el futuro del Estado

En los próximos diez años, el 49,5% de la plantilla analizada de la Administración General del Estado (AGE) habrá alcanzado la edad de jubilación. Unos 89.690 empleados públicos dejarán sus puestos de aquí a 2035, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esta salida masiva de personal, con un impacto especialmente acusado en subgrupos administrativos como el C2 —donde las jubilaciones alcanzarán el 74,9%—, no es un fenómeno aislado. Coincide en el tiempo con la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos administrativos, una simultaneidad que sitúa a las instituciones ante una oportunidad inédita: rediseñar la estructura del empleo público en lugar de limitarse a reponer plazas de forma mimética.

A diferencia de lo que se presupone a menudo, el retiro de esta generación no implica una reducción inevitable del tamaño del Estado. Las proyecciones oficiales de la Función Pública estiman un flujo de 104.789 nuevas incorporaciones hasta 2035, lo que permitirá compensar holgadamente las bajas e incluso incrementar el número total de efectivos. Es una cuestión cualitativa.

"A diferencia de lo que se presupone a menudo, el retiro de esta generación no implica una reducción inevitable del tamaño del Estado"

La Oferta de Empleo Público de 2026, con 27.232 plazas en la AGE y más de 1.700 destinadas a tecnologías de la información (lo que supone un aumento del 42% respecto al año anterior), refleja un primer intento de reorientar los perfiles. Ahora bien, ¿estas nuevas incorporaciones servirán para dotar al Estado de capacidades tecnológicas propias? ¿O la renovación se limitará a contratar la gestión de sistemas desarrollados fuera de la esfera pública?

De la automatización administrativa a las garantías legales

Como analiza el informe Gobernar en la era de la IA, elaborado por el Future Government Center de NTT DATA, la tecnología actual no se limita a digitalizar trámites, sino que actúa sobre el núcleo de la actividad administrativa. Se trata de tareas que van desde interpretar documentación y clasificar expedientes hasta apoyar las decisiones tomadas por las administraciones. En Finlandia, el organismo de seguridad social Kela utiliza inteligencia artificial para clasificar la documentación de las solicitudes de prestaciones. Gracias a esta tecnología, ahorra cada año una cantidad de trabajo equivalente a la que realizarían 38 empleados a tiempo completo.

En el ordenamiento jurídico español, la automatización encuentra límites muy claros. Por ejemplo, el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público exige que cualquier actuación administrativa automatizada identifique con claridad el órgano competente, establezca los parámetros de diseño y auditoría del sistema y garantice los derechos de supervisión y recurso de los ciudadanos. Es decir, la IA puede agilizar la preparación de borradores o la detección de anomalías, pero la ponderación de los valores públicos y la responsabilidad jurídica corresponden ineludiblemente al criterio humano.

Soberanía técnica frente a la intermediación privada

El riesgo estratégico principal para la Administración no es la lentitud en la adopción tecnológica, en la que también se insiste, sino la pérdida de autonomía frente a los proveedores privados. Esto se ha visto en las últimas semanas, con el nuevo impulso del Gobierno para deshacerse de los servicios contratados a la norteamericana Palantir. A este respecto, el informe de NTT DATA advierte de dos peligros entrelazados: la dependencia contractual y, sobre todo, el desplazamiento de la relación directa entre el Estado y la ciudadanía. En este sentido, si los ciudadanos comienzan a interactuar con los servicios públicos a través de asistentes virtuales y plataformas privadas de inteligencia artificial, estas corporaciones pasan a condicionar el acceso a los derechos, la priorización de información y el flujo de datos relacionales. Ante tal escenario, la Administración corre el riesgo de quedar relegada a un papel secundario, limitado a financiar y sostener los servicios públicos, mientras el sector privado controla la relación con los ciudadanos, los datos que genera y la confianza de los usuarios.

"El riesgo estratégico principal para la Administración no es la lentitud en la adopción tecnológica, en la que también se insiste, sino la pérdida de autonomía frente a los proveedores privados"

Preservar la capacidad de decisión pública exige conservar competencias internas para auditar modelos, demandar la portabilidad de contratos y gobernar los datos como infraestructura común. Pero, mirando más allá de nuestras fronteras, lo cierto es que esta soberanía está lejos de ser la norma. Según datos del Banco Mundial (GovTech Maturity Index), solo el 23% de las economías evaluadas utiliza de forma efectiva y conjunta una arquitectura de gobierno, un marco de interoperabilidad y una plataforma compartida de intercambio de datos. En España, iniciativas como el Plan IA360, la estrategia ALIA para modelos de lenguaje en lenguas oficiales o la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) buscan afianzar un modelo propio. No obstante, sin una compra pública estratégica que rompa la concentración de proveedores y fortalezca la autonomía del Estado, los marcos normativos pueden quedarse en papel mojado.

Escenarios a 2035 y el futuro de las capacidades institucionales

La ventana de oportunidad para definir el modelo de Estado es estrecha. La aplicación de las obligaciones europeas sobre inteligencia artificial de alto riesgo entre 2027 y 2028 fija un horizonte cercano para la toma de decisiones. El mismo informe de NTT DATA plantea cuatro escenarios de futuro para 2035 según la capacidad de visión pública y el control de la relación con la sociedad. En la "Administración que se adelanta", el Estado aprovecha el relevo generacional para integrar tecnología y empleo público bajo una estrategia coherente, manteniendo el juicio humano y la transparencia algorítmica. En el extremo opuesto, en la "Administración intermediada" o "sustituida", la falta de capacidades internas convierte a las instituciones en clientes cautivos de plataformas corporativas, lo que les hace perder no solo el control de los datos, sino la capacidad misma de diseñar políticas públicas con criterio propio.

"La falta de capacidades internas convierte a las instituciones en clientes cautivos de plataformas corporativas"

La coincidencia entre el retiro de 90.000 empleados públicos en la AGE y la maduración de la inteligencia artificial no aboca al Estado a una merma irremediable de relevancia, pero sí le exige una elección política explícita. Si las 104.000 plazas previstas para la próxima década se limitan a cubrir estructuras obsoletas o a externalizar la inteligencia de los servicios en empresas tecnológicas, España consolidará una Administración dependiente y opaca para el ciudadano. Por el contrario, si el reemplazo de plantillas se utiliza para reclutar y formar talento digital propio, auditar los sistemas algorítmicos y asegurar que la interacción pública siga siendo directa y transparente, el Estado conservará la legitimidad y la autonomía necesarias para gobernar en la era digital.