Polonia y la batalla por el Estado de derecho

Las imágenes de policías antidisturbios desplegados ante el Tribunal Constitucional de Polonia, las manifestaciones de partidarios de la oposición ultraconservadora y el regreso precipitado del presidente Karol Nawrocki a Varsovia han vuelto a situar al país en el centro de una crisis institucional de enorme gravedad. Lo que está sucediendo no es simplemente una disputa sobre el nombramiento de unos jueces o el control de un tribunal, sino que es la expresión más reciente de un conflicto que lleva más de una década erosionando los fundamentos del Estado de derecho polaco. Una batalla en la que se enfrentan dos interpretaciones antagónicas de la legalidad, dos proyectos políticos y, sobre todo, dos concepciones de la democracia.

La crisis estalló el viernes pasado cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión durante un mes del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, y asumió provisionalmente la dirección de la institución. La decisión, cuya base jurídica está siendo cuestionada, desencadenó protestas de los seguidores de Ley y Justicia (PiS), la intervención policial para proteger las instalaciones y una reacción inmediata del presidente de la República, próximo a la oposición nacionalconservadora. Nawrocki, de hecho, interrumpió un viaje oficial a Senegal y regresó a Polonia denunciando lo que considera una toma por la fuerza de una institución constitucional.

Sin embargo, para intentar comprender cómo se ha llegado hasta aquí, es necesario regresar a 2015. Aquel año, la victoria electoral del PiS, dirigido por Jarosław Kaczyński, inauguró un proceso de transformación institucional que alteró profundamente los equilibrios del sistema democrático polaco. Bajo el argumento de combatir las estructuras heredadas del régimen anterior, se puso en marcha lo que el PiS denominó "descomunización" y se impulsó una "lustración tardía" como principal argumento ideológico para emprender una profunda reforma del poder judicial cuyo fin último no era otro que el de incrementar el control político sobre los tribunales.

El primer escenario de confrontación fue precisamente el Tribunal Constitucional. La disputa sobre el nombramiento de varios magistrados permitió al PiS bloquear designaciones legalmente realizadas por el Parlamento anterior y promover las suyas propias. Posteriormente llegaron las modificaciones del Consejo Nacional de la Judicatura, los mecanismos disciplinarios contra los jueces y las reformas del Tribunal Supremo. No se trataba de medidas aisladas, sino de una transformación del sistema de contrapesos institucionales que subordinaba progresivamente la independencia judicial a la voluntad de la mayoría parlamentaria.

"No se trataba de medidas aisladas, sino de una transformación del sistema de contrapesos institucionales que subordinaba progresivamente la independencia judicial a la voluntad de la mayoría parlamentaria"

La reacción de Bruselas no tardó en llegar. En 2017, la Comisión Europea activó por primera vez el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea contra un Estado miembro por el riesgo de vulneración grave de los valores fundamentales de la Unión. A ello se añadieron procedimientos de infracción, sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y conflictos relacionados con el acceso a los fondos europeos. Polonia se convirtió, junto con Hungría, en el principal laboratorio europeo de lo que se ha denominado retroceso democrático o democratic backsliding.

Pero la confrontación tenía una dimensión que iba mucho más allá de la independencia judicial. El PiS convirtió el conflicto con Bruselas en una disputa sobre la soberanía nacional. Frente a la primacía del derecho europeo defendía una interpretación de la Constitución polaca que permitía cuestionar la autoridad de las instituciones comunitarias. El Tribunal Constitucional, cuya independencia había sido comprometida por las reformas anteriores, terminó desempeñando un papel fundamental en la legitimación jurídica de ese proyecto político.

La victoria de la coalición encabezada por Donald Tusk en 2023 abrió, en ese sentido, una nueva etapa para el país. El regreso de una mayoría europeísta al Gobierno fue recibido en Bruselas como una oportunidad para restablecer la normalidad institucional. Tusk se comprometió a recuperar la independencia judicial, reconstruir las relaciones con la Unión Europea y revertir las reformas impulsadas por el PiS. Sin embargo, pronto apareció una contradicción difícil de resolver. ¿Cómo restaurar la legalidad democrática cuando las instituciones encargadas de garantizarla han sido transformadas por quienes ahora se encuentran en la oposición?

La cuestión no era menor. Los jueces nombrados durante la etapa anterior seguían ocupando sus cargos, las resoluciones de los tribunales continuaban produciendo efectos jurídicos y cualquier intento de reforma podía ser bloqueado por instituciones cuya legitimidad estaba precisamente en discusión. La presidencia de Andrzej Duda y, desde 2025, la de Karol Nawrocki, ambos vinculados políticamente al campo conservador, añadieron otro obstáculo mediante el ejercicio del veto presidencial y las competencias relacionadas con los nombramientos judiciales.

Así las cosas, la situación actual es el resultado de ese bloqueo acumulado. El Sejm ha elegido este año ocho magistrados para el Tribunal Constitucional, pero Nawrocki solo tomó juramento a tres de ellos. Los otros cinco juraron el cargo sin la presencia del presidente y, consecuentemente, la dirección del tribunal se negó a permitirles ejercer sus funciones. De esta manera, Polonia ha terminado desarrollando dos marcos de legitimidad institucional incompatibles. Para el Gobierno, la restauración del Estado de derecho exige deshacer las consecuencias de unas reformas que vulneraron la independencia judicial. Para el PiS y sus aliados, las actuaciones del Ejecutivo constituyen una vulneración de la Constitución y una apropiación partidista de las instituciones.

Esta es precisamente la paradoja que hace tan peligrosa la crisis. La restauración del Estado de derecho no puede llevarse a cabo mediante procedimientos que reproduzcan las prácticas que se pretenden corregir. La legitimidad del objetivo no convierte automáticamente en legítimos todos los instrumentos utilizados para alcanzarlo. Y tampoco puede ignorarse que la aparente neutralidad jurídica de las instituciones heredadas encubre decisiones políticas que contribuyeron a desmantelar sus garantías de independencia.

"La restauración del Estado de derecho no puede llevarse a cabo mediante procedimientos que reproduzcan las prácticas que se pretenden corregir"

En este contexto, la disputa institucional se desarrolla simultáneamente en otro terreno, el de la construcción del relato político. Las redes sociales se han convertido en un espacio fundamental para presentar los mismos acontecimientos como una restauración democrática o como un golpe institucional. Las imágenes de policías ante el Tribunal Constitucional, descontextualizadas y difundidas mediante mensajes emocionales, ofrecen un material especialmente eficaz para alimentar la polarización. La complejidad jurídica desaparece detrás de consignas sobre la defensa de la democracia, la soberanía nacional o la persecución política.

Así pues, no estamos únicamente ante una batalla por el control de las instituciones, sino por determinar quién tiene autoridad para definir qué es legal y qué es democrático. Una confrontación en la que la desinformación, la simplificación y la movilización digital pueden terminar sustituyendo el debate sobre las garantías constitucionales.

"No estamos únicamente ante una batalla por el control de las instituciones, sino por determinar quién tiene autoridad para definir qué es legal y qué es democrático"

La dimensión europea resulta igualmente decisiva. Durante años, Bruselas denunció el deterioro del Estado de derecho bajo los gobiernos del PiS. Ahora debe mantener los mismos criterios frente a las actuaciones de un gobierno políticamente más próximo a las instituciones comunitarias. La credibilidad europea depende precisamente de que la defensa de la independencia judicial no se convierta en una cuestión de afinidades partidistas.

Pero, además, es importante recordar que Polonia afronta elecciones parlamentarias en 2027, así que la proximidad de esa cita electoral incrementa los incentivos para transformar el conflicto jurídico en una confrontación identitaria. Para Tusk, demostrar que es capaz de revertir el legado autoritario del PiS resulta esencial ante un electorado frustrado por la lentitud de las reformas. Para la oposición, denunciar una supuesta persecución institucional permite movilizar a sus bases y presentarse como defensora de la Constitución.

Así pues, la crisis polaca plantea una pregunta que trasciende sus fronteras. ¿Cómo reconstruir una democracia cuando quienes han erosionado sus instituciones siguen utilizando esas mismas instituciones para impedir su recuperación? La respuesta no puede consistir en sustituir una captura partidista por otra. La democracia necesita algo más que mayorías electorales y procedimientos formalmente legales. Necesita instituciones reconocidas como legítimas incluso por quienes pierden las elecciones. Sin embargo, el principal problema que enfrentan muchas sociedades es una profunda crisis de legitimidad de las instituciones y los actores intermedios, alimentada, además, por campañas de desinformación que buscan una mayor fragmentación y polarización.

"La democracia necesita algo más que mayorías electorales y procedimientos formalmente legales. Necesita instituciones reconocidas como legítimas incluso por quienes pierden las elecciones"

Y aquí Polonia no es ni mucho menos una excepción. En este país se ha quebrado el marco compartido del derecho y este se ha transformado en un arma de combate político. Así, para salir del bloqueo necesitará recuperar un marco jurídico compartido y para reconstruirlo necesitará el concurso de actores políticos que han convertido la disputa sobre su legitimidad en uno de sus principales instrumentos de confrontación. Ni el Gobierno dispone de los mecanismos institucionales suficientes para culminar las reformas, ni la oposición tiene incentivos para facilitar una salida que supondría cuestionar buena parte de su legado político. Mientras tanto, la proximidad de las elecciones de 2027 amenaza con profundizar todavía más la polarización. El problema de Polonia ya no es solamente cómo restaurar el Estado de derecho, sino cómo romper un bloqueo institucional en el que cada intento de solución puede convertirse en el origen de una nueva crisis. Y esa es, probablemente, la herencia más duradera de una década de erosión democrática.