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Javier Torres (AFP)

Chile: la política constituyente debe trascender la de identidades

Pamela Figueroa

7 mins - 23 de Febrero de 2022, 14:00

El martes 15 de febrero fue un día clave para el devenir del debate constitucional en Chile. Cuando se cumplen un poco más de siete meses desde que se iniciaron los trabajos del órgano constituyente, el Pleno de 154 convencionales en ejercicio (de un total de 155) comenzó el proceso de votaciones de norma, las que para aprobarse deben alcanzar un quorum de 2/3, regla que se originó en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y que fue ratificada por la Convención en la aprobación de su reglamento. 

La primera votación del Pleno ha sido sobre el informe de la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. De ella debían votarse en general 16 artículos, de los cuales 14 fueron aprobados (superando el quorum antes señalado) y dos fueron rechazados, por lo que volverán a debatirse en la Comisión de origen. 

La aprobación de estos 14 primeros artículos tras un largo día de deliberación ha contado con la atención de la ciudadanía, elites y medios de comunicación, dado el contexto de incertidumbre, avances y dificultades propias del proceso y la eventual antesala de los riesgos y la posibilidad de fracaso. Aunque se ha podido ver en el primer día de votaciones que es posible lograr acuerdos amplios en temas generales, el proceso no ha hecho más que comenzar y habrá que atender a los aspectos contextuales que se den en la construcción de las mayorías necesarias para que la Convención consiga cerrar un texto constitucional en julio próximo como muy tarde.

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Comenzada la etapa crucial de la deliberación constitucional y las votaciones de norma en el Pleno, analistas y los propios convencionales han mostrado su preocupación por el
tipo de propuestas, la falta de liderazgo, la fragmentación política y el tiempo para elaborar un texto constitucional que debe sancionar la Convención Constitucional para que, acto seguido, sea aprobado por la ciudadanía en un plebiscito ratificatorio, que se celebrará en septiembre de 2022 y que, a diferencia de otras elecciones en Chile, será con voto obligatorio. 

Además, todo esto se desarrolla en un momento de cambio de gobierno, con el presidente electo, Gabriel Boric, preparando su aterrizaje en La Moneda el 11 de marzo de 2022. Más allá de la autonomía de la Convención Constitucional, se interrelacionan el proceso constituyente y la política ordinaria de Chile en sendos procesos de cambio profundo de la sociedad y sus instituciones.

Tres factores son relevantes para entender el proceso constituyente de Chile y su proyección: la situación política, la composición y desarrollo de la Convención Constitucional y el rol de la política regular versus política constituyente.

Chile, considerada como una de las democracias estables de América Latina, se vio sin embargo abocada a la necesidad urgente de actualizar sus instituciones políticas y sociales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva tras el estallido social de 2019, fruto de las desigualdades sociales y una crisis de legitimidad. La salida consistió en un acuerdo político amplio por el cambio constitucional, permitiendo la senda para avanzar en un conjunto de transformaciones profundas dentro del marco institucional. La confluencia temporal del proceso constituyente y la política ordinaria ha permitido la celebración de comicios constituyentes (plebiscito en octubre de 2020 y elección de convencionales en mayo de 2021) y regulares (alcaldes, concejales y gobernadores en mayo de 2021 y parlamentarios, consejeros regionales y presidente en noviembre de 2021). 



La Convención Constitucional ha sido, sin duda, una innovación democrática. Por primera vez en su historia, Chile delibera sobre un texto constitucional en un órgano elegido por la ciudadanía, que además es paritario y ha reservado escaños reservados para los pueblos originarios. Otra innovación en la elección de la Convención fue la posibilidad de que los independientes presentaran listas, al igual que los partidos políticos constituidos. Esta regla electoral respondió a la crisis de confianza en estos últimos y con ello se buscaba dotar de legitimidad ciudadana al órgano constituyente. Como resultado, la Convención es un órgano político diverso en su representación, paritario, con una mayoría de independientes (algunos representando a movimientos sociales y otros con pactos con partidos políticos de diversas ideologías), así como con representantes de los 10 pueblos originarios de Chile.

La diversidad en la representación de la Convención ha tenido dos efectos: una política de identidades y una tendencia a la fragmentación. El primer rasgo no es exclusivo de Chile, pero en este caso se expresa en que cada convencional pretende diferenciarse y representar a grupos o demandas muy específicos, lo que supone un elevado número de normas e indicaciones que tal vez podían haberse presentado de forma conjunta. Además, han surgido propuestas muy polémicas y contradictorias, como la sustitución de los poderes democráticos por una asamblea popular, que si bien han sido desestimadas, fueron ampliamente cubiertas por medios de comunicación, incrementando la sensación de incertidumbre. 

El componente de participación ciudadana, que en esta fase se materializa principalmente en las iniciativas populares de norma, es un desafío adicional para los convencionales.

Por otra parte, los convencionales están agrupados en 16 colectivos diferentes, lo que lleva a una alta fragmentación política interna. Tanto la política de identidades como la fragmentación son factores que dificultan la formación de alianzas con las que alcanzar los 2/3 requeridos para cada norma constitucional. Además, la forma de organización y deliberación no permite identificar liderazgos claros.

La política regular sigue su curso mientras prosigue el debate constituyente. En diciembre de 2021, en una segunda vuelta electoral, Boric fue elegido presidente, convirtiéndose en el más joven y más votado. Militante del partido Convergencia Social, representa a la izquierda chilena, y para constituir su Gobierno ha ampliado su coalición hacia el centro-izquierda, incluyendo en su Gabinete a representantes de los partidos de la ex Concertación de Partidos por la Democracia, con la excepción de la Democracia Cristiana. 

Aunque Boric fue electo con una amplia mayoría, el nuevo Congreso que asume en marzo es diverso y fragmentado. El presidente no cuenta con mayorías parlamentarias, por lo que el dialogo y la construcción de alianzas serán un desafío del nuevo ciclo político.

Boric fue en noviembre de 2019, como diputado, un actor clave en la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Su campaña presidencial estuvo relacionada con la promoción del proceso constituyente y, sin duda, su mandato estará estrechamente ligado al desarrollo de la deliberación constitucional. Una vez nominado, se comprometió a cumplir con lo que, como autoridad, le compete para el buen desempeño del trabajo de la Convención, algo por lo que el presidente Sebastián Piñera había sido muy criticado. Además, el programa de reformas del nuevo presidente chileno requiere de un marco constitucional que permita avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

Los desafíos de la Convención son múltiples: construir mayorías en un contexto de fragmentación política y comunicar a la ciudadanía correcta y oportunamente, sin olvidar el plebiscito ratificatorio. Los acuerdos que se vayan alcanzando en estas semanas serán claves para el futuro de la democracia chilena, así como un aprendizaje para el proceso político de cambios democráticos, institucionales y con amplia participación ciudadana.
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