La vía española que Italia no encontró

Antes y después de la presentación de las propuestas programáticas del Movimiento Cinco Estrellas, el debate sobre el campo largo, la alianza amplia del centroizquierda italiano, se ha concentrado sobre todo en las divergencias respecto a la política hacia Kiev. Sin embargo, ha quedado en segundo plano una pregunta igualmente importante: ¿existe una idea de desarrollo capaz de unir al centroizquierda? La comparación con España ofrece un punto de partida útil para la reflexión, también a la luz del reciente enfrentamiento entre Giorgia Meloni y el Gobierno de Sánchez a propósito de la crisis de Ceuta.

Italia y España fueron consideradas durante mucho tiempo dos variantes de un mismo modelo de "capitalismo mediterráneo": mercados laborales divididos entre trabajadores protegidos y precarios, inversiones modestas en investigación y formación y fuertes desigualdades territoriales. Ambos países compartían una "vía baja" hacia la competitividad, basada en la flexibilidad y en salarios contenidos. La Gran Recesión puso al descubierto las fragilidades de este modelo. Desde entonces, los dos países han intentado cambiar de rumbo, invirtiendo más en innovación y digitalización, también gracias a los recursos europeos disponibles después de la pandemia.

Los resultados, sin embargo, han sido diferentes. Entre 2013 y 2025, el PIB real per cápita creció un 21,5% en España, frente al 14,4% de Italia. El PIB español, que en 1995 equivalía aproximadamente al 69% del italiano, superó el 85% en 2025. ¿A qué se debe esta diferencia de dinamismo?

"Ambos países compartían una «vía baja» hacia la competitividad, basada en la flexibilidad y en salarios contenidos"

Detrás del objetivo común de modernizar la estructura productiva aparece una relación diferente entre cambio tecnológico y transformación social. En Italia, el reajuste económico ha sido selectivo y de carácter tecnológico-productivo: se ha concentrado en la industria manufacturera y en las empresas de mayor tamaño y estructura. En España, por el contrario, parece haber tenido un carácter más inclusivo. A las inversiones tecnológicas y a una política energética que ha reducido sensiblemente los costes para las empresas se han sumado una mayor participación en el mercado laboral, el fortalecimiento de las competencias y la integración de la inmigración. Las medidas adoptadas han sido distintas, pero también lo ha sido la filosofía que las inspira.

Bastan algunas comparaciones para comprenderlo. En 2025, tanto la tasa de empleo femenino como la de empleo juvenil, así como el porcentaje de titulados universitarios, eran claramente superiores en España respecto a Italia. Además, entre 2008 y 2025, el peso de los servicios intensivos en conocimiento sobre el conjunto del empleo creció en España —del 30,9% al 38%— más que en Italia —del 33,6% al 35,2%—, invirtiendo así la diferencia inicial. Estos datos sugieren que una mayor presencia de mujeres y jóvenes en el mercado laboral, la integración de los inmigrantes y las inversiones en inclusión, competencias y servicios pueden ampliar las bases del desarrollo, además de contribuir a reducir las desigualdades.

"Una mayor presencia de mujeres y jóvenes en el mercado laboral, la integración de los inmigrantes y las inversiones en inclusión, competencias y servicios pueden ampliar las bases del desarrollo"

También en Italia muchas empresas han innovado. Pero, sin inversiones en los factores complementarios a la tecnología, la modernización productiva no basta. Existe el riesgo de caer en una "ilusión tecnológica del desarrollo": considerar que los incentivos y la maquinaria son suficientes, con independencia de la inversión en las personas. La inclusión social no es únicamente un resultado del crecimiento: también contribuye a sostenerlo.

No se trata de atribuir toda la recuperación española a Sánchez: la convergencia comenzó antes de sus gobiernos y atraviesa etapas políticas diferentes. Pero sí importan la dirección y la continuidad de las políticas. Los frecuentes cambios en las coaliciones italianas han dificultado el mantenimiento de una estrategia duradera; en España, una mayor continuidad político-programática ha favorecido la conexión entre innovación productiva y transformación social. Y los gobiernos encabezados por los socialistas han dotado a esta perspectiva de medidas incisivas y reconocibles.

Con Sánchez, entre 2018 y 2026, el salario mínimo aumentó un 66% en términos nominales. A ello hay que añadir la reforma laboral orientada a limitar la precariedad, la ley de vivienda y la regularización extraordinaria de inmigrantes. En el ámbito de los derechos civiles, cabe mencionar el refuerzo del derecho al aborto, la ley de eutanasia y la protección de las personas trans y LGTBI. Son medidas diferentes, pero unidas por una misma lógica: la ampliación de las protecciones y de los espacios de elección individual.

"Son medidas diferentes, pero unidas por una misma lógica: la ampliación de las protecciones y de los espacios de elección individual"

Esto significa que los derechos civiles, sociales y económicos pueden convivir dentro de una estrategia de desarrollo inclusivo capaz de combinar modernización productiva y cohesión social. Esta es la cuestión que el caso español plantea al campo largo: ¿cómo vincular innovación, trabajo, Estado del bienestar y libertad dentro de un programa común? No se trata de una lista de medidas que copiar, sino de una experiencia con la que confrontarse.

La vía alta hacia el desarrollo no pasa únicamente por las tecnologías: pasa por las personas.