-
+
GIUSEPPE LAMI (EFE)

¿Qué persigue la reforma constitucional de Giorgia Meloni?

Cesáreo Rodríguez Aguilera de Prat

11 mins - 22 de Noviembre de 2023, 07:00

Italia lleva décadas – al menos desde 1994- inmersa en un debate político interminable e inconcluyente sobre “premierazgos”, mayoritarismos más o menos corregidos y bipartidismos a la británica, siempre con los objetivos retóricos de asegurar estabilidad y gobernabilidad. Desde su toma de posesión de la Presidencia del Gobierno (Presidenza del Consiglio dei Ministri) Giorgia Meloni dejó claro su objetivo “presidencialista” que ha ido modulando pues de una inicial y efímera opción por el modelo estadounidense, pasó a asumir el sistema semipresidencialista francés para optar finalmente por otro bien inusual, el del régimen semiparlamentario (Marco Valbruzzi y Sofia Ventura: Le riforme costituzionali in Italia. Le proposte della destra di governo, Friedrich Ebert Stiftung, septiembre 2023). Paralelamente Matteo Renzi, líder del partido centrista Italia Viva (IV), sugirió en agosto de 2023 una reforma relativamente similar calcando el modelo de elección de alcaldes en Italia, pero Meloni le ha arrebatado por completo el protagonismo al respecto.

La propuesta, presentada por la Ministra para las Reformas Institucionales, Isabella Casellati, de Forza Italia (FI), opta, en efecto, por un modelo semiparlamentario que corre el riesgo de desequilibrar los poderes y resultar disfuncional al concentrarlos en la Presidencia del Gobierno, cuya elección queda sustraída tanto al Presidente de la República como al Parlamento ya que se encomienda al voto popular directo. Debe recordarse que esta propuesta no estaba ni en el programa electoral de Fratelli d’Italia (FdI), el partido de Meloni, ni en el de la coalición de las derechas en los que se defendía la elección popular directa del Presidente de la República. Por lo demás, no deja de ser un tanto paradójico que se impulse ahora esta reforma en aras de la “estabilidad” y la “gobernabilidad” gozando de una mayoría muy amplia y confortable en las dos Cámaras del Parlamento. En cualquier caso, se abre ahora un complejo y largo iter pues esta reforma constitucional requiere dos deliberaciones sucesivas de las dos Cámaras y la mayoría absoluta en la segunda, siendo posible un eventual referéndum popular. 

[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Esta obsesión de las derechas por reforzar al Ejecutivo arranca de Silvio Berlusconi que, en 1994, tras el colapso del régimen democristiano, argumentó que se abría una nueva fase en la que debería producirse una suerte de investidura popular material del líder más votado que resultaría así blindado. A su juicio, si el líder “investido” por el pueblo tuviera que presentar la dimisión anticipadamente deberían convocarse inmediatamente nuevas elecciones. Pues bien, esto no fue así: caído el primer gobierno Berlusconi, fue el Parlamento el que resolvió la cuestión al designar al técnico Lamberto Dini como nuevo Premier. A partir de ahí funcionó, con algunos altibajos, la alternancia entre los sucesivos gobiernos de Berlusconi y los presididos por Romano Prodi. Por tanto, entre 1998 y el 2011 sí funcionó de hecho la tesis berlusconiana del mandato popular material del Presidente del Gobierno, hasta que la troika (Comisión, BCE y FMI) provocó la dimisión del Cavaliere, dando paso a otro gobierno técnico, presidido por Mario Monti. En suma, ni Italia ha funcionado como un régimen semiparlamentario fáctico, ni se ha conseguido reducir la fragmentación partidista y las sucesivas reformas electorales- siempre híbridas- no han contribuido a hacer más funcional el sistema político.

Sobre la elección popular del Presidente de la República, a tenor de los sondeos, el 46.6% es favorable, el 36.8 % no y el 16.6% no expresa opinión; mientras que la elección popular del Presidente del Gobierno es aprobada por el 42.0%, rechazada por el 34.2% y sin opinión el 25.6%. No obstante, lo más interesante es ver las preferencias por afinidades partidistas (los datos se refieren solo al Presidente de la República): 84% de los simpatizantes de FI a favor, 82% de los de FdI y 75% de la Lega, estando el 54% de los centristas de Azione y IV asimismo a favor. Sin embargo, sólo el 44% de los electores del Movimento 5 Stelle (M5S) y el 36% de los votantes del Partito Democratico (PD) asumen tal fórmula (sondeo de Euroromedia Research, mayo de 2023). 

El primer borrador de Meloni pareció inspirarse en el modelo del Canciller alemán: confianza parlamentaria de tipo personal, investidura sustanciada sólo en la Cámara baja, poder de solicitar al Jefe del Estado el nombramiento y cese de los Ministros, así como unas elecciones anticipadas en el caso de que se pierda una cuestión de confianza y el Parlamento sea incapaz de designar a un candidato. El proyecto definitivo (noviembre de 2023) cambió este modelo y ha optado, de un modo un tanto populista, por la elección directa del Presidente del Gobierno, con poderes reforzados frente al Jefe del Estado al que se le arrebatarían competencias (ya no podría escoger al Premier ni disolver el Parlamento), aunque mantiene la doble confianza bicameral y la ratificación de los Ministros por parte del Presidente de la República.

Los argumentos oficiales formales para justificar una reforma constitucional de este calado son de dos tipos, unos ideológicos (los cambios institucionales se harán siempre dentro de ciertos valores irrenunciables como la familia, la patria, la libre empresa, la subsidiariedad y el occidentalismo) y otros políticos y estos merecen un mayor análisis. Italia ha tenido 68 Gobiernos en 75 años o sea que la duración media es de un año y medio, a la vez que en los últimos veinte años el país ha tenido a doce Presidentes del Gobierno. Esto no solo es insostenible, sino que es muy disfuncional porque a menudo los cambios son resultado de oscuras maniobras de los aparatos partidistas: ribaltoni (vuelcos), juegos de palacio y gobiernos técnicos. Con su reforma, Meloni anuncia pomposamente que se daría paso a la III República en la que quedaría garantizado que el Premier corresponderá siempre a la voluntad ciudadana toda vez que en caso de dimisión o incapacidad sería sustituido por un miembro de su misma mayoría política.



Con la reforma Meloni se reforzaría extraordinariamente el poder del Presidente del Gobierno con la doble idea de garantizar su primacía y conseguir un “efecto arrastre” en las elecciones parlamentarias. La reforma implicaría cambiar los arts. 59 (se suprimirían los senadores vitalicios, salvo para el caso de los expresidentes de la República), 88 (la disolución del Parlamento), 92 (el nombramiento del Premier) y 94 (la confianza y la censura). El Presidente del Gobierno sería de elección popular directa y su eventual sustituto solo puede proceder de la misma mayoría política para respetar la voluntad de los electores, siendo obligado que sea miembro del Parlamento a fin de impedir que un técnico pueda desempeñar tal función, a la vez que se aspira a blindar prácticamente el mandato para toda la legislatura (cinco años). De un lado, hay bastantes puntos oscuros en esta propuesta- lo que explica el frontal rechazo del PD y del M5S-, y de otro, el actual Presidente de la República, Sergio Mattarella, elegido por el Parlamento y no por los ciudadanos, es hoy con mucho la autoridad más popular de Italia. A la vez, las políticas de los gobiernos técnicos- pese a que también cometieron algunos errores- fueron bastante eficaces para sacar al país de graves crisis (Carlo Azeglio Ciampi, Dini, Monti y Mario Draghi).

La derecha reaccionaria postfascista italiana (la antigua Alleanza Nazionale de Gianfranco Fini) siempre optó por reforzar el presidencialismo del Ejecutivo y FdI ha heredado esta misma pulsión. No obstante, hay también razones tácticas no explicitadas que explican la opción de Meloni: de un lado, las tensiones con su socio de Gobierno Matteo Salvini (Lega), y de otro, la proximidad de las elecciones europeas (junio de 2024). En el primer caso, la Lega está presionando para acentuar el regionalismo diferencial cuyo objetivo es reducir las ayudas a las regiones menos desarrolladas- algo que FdI no puede asumir-, y en el segundo, la reforma constitucional se va a convertir en un buen argumento que puede reforzar a Meloni en la contienda electoral europea, aunque el eventual referéndum no se haría hasta 2025.

En suma, pese a que Meloni goza de una más que cómoda mayoría parlamentaria, no las tiene todas consigo por las posibles deslealtades de Salvini, de ahí que pretenda concentrar al máximo el poder en su cargo para blindarse como líder indiscutible de todas las derechas. Complementariamente habría que introducir la enésima reforma electoral pues en el proyecto Meloni la elección popular del Premier se vincula a un premio del 55% de los escaños parlamentarios a las listas asociadas al mismo sobre una base nacional, pero sin aclarar si sería preciso un ballotage y qué porcentaje habría que obtener para alcanzar dicha sobrerrepresentación. En Italia son diferentes todos los sistemas electorales según cada nivel representativo (Parlamento nacional, Regiones, Administraciones locales y Parlamento Europeo) y la actual fórmula (la Ley Rosato de 2017) es hoy casi unánimemente reputada como muy insatisfactoria (1/3 de los parlamentarios se elige en circunscripciones uninominales con sistema mayoritario y 2/3 mediante representación proporcional).

Meloni quiere optar por un insólito modelo cuya aplicación en Israel resultó totalmente disfuncional: entre 1996 y el 2001se llevó hasta las últimas consecuencias  el semiparlamentarismo en ese país al introducirse la elección popular directa del Primer Ministro mediante papeleta diferente a la de elección de los diputados de la Knesset. Pues bien, en las tres elecciones en las que se usó esta fórmula (1996, 1999 y 2001) no se consiguió concluir ninguna legislatura, se sucedieron tres Primeros Ministros (Benjamín Netanyahu, Ehud Barak y Ariel Sharon), aumentaron la inestabilidad y la fragmentación partidista y las coaliciones fueron aún más heterogéneas que antes. Por tanto, no se produjo el “efecto arrastre” entre las dos listas pues se dio un alto voto dual diferenciado y se complicaron aún más la estabilidad y la gobernabilidad. Tras esta desastrosa experiencia, el semiparlamentarismo fue abandonado tras 2001 y se restableció el modelo tradicional en 2003, lo que refleja que Meloni se ha inspirado en una receta experimentada que resultó del todo fallida (Emanuele Ottolenghi: “Israele: un premierato fallito”, en Gianfranco Pasquino- ed.-, Capi di Governo, Il Mulino, Bolonia, 2005).

Si la reforma Meloni se aprueba en el Parlamento con menos de 2/3, se activa el art. 138 de la Constitución que implica convocar un referéndum popular. Meloni está dispuesta a impulsar su reforma incluso sin contar con el apoyo de la izquierda y con el riesgo de tener “francotiradores” en su propia coalición, pero ni los fracasos de Berlusconi (en el referéndum de 2006) y de Renzi (en el de 2016, algo que en este caso le costó el cargo) la disuaden. Es más, ya ha anunciado que aún en el supuesto de perder tal eventual consulta no presentaría la dimisión (legalmente no estaría obligada a ello), un escenario arriesgado que la líder de las derechas italianas está dispuesta a afrontar.  
 
Read the article in English

¿Qué te ha parecido el artículo?
Participación